Advertencia de economistas por las primeras luces amarillas del plan oficial

En enero, el Estado registró superávit fiscal financiero. Se trató de un hito que no ocurría desde hacía 12 años y reforzó la promesa de la nueva administración de no gastar más de lo que recauda. Sin embargo, estas cifras se explicaron por la pérdida que tuvieron las jubilaciones frente a la inflación, el recorte del gasto social y los subsidios energéticos, un ajuste que los economistas ponen en duda que pueda sostenerse en el tiempo por la presión social y política que provocará.

En concreto, el Sector Público Nacional (SPN) registró en enero un superávit fiscal financiero (es decir, el resultado tras el pago de intereses) de $518.408 millones. Fue un número que se festejó en la Casa Rosada: desde agosto de 2012 no se registraba un resultado positivo en las planillas del Estado.

Al poner la lupa sobre cómo cerraron las cuentas del Ejecutivo, sale a relucir que ese resultado fue producto de una fuerte caída del gasto primario (39,1% interanual en términos reales), ya que los ingresos se mantuvieron prácticamente estables en términos reales (+0,7% interanual).

No obstante, esto no solo se debió al recorte de algunas partidas, como el freno a la obra pública (registró una reducción del 86% anual, descontada la inflación) o la reducción de las transferencias a las provincias (-72%).

La mayor parte del ajuste se explicó por la licuación de las jubilaciones (-38,1%), el gasto en programas sociales (-23,1%) y la eliminación de los subsidios energéticos (-77,2%).

“Haber alcanzado superávit fiscal total durante el primer mes completo de gestión representa un gran logro para el Gobierno. Sin embargo, la incógnita radica en qué tan sostenible es el ajuste exhibido: casi el 50% de la mejora se explica por la licuación de las prestaciones sociales, siendo las jubilaciones las más golpeadas (que, además, acumulan una caída real de entre 40% y 60% desde diciembre 2017). Por lo tanto, la clave en los próximos meses estará en lograr que la corrección fiscal sea sostenible, social y políticamente”, advirtió un informe de la consultora económica Invecq.

En el mismo sentido apuntó Claudio Caprarulo, director de Analytica Consultora, quien remarcó que en febrero la jubilación mínima (incluyendo los bonos) cayó un 26% con respecto a noviembre. En marzo, esta pérdida se seguirá consolidando: la semana pasada la Anses informó que la fórmula de movilidad provisional (vigente desde 2021, por iniciativa de la dupla Alberto Fernández-Cristina Kirchner) arrojó un aumento del 27,18% para marzo, muy por debajo de la inflación en el último trimestre (de entre el 50% y 60%, según los economistas).

Así, el mes próximo la prestación previsional básica será de $134.445,30, cifra a la que se le suma el bono de $70.000 que anunció el Ministerio de Economía. De esta forma, el ingreso total bruto aumenta a $204.445 y, en mano, representa $200.412.

A modo de contraste, en enero (un dato ya viejo por la inflación de los últimos dos meses) un argentino necesitó $193.147 para no ser pobre, de acuerdo con la canasta básica total que elabora el Indec.

“Uno de cada tres pesos que gasta el Estado Nacional es para pagar jubilaciones y pensiones. Eso da cuenta de su importancia a la hora de proyectar la política fiscal. Por caso, frente al muy ambicioso objetivo de lograr equilibrio financiero en un año, el Gobierno ya en su plan inicial contemplaba un ajuste”, señaló Caprarulo.

Para el economista, la discusión de la sostenibilidad del superávit fiscal de enero tiene varios frentes. El primero considera lo social y hasta dónde las poblaciones de menores recursos pueden o “están dispuestas a tolerar el ajuste”. Incluso, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el Gobierno tendrá que buscar medidas para compensar la caída de ingresos.

“Al mismo tiempo, desde diciembre hay una especie de apagón del Estado. Hay partidas que tienen cero de ejecución, algo que difícilmente se pueda sostener. Por ejemplo, se puede no querer hacer obra pública, pero de todas formas necesitas mantenimiento”, agregó.

Por su parte, desde la consultora económica LCG agregaron que en enero Hacienda pagó menos de la mitad de los compromisos devengados en el mes, por lo que la deuda que quedó pendiente de pago asciende a $2 billones. Este monto es equivalente al resultado primario mostrado, es decir, sin ese efecto contable el superávit financiero no habría sido tal.

“Aun así, está claro que el Gobierno devengó menos gasto que el año pasado y el ajuste aplicó prácticamente de forma generalizada para todas las partidas. El ímpetu de avanzar en la convergencia fiscal no deja de ser destacable, pero hasta el mismo FMI, en su visita al país, reclamó conseguir un mayor apoyo para los cambios propuestos, de manera que puedan percibirse como sostenibles en el tiempo y terminen de apalancar las bases de crecimiento. Los numerosos frentes de batalla que tiene abiertos el Gobierno (gobernadores, legisladores, gremialistas, movimientos sociales, empleados públicos, entre otros) hace pensar que eso no está dentro de sus objetivos”, completó.

En tanto, para la consultora económica Invecq, la eliminación de los subsidios para la energía de los segmentos medios (que se empezará a sentir en los bolsillos el mes que viene), así como el recorte a las transferencias corrientes a las provincias y la menor obra pública podrían ser “pilares centrales” del programa fiscal.

“La política de atraso tarifario no era sostenible. El mismo Sergio Massa, cuando inició su gestión como ministro de Economía, había comenzado un sendero de caída de los subsidios. La dificultad es hacerlo y sostenerlo mientras el resto de los precios de la economía también suben fuertemente y el salario real queda muy rezagado. Hay formas de compensar el aumento de tarifas con transferencias directas a los sectores de menores recursos. El gran desafío de la necesaria reconfiguración de la economía argentina es hacerlo con políticas progresivas e ir logrando consenso para su sostenibilidad”, cerró Caprarulo.

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