AFIP-empresas. Una confusa deuda de $3.000 millones que lleva casi 20 años
PARA LA NACIONLaura Delfino
Los resabios de una vieja ley de promoción industrial que data de fines de los 70 que quedó trunca tras la salida de la convertibilidad, las marchas y contramarchas en la Justicia, una decisión de la Corte Suprema y la intención de cobrar una deuda por parte de la AFIP son algunos de los condimentos que tienen en vilo a 29 empresas de La Rioja. El organismo recaudador acaba de dar un nuevo paso: volvió a suspender la ejecución de un rojo de $3000 millones, que, pese a las dilaciones, sigue pesando sobre las cuentas de las compañías.
Luego de la salida del Régimen de Convertibilidad, las empresas promocionadas con ventajas impositivas a través de Bonos Fiscales enfrentaron gastos y costos que se incrementaban por el proceso inflacionario. Consideraron que las asistía el derecho a ajustar por inflación los bonos de crédito fiscal y reclamaron. Eran 200 industrias de La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan que requerían una excepción a la ley, ya que para esa época se encontraba prohibido cualquier mecanismo de ajuste o indexación.
Durante 20 años se sucedieron reclamos ante la AFIP, la Justicia y el Congreso. Días atrás se escribió un nuevo capítulo. La AFIP suspendió por cuarta vez, hasta el próximo 31 de julio para el caso de las empresas situadas en La Rioja, el cobro de la deuda que acumularon por diferencias de actualización que la AFIP les negó y la Justicia les concedió en un momento. Fue una de las primeras decisiones de la gestión a cargo de Mercedes Marcó del Pont.
Sucede que la demanda judicial fue favorable, aunque en forma preliminar, algo que las empresas aprovecharon para comenzar a ajustar los beneficios que recibían del Gobierno.
Más de 10 años tardó en llegar el caso a la Corte. A mediados de 2012, los gobernadores Alberto Rodríguez Saá, José Luis Gioja y Luis Beder Herrera, de en San Luis, San Juan y La Rioja, respectivamente, junto al entonces ministro de Economía Hernán Lorenzino, se reunieron con los miembros de la Corte Suprema para discutir en esta acalorada causa judicial. Ya estaba en juego la suerte de 200 empresas, $3000 millones y unos 10.000 empleos. No hubo acuerdo.
Pero la decisión final del máximo tribunal, en el caso Orbis Mertig San Luis SA, fue favorable a la AFIP y contraria a los fallos que las empresas habían obtenido con anterioridad. Ni la Corte ni el organismo recaudador convencieron a las deudoras: decían no estar en condiciones de afrontarla ya que serían afectadas las fuentes de trabajo.
El Congreso fue quien dio la puntada final a través de la condonación y suspensión de la ejecución de la deuda en la ley de Presupuesto 2017, con una defensa por parte de los representantes de la provincia de La Rioja, quienes lo presentaron como "una reivindicación histórica" para la provincia.
Los exministros de Hacienda y Producción, Nicolás Dujovne y Francisco Cabrera, pusieron en práctica el perdón. Pero debía presentar el Certificado de Cumplimiento Promocional que se exigía para comprobar el cumplimiento y liberar la deuda, algo que hasta ahora no presentaron. La AFIP espera desde hace tres años. Apenas una parte del largo peregrinar de la discusión.
Según la Resolución General 4663/2020, "conforme los tiempos insumidos para la emisión de los referidos certificados y su posterior evaluación por parte de las áreas intervinientes corresponde prorrogar la suspensión de las ejecuciones fiscales relacionadas con las deudas generadas, hasta tanto concluya la verificación del cumplimiento por parte de las empresas involucradas, de acuerdo con lo dispuesto en el texto legal mencionado en el primer considerando y en el marco de las facultades de esta Administración Federal".
Concluye la norma señalando que "en ese contexto se estima necesario prorrogar el plazo de suspensión de las aludidas ejecuciones fiscales previsto en la Resolución General 4129 y extendido por las Resoluciones Generales 4247,4388 y 4537 hasta el 31 de julio de 2020 inclusive".
Por Laura Delfino
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