Ahora el “vamos por todo” es para cuidar la salud pública

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La batalla por abrir o cerrar las escuelas mientras se sigue agravando la crisis sanitaria desató una guerra política total entre el Gobierno y la oposición. Con el argumento de la emergencia Covid, el presidente Alberto Fernández intenta desconocer por decreto la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y tomar decisiones que les corresponden a las autoridades locales.

Lo frenó por ahora la Justicia local respecto del cierre de las escuelas. Y se abrió una severa crisis institucional que deberá definir la Corte sobre qué atribuciones tiene el Presidente para ordenar sobre la vida cotidiana de los porteños, y utilizar eventualmente las fuerzas federales para imponer sus decisiones.

La batalla política entre el Gobierno y la oposición que administra la ciudad de Buenos Aires escaló a un enfrentamiento a todo o nada del oficialismo contra cualquiera que se oponga a sus determinaciones. Otro intento del “vamos por todo”, ahora supuestamente para cuidar la salud pública, bastante descuidada por cierto en un país sin vacunas.

Se repuso el clima político de la batalla contra el campo en 2008, agravado con la radicalización de La Cámpora contra los porteños y la clase media. Los dos ingredientes que llevaron a la derrota electoral de los Kirchner, primero en 2009 contra Francisco De Narváez, luego en 2013 contra la alianza de Sergio Massa y Mauricio Macri.

El oficialismo argumenta que sus decisiones no pueden cuestionarse, ya que vale todo por la realidad objetiva del agravamiento en la crisis sanitaria. La oposición denuncia al gobernador Axel Kicillof y a los intereses de Máximo y Cristina Kirchner por estar detrás de este ataque a la ciudad.

Promueven el terrorismo sanitario desde La Plata y presionan por un cierre total, por temor a que les siga estallando el conurbano y para encubrir su propio fracaso en el plan de vacunación y la gestión de la pandemia. Sectores de la salud privada extorsionados por el Gobierno se pliegan a esta estrategia, también para cubrir sus propios incumplimientos y dificultades con la disponibilidad de camas.

Según esta mirada de igualar para abajo y especular con las elecciones que vienen, no podrían estar abiertas las escuelas en la ciudad, si fuera necesario cerrarlas en los barrios pobres del conurbano donde reinan los Kirchner. Los alumnos y las mamis son los nuevos runners.

En lo inmediato la discusión es frente a la muy cuestionable decisión de cerrar las escuelas. Pero el argumento de la emergencia sanitaria se torna riesgoso. Con esa excusa ya se recortó la coparticipación, se reguló quién puede trabajar y quién no en la Ciudad, se sabe que se intenta postergar las elecciones.

En la provincia, siempre con el argumento de la emergencia, se dio el primer paso para la estatización del sistema privado de salud: acaban de regular el sistema obligatorio de Gestión de Camas con el cual la Provincia puede decidir quién se interna y quién no, en qué establecimiento, más allá de los seguros de salud que cada ciudadano tenga a través de obras sociales o sistemas pagos o prepagos.

El Gobierno fabricó así una nueva 125, en este caso declarando la guerra a la clase media urbana que reclama llevar sus hijos al colegio, casi con los mismos argumentos delirantes con los cuales la emprendieron en 2008 contra la clase media rural, cuando intentaron directamente confiscar todo el producto del trabajo del sector agropecuario con las retenciones móviles que se hacían infinitas.

Si no fuera por el drama de los enfermos y fallecidos, se repite aquello de que las tragedias retornan como comedias. La batalla por la 125 dividió al país y repuso en la vida política el clima de confrontación violenta de los años 70s. Ahora los piquetes de la abundancia y la oligarquía golpista estarían integrados por el ejército de las “mamis”: padres, docentes y alumnos que en su gran mayoría reclaman a las autoridades poder estudiar y un mínimo de cordura en las decisiones que se toman.

Las escuelas se abrieron en Capital mientras que en la provincia intendentes, alumnos, padres y docentes resisten el cierre a la educación que impuso el gobierno de Axel Kicillof. En el marco de un autoritarismo sanitario creciente, se amenazó con perseguir a los establecimientos privados que abran las puertas con medidas ilegales como la quita de subsidios o la cancelación de habilitaciones para enseñar. No hay antecedentes en la vida democrática de la Argentina donde aparezca como ahora el Estado reprimiendo a la educación, a maestros y alumnos que quieren abrir los colegios y se los impiden.

La excusa sanitaria es cada vez menos creíble. Ni las escuelas son lugares de mayores contagios, ni la cantidad de gente que utiliza el transporte público aumentó significativamente con el inicio de clases.

La batalla política del kirchnerismo contra la ciudad de Buenos Aires y contra la vida cotidiana de la clase media se profundiza ante el fracaso del Gobierno en su principal responsabilidad: conseguir vacunas y aplicarlas lo antes posible a la población. La vacunación del último fin de semana resultó alarmante: 17.600 vacunas aplicadas el domingo, no se llegó ni a 40.000 durante el fin de semana.

Argentina sigue sin negociar con los laboratorios de EE.UU., sigue demorada la llegada de las partidas de AstraZeneca, y apenas recibe a cuentagotas las vacunas de Rusia o de China. Las encuestas revelan que casi 70% de la población cuestiona la forma en que el Gobierno enfrenta la pandemia.

Resulta auspicioso que un laboratorio privado de la Argentina pueda en el futuro producir las vacunas Sputnik en el país. Siempre y cuando no se transforme en una traba más para la llegada de las vacunas de EE.UU. que inexplicablemente siguen ausenten para los argentinos.

Se confirma que la gestión de Alberto Fernández se quedó solamente con el apoyo de los votantes puros de Cristina y La Cámpora.

La radicalización sanitaria también derrama en la gestión económica. Con el Gobierno cada vez más intervenido por las ideas y decisiones que se imponen desde el Instituto Patria y la provincia de Buenos Aires, cada vez hay más intervención estatal y cepos a la economía ante las dificultades crecientes del Gobierno en la lucha contra la inflación.

Se rindió finalmente en Europa Martín Guzmán. No habla más de equilibrar el déficit ni de reducir el volumen de subsidios. Confirmó que no habrá acuerdo con el FMI este año y que hay riegos de default con el Club de Paris. Defendió los controles y se profundizó la persecución a los exportadores de alimentos. Se repusieron los permisos de exportación que tanto daño y tanta corrupción generaron en la era Kirchner.

Extremar las contradicciones, promover la grieta y todos estos experimentos setentistas con los que el Gobierno vuelve a atormentar a los argentinos deberían tener algún límite. Evidentemente ni la educación de los hijos los detiene. Así es el setentismo: la grieta, el que no suma resta, el fin justifica los medios.

Deberían las autoridades prestar atención a lo que advierten en estas horas los psicólogos y psiquiatras. Desborda el consumo de calmantes y psicotrópicos en todos los niveles sociales de la población. Las palabras que más se escuchan son elocuentes: angustia, depresión, agobio, rabia y hartazgo. No es para menos.

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