Aerolíneas Argentinas: el Gobierno apeló el fallo que obliga al país pagar US$390 millones por la expropiación

El Gobierno apeló ante la Corte de Apelaciones de Columbia la decisión de un tribunal de ese mismo distrito que dejó firme la sentencia que reconoce el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en otra jurisdicción (Estados Unidos) para poder iniciar el proceso de ejecución. La Argentina le debe US$390 millones a Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.

Según un documento que dio a conocer en la red social X el director de Latam Advisors, Sebastián Maril, ayer el gobierno argentino recurrió a la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, una de las 13 cortes de apelaciones que tiene los Estados Unidos, para apelar el fallo del pasado 10 de diciembre y también el del 19 de agosto de 2024, que rechazó la moción de desestimación del Estado argentino que había dicho que el reclamo era extemporáneo.

“Todavía no se puede acceder al escrito del gobierno argentino porque es feriado en los Estados Unidos. Pero lo esencial es que están apelando el reconocimiento del fallo en otra jurisdicción”, detalló Maril en diálogo con LA NACION.

En tanto, fuentes oficiales de la Procuración del Tesoro dijeron a este diario que la apelación instruida por la República Argentina se refiere a la defensa de prescripción bajo la normativa aplicable (DC circuit). En otras palabras: si el intento de ejecución del laudo por la demandante debería estar vedado por el transcurso del tiempo.

Titan acudió a los tribunales del Distrito de Columbia en 2021, después de que la Argentina no pagara el fallo del Ciadi de 2017.

De acuerdo con Maril, el primero en acudir al Ciadi por la expropiación de la línea aérea fue el grupo Marsans, en 2008, pero quien ganó el juicio ocho años después fue Burford Capital (el mismo que en el caso YPF), que le había comprado los derechos a los españoles. Entonces, el Estado argentino pidió la anulación del fallo y, en ese momento, Burford le vendió el juicio a Titan por US$107 millones.

“Titan esperó a que el Ciadi dijera que no aceptaba el pedido de la Argentina y que tenía que pagar, pero el problema es que el Ciadi no tiene un mecanismo de ejecución de las sentencias. Generalmente, cuando hay un fallo en contra, se paga, pero la Argentina no pagó y Titan fue a la corte más cercana, en Columbia, ya que el Ciadi tiene sede en Washington, y le pidió que reconozca el fallo para obtener la ejecución y que empiece el embargo”, explicó Maril.

La expropiación

El pase de manos de Aerolíneas Argentinas se realizó en medio de fuertes polémicas. El gobierno kirchnerista tomó la empresa y mandó un proyecto para declararla de interés público. Esa ley le entregó facultades al Ministerio de Planificación para que sea el ejecutor del Congreso. Con amplia mayoría, tanto Diputados como el Senado aprobaron el proyecto.

Luego se pidió al Tribunal de Tasaciones de la Nación que valuara los activos. Ese trabajo entregó un valor negativo de US$832 millones, muy lejos de los US$600 millones que decía Marsans que valía el grupo de compañías. Como las partes no se pusieron de acuerdo, poco después de la estatización se inició un juicio. Entonces, el Estado depositó un peso como valor simbólico y se hizo de la empresa.

Pocos días antes de la primera audiencia en el Ciadi, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico reconoció el derecho del Estado a la expropiación de acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, que en 2008 estaban en poder de la firma Interinvest Sociedad Anónima.

El Estado tomó el control de la empresa y colocó primero como presidente a Julio Alak y, después, a Mariano Recalde. Finalmente, el Ciadi ubicó la vara más cerca de lo que pedía Marsans que de lo que estableció aquel Tribunal de Tasaciones.

El juicio empezó formalmente el 3 de marzo de 2014, cuando arrancaron las audiencias en el Banco Mundial. Fueron 15 días que terminaron con los alegatos de cada una de las partes.

Poco después de aquella batería de audiencias en Washington, la defensa de la Argentina, comandada por la procuradora general del Tesoro, Angelina Abbona, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), denunciaron a Marsans por vender el reclamo en el Ciadi a Burford Capital.

La Argentina transitó el proceso de defensa con varios argumentos complicados de probar. El principal es que en varias oportunidades confundió la naturaleza jurídica de la empresa. Por caso, Aerolíneas Argentinas, más allá de la relación directa que tiene con el mundo aeronáutico del país, era una empresa privada, una sociedad anónima, no una concesión de servicio público.

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