Advierten que el consenso fiscal entre Nación y provincias podría quedar en la nada en 2020

CÓRDOBA.- El consenso fiscal firmado entre la Nación y las provincias en noviembre de 2017, que prevé acciones hasta 2022, podría quedar en la nada el próximo año, como buena parte de sus antecesores. Un primer condicionante es que solo en los últimos días 13 gobernadores fueron a la Corte Suprema a reclamar fondos cuando el pacto establece la "abstención" de demandas; además, en un contexto recesivo como el que se proyecta, hay opiniones coincidentes en que se frenaría la rebaja de impuestos prevista. Ya este año se abrió un paréntesis con una adenda para Sellos provinciales y Bienes Personales de la Nación.

Lo pautado en el consenso no afecta los cambios operados en la coparticipación desde fines de 2015, cuando la Corte Suprema falló a favor de Córdoba, Santa Fe y San Luis por la devolución del 15% de la precoparticipación para financiar a la Anses. Con un acuerdo, la Nación extendió el beneficio al resto; fue en etapas y el último tres por ciento se terminará de restituir en 2020.

"El pacto ya está prácticamente caído", se sinceró ante LA NACION el ministro de Hacienda de una provincia grande, en referencia a las demandas judiciales iniciadas por la mayoría de los distritos, que se suman a otras de un grupo de jurisdicciones por la eliminación del fondo sojero (Tucumán, Santa Cruz, Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Chubut).

El texto del pacto establece que "todos los compromisos asumidos (...) deberán cumplirse antes del 31 de diciembre de 2019, salvo que se haya establecido otro plazo". Algunas claves quedarán sin siquiera empezar a discutirse: se avanzaría en una nueva ley de coparticipación (en mora desde 1996, cuando debía sancionarse según lo dispuesto en la reforma constitucional de 1994) y se consensuarían normas de modernización del Estado. Ninguno de los dos puntos registra adelantos.

También hay dudas de parte de las provincias de que la eliminación de subsidios diferenciales para el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires, datado para 2021, se termine cumpliendo, más allá de cuál sea la administración que esté en la Rosada. Desde el Ministerio de Transporte insisten en que se avanza según lo acordado.

El achicamiento de los planteles estatales tampoco se dio; el acuerdo preveía financiar, con líneas de crédito especiales, "programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales". El gobernador de una provincia norteña -donde el empleo público tiene un peso significativo- sostuvo que en una economía que "no genera puestos privados es impensable echar gente sin desembocar en una crisis social".

Para la revaluación fiscal de los bienes inmuebles se creó un organismo federal que generaría valores indicativos para que provincias y municipios los instrumentaran desde 2020. La Nación no tiene facultades para obligarlas a aplicarlos, pero la intención era que los números se acercaran más a los de mercado y, así, los impuestos patrimoniales crecieran en proporción en la recaudación total de las provincias, donde Ingresos Brutos sigue representando casi el 70%. Fuentes de distintas administraciones dicen que "se avanzó poco".

En materia impositiva, los municipios no siguieron la "adecuación" reclamada en el acuerdo y las condiciones establecidas para el uso de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) tampoco se siguieron ("financiar la compra y construcción de viviendas, mejoramientos habitacionales, obras de urbanización, infraestructura y servicios y cubrir los gastos correspondientes").

Sobre los compromisos tributarios, desde el Iaraf, Ariel Barraud apunta que el compromiso "fuerte" de las provincias era la baja de Ingresos Brutos: "Ya este año la alícuota máxima tiene que estar en 5% y eso sigue hasta 2022, cuando las que continúan descendiendo son las de otros sectores que pesan menos, y puede que eso no continúe porque el panorama está difícil". La referencia es al juego de pinzas que implica la caída de la recaudación propia y de los giros de la coparticipación. Con todo, espera que "haya un paréntesis, más que una marcha atrás".

Fuentes económicas cercanas a Alberto Fernández indicaron que "seguramente" habrá algunos cambios impositivos para "avanzar a un sistema más justo", pero no dieron detalles. Entre los ministros provinciales la especulación es que si la Nación no baja impuestos, no podrá pedirles que lo hagan ellos. En la estructura provincial, la carga más fácil de recaudar, la más distorsiva y la que menos costos políticos implica es Ingresos Brutos.

"Mejora sustancial"

En materia de coparticipación -aunque no se resolvió la cuestión de fondo-, los gobernadores reconocen que hubo una mejora "sustancial" a partir del fallo de la Corte. Hoy se coparticipa alrededor del 41% de los ingresos totales de la Nación, más de diez puntos porcentuales que en 2015. Entienden que si en diciembre cambia el gobierno, no habrá modificaciones; el tema es clave porque para una decena de distritos (los más chicos) esos recursos representan poco más del 60% de los que disponen.

En cambio, sí hay preocupación de las provincias que no transfirieron sus cajas de jubilación sobre cómo continuará el financiamiento por parte de la Nación. "Más allá de las demoras en los giros -dice un representante de uno de esos regímenes-, las pautas quedaron claras y los criterios se fijaron por ley". En los últimos cuatro años la Anses envió unos $54.000 millones a estos distritos. En los últimos años del kirchnerismo el debate por estos fondos fue muy importante y hubo jurisdicciones que no recibieron prácticamente nada.

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