Alarma en provincia de Buenos Aires por un proyecto que le permitirá a Kicillof regular las apps de delivery
Es una iniciativa de Frente de Todos, que convocó a una reunión para mañana en la Legislatura con ese fin; quienes se oponen dicen que buscan cobrarles impuestos y que peligran 25.000 empleos; los trabajadores denuncian que el oficialismo bonaerense “quiere cerrar las aplicaciones”
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LA NACION
En el sector de los repartidores que trabajan a través de plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires se encendieron las alarmas. Sucede que el Frente de Todos convocó a tratar en comisiones conjuntas de la cámara de Diputados provincial un proyecto de ley que propone crear un registro de estos trabajadores, con la particularidad de que otorga al Poder Ejecutivo bonaerense una serie de atribuciones que inquietan tanto a empleados como a empleadores.
Se trata de un proyecto que ya fue aprobado en la Cámara de Senadores provincial, impulsado por el gremialista Omar Plaini, pero que ahora tendrá su tratamiento en Diputados y, de aprobarse en la reunión de mañana, tendrá vía libre para pasar al recinto, con grandes posibilidades de convertirse en ley. Esto, según afirman quienes se oponen al proyecto, podría derivar en una relación de dependencia por parte de los empleadores.
Afectaría principalmente a las empresas Rappi y PedidosYa, que entre las dos cuentan en la provincia de Buenos Aires con 25.000 repartidores que les prestan el servicio de delivery (10.000 y 15.000, respectivamente). Estos trabajadores ya lanzaron una convocatoria para mañana en la puerta de la legislatura bonaerense en la que dicen “La provincia de Buenos Aires quiere cerrar las aplicaciones” y “Defendamos nuestra fuente de ingresos”.
Fuentes de la industria comentaron que están siguiendo esta cuestión con mucha preocupación. “Tenemos un profundo interés porque sean escuchadas las voces de todos los actores alcanzados por esta iniciativa y confiamos en que no se tomarán decisiones sin que haya una apertura al diálogo y una discusión con la profundidad necesaria, dada la complejidad del tema”, remarcaron.
Sergio Siciliano, diputado por Juntos Por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, opinó que “esta es la puerta de entrada para regular a los repartidores como empleados de las empresas por parte del Poder Ejecutivo, con lo cual podrían empezar a cobrarles impuestos”. Y agregó: “Si esto ocurre, lo más probable es que desaparezcan 25.000 puestos de trabajo”.
Asimismo, Siciliano señaló que “detrás de esto está la creación del sindicato de repartidores”. Según explicó, esto impacta en las ganancias de los gastronómicos también porque actualmente, de acuerdo con la cámara que los agrupa, 30% de sus ingresos dependen del servicio de delivery.
Consultadas sobre este tema, tanto Rappi como Pedidos Ya, prefirieron no hacer declaraciones. LA NACION también quiso conocer la versión del Frente de Todos, pero tampoco fue posible.
La presentación del proyecto en cuestión está prevista para mañana a las 14 en la legislatura bonaerense. “Se comunica por medio de la presente que la Presidencia de la Comisión de Trabajo, Diputada Soledad Antonia Alonso, invita a Uds. a participar de la Reunión ORDINARIA Y CONJUNTA en el marco del tratamiento del Proyecto enviado por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires caratulado como E-200/22-23 que crea el Registro Provincial Unico y Obligatorio para Trabajadores y Trabajadoras en Aplicaciones ( APP), la cual se realizará el día martes 18 de Abril de 2023 a las 14 horas, bajo la modalidad Remoto / Presencial, a su vez se llevara a cabo conjuntamente con las Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos”, dice la citación a la que tuvo acceso LA NACION.
“Nunca pasó que convoquen a cinco comisiones para tratar este proyecto y es muy probable que salga porque [los legisladores del Frente de Todos] tienen mayoría”, comentó Siciliano.
Según destacaron en el sector, no se oponen a la creación de un registro, que de hecho ya existe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, pero no ven con buenos ojos la parte en la que se otorga al gobierno de Axel Kicillof una serie de facultades sobre las condiciones laborales.
En tal sentido, el artículo 7° del proyecto enumera lo siguiente: “El poder ejecutivo deberá mediante la autoridad de Aplicación: a) Fijar las condiciones y requisitos de inscripción. b) Identificar a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias de esta actividad e individualizar a los trabajadores/ras habilitados. c) Controlar las condiciones del servicio y el efectivo cumplimiento de las normas, derechos y obligaciones que conlleva esta actividad. d) Determinar las condiciones y plazos para la inscripción, así como las sanciones y responsabilidades que deriven de su incumplimiento. e) Exigir a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias (APP) que denuncie la Aseguradora de Riesgos del Trabajo a la cual pertenecen sus trabajadoras y trabajadores; f) Exigir a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias (APP), que denuncien el horario de conexión y desconexión que integran la jornada de las trabajadoras y trabajadores”.
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