Impuesto a la riqueza. Los empresarios dicen que afecta la propiedad privada y desalienta la inversión
LA NACIONFrancisco Jueguen
La Asociación Empresaria Argentina (AEA), entidad que congrega a los dueños de las principales compañías del país, afirmó hoy que la aprobación del aporte extraordinario a las grandes fortunas -también conocido como impuesto a la riqueza,afecta la propiedad privada; golpea la inversión, la producción y el empleo; y produce un "gran desaliento".
En un comunicado indicó que la iniciativa, que logró esta semana media sanción en la Cámara de Diputados, "genera un profundo desaliento en la comunidad empresaria". Además señaló que sube "significativamente la ya elevada carga tributaria" en el sector formal y advirtió sostuvo que profundizará los problemas que ya sufren las empresas en la pandemia.
La iniciativa impulsada por los diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner y Carlos Heller, cosechó un amplio repudio entre los hombres y mujeres de negocios de diferentes sectores. No sólo AEA cuestionó el aporte. Horas después de su aprobación en la cámara baja fue cuestionado el Foro de Convergencia Empresarial, los industriales cordobeses y entidades agropecuarias, como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
Algunas entidades, resignadas ante su aprobación o más comprensivas con el oficialismo, como la Unión Industrial Argentina (UIA) o la Cámara Argentina de Comercio (CAC) pidieron modificaciones para suavizar los impacto en sus representados.
El aporte extraordinario motivo generalizado de críticas entre los asistentes en el º56 Coloquio de IDEA que se llevó a cabo de manera virtual semanas atrás. Hoy, en el Consejo de las Américas, Marcos Bulgheroni reclamó al Gobierno la búsqueda de una "clara percepción de que las reglas no van a cambiar y de que el entorno regulatorio se va a mantener". Unas horas después, el Banco Central (BCRA) informó la posibilidad de que las petroleras que participen del Plan Gas podrán acceder al mercado de cambios.
"Nosotros no tenemos ningún problema con el sector privado. Necesitamos del sector privado junto al sector público, invirtiendo juntos. No hay antagonismo entre lo público y lo privado", había señalado en la madrugada del miércoles Máximo Kirchner en el cierre del debate en la Cámara de Diputados, donde se dio media sanción al llamado impuesto a la riqueza.
Evidentemente, los empresarios no avalaron la interpretación del hijo de Cristina Kirchner. "La Asociación Empresaria Argentina (AEA) hace saber de su total desacuerdo con el proyecto de Ley 'Aporte Solidario y Extraordinario…' que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados", afirmó el comunicado de AEA enviado esta tarde a los medios.
"El proyecto genera un profundo desaliento en la comunidad empresaria", señaló AEA y agregó: "Por cuanto representa una medida que descapitaliza a las empresas y restringe fuertemente su capacidad para producir, invertir y sostener empleos formales".
"El proyecto afecta la propiedad privada al determinar la superposición del nuevo gravamen sobre otros ya existentes como el de Bienes Personales", indicaron los empresarios, que sostuvieron que "incrementa así muy significativamente la ya elevada carga tributaria que soporta el sector formal de la economía a tal punto que puede llegar a ser confiscatorio.
Los hombres y mujeres de negocios en AEA estimaron que debe tenerse en cuenta que la suma de los gravámenes sobre los activos podría alcanzar una tasa de hasta el 7,5%, "la que se calcula sin considerar las deudas que pudiesen integrar el patrimonio del contribuyente".
"El proyecto, al no diferenciar entre activos dedicados a producir de otros activos, afectará negativamente al sector empresario, con lo cual, se profundizarán los problemas que, agravados por la pandemia, soporta desde hace muchos años la economía argentina", dijeron.
"La Argentina necesita imperiosamente retomar la senda del desarrollo económico sostenido que ha dejado atrás hace muchas décadas", estimaron y cerraron: "El sector privado es el actor decisivo para hacerlo posible, por cuanto tiene la capacidad de obtener las divisas que permiten hacer mover la economía, generar empleos y realizar las inversiones productivas vitales para el crecimiento".
Otras visiones
Tanto la CAC como la UIA plantearon su desacuerdo y preocupación por el aporte, afirmaron que impacta en la producción y que golpea a las empresas que tienen problemas en la pandemia. "Afecta los principios constitucionales de confiscatoriedad, capacidad contributiva y retroactividad respecto de la condición de residente", señaló ayer la UIA.
La CAC, en tanto, ratificó hoy su rechazo al aporte extraordinario, pero hizo un llamado a que, en caso de que se concrete su aprobación, "se implementen correcciones que reduzcan las consecuencias adversas que generaría sobre la economía nacional". Particularmente, pidió incrementar la suma exenta a un monto entre $280 y $300 millones considerando la inflación y la variación de dólar, agregar un mínimo no imponible, eliminar las normas sobre residencia, suprimir el tratamiento diferencial entre activos en el país y en el exterior y eliminar la repatriación de fondos, reducir las alícuotas, que esta sea menor en participaciones societarias y empresarias, eximir los títulos públicos y disponer de un plan de pago en cuotas.
La UIA, que también pidió modificaciones en caso de que no haya vuelta atrás. Reclamó, si se diera ese caso, excluir de la base de imposición a las acciones o participaciones en activos productivos (incluido todo tipo de inmuebles); permitir dar cumplimiento al monto de aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año; incorporar exenciones a títulos públicos y a obligaciones negociables de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos (que acaban de atravesar un proceso de renegociación), y también incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales.
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