Acuerdo con el FMI: un entendimiento donde cada parte desconfía de las otras

Más allá de que falta la aprobación del Congreso (que no es una mera formalidad) y la del directorio del Fondo Monetario Internacional (que tal vez lo sea si la primera ocurre antes del 31 de este mes), el acuerdo alcanzado entre el gobierno argentino y el staff del organismo marca una diferencia respecto de los 21 firmados a lo largo de los últimos 64 años – uno cada 3,2 años promedio– y en todos los casos fueron incumplidos o renegociados.

La peculiaridad es que ni el propio gobierno del Frente de Todos logró unificar su apoyo político al entendimiento, lo cual origina una cadena de desconfianza dentro y fuera del país donde nadie cree de antemano que vaya a mantenerse en el tiempo tal como fue anunciado. No solo durante su período total de 12 años, sino al cabo de los próximos 21 meses, cuando concluye el mandato de Alberto Fernández.

El único hecho positivo es que la Casa Rosada decidió evitar la cesación de pagos para no quedar sin acceso al crédito de los organismos internacionales y de los países del Club de París; y que el FMI no quiere empujar a la Argentina a ese abismo, que desembocaría a corto plazo en otra inevitable crisis económica. Una suerte de resignación mutua de ambas partes, expresada en que el acuerdo es el “mejor posible” y resulta “realista y pragmático”, respectivamente.

De ahí en más, la confianza brilla por su ausencia. En el plano interno Fernández desconfía del kirchnerismo, por más que le haya dedicado buena parte de su mensaje del martes pasado –tan triunfalista como voluntarista–, ante la Asamblea Legislativa. Alrededor de Cristina Kirchner sigue latente la posibilidad de un rechazo –implícito o explícito– al acuerdo, para no asumir sus costos políticos o electorales. Una prueba es que Axel Kicillof reclamó públicamente que la provincia de Buenos Aires debe quedar afuera de cualquier ajuste fiscal. Recíprocamente, la desconfianza K con el ministro de Economía se acentuó tras la modificación del esquema de módicos ajustes tarifarios fijado por el Instituto Patria. Esto explica por qué Martín Guzmán afirmó ayer por radio que el FMI “es contrario a los valores que pregona” el FDT.

Estas discrepancias entre los socios mayoritarios de la coalición oficialista agregan más desconfianza a la oposición de Juntos por el Cambio que, si bien prevé dar quorum en el Congreso, exige que el acuerdo sea votado primero por el kirchnerismo. A tal punto que el Presidente aceptó a último momento desdoblar el proyecto de ley enviado ayer para captar el voto de la Coalición Cívica y parte del radicalismo. Esta propuesta de Elisa Carrió había sido desestimada hace una semana por la Casa Rosada. Ahora quedó con un primer artículo que incluye sólo la refinanciación de la deuda con el Fondo y separa en el segundo los anexos del programa económico y el memorándum técnico.

Aun así, el mensaje repite las duras críticas al endeudamiento contraído por Mauricio Macri e insiste en judicializar esa decisión política, en la misma línea del discurso presidencial del martes, como si el Gobierno se hubiera enterado de esa herencia después de imponerse en las elecciones de 2019. Sólo deja de lado esta vez que el acuerdo anterior no haya sido tratado por el Congreso, como afirmó Fernández erróneamente, ya que implicaría la aplicación retroactiva de la ley de 2020 que la semana próxima hará su debut. La realidad, en cambio, muestra dos culpas concurrentes y convergentes. Macri no blanqueó inicialmente la herencia recibida de CFK ni –con minorías legislativas–, atacó el déficit fiscal, al recurrir al gradualismo financiado con abundante crédito externo hasta que se le cortó en 2018 y debió recurrir al Fondo. Fernández, a su vez, usó la herencia de MM como principal bandera política; pero, aunque los vencimientos de 2022 y 2023 eran y son impagables, tardó más de dos años en cerrar el acuerdo con el organismo, cuando en 2020 (en plena pandemia) podría haberlo hecho coincidir con la reestructuración de la deuda con los bonistas privados, bajar el riesgo país y evitar el constante drenaje de reservas del Banco Central. Luego, con la cuarentena y la campaña electoral, catapultó el déficit, la emisión monetaria y la deuda en pesos para impulsar el rebote económico de 2021 que no es sostenible.

Si hubiera que atenerse a las declaraciones oficiales formuladas por Guzmán y Kristalina Georgieva, durante ese lapso siempre hubo negociaciones “constructivas” y destinadas a aportarle sustentabilidad a la economía argentina. Pero, a juzgar por los resultados, con el nuevo acuerdo el FMI le otorga al Gobierno un tratamiento de excepción como el recibido por el de Macri, aunque bajo otro formato de gradualismo.

La vigencia del crédito stand by se extiende hasta mediados de 2024 y los vencimientos se pagarán con sucesivos desembolsos del Fondo, parte de los cuales se destinarán a recomponer las reservas brutas, a cambio de un programa con metas decrecientes de déficit fiscal y emisión monetaria a menor ritmo que el exigido en 2018. En cambio, no incluye reformas estructurales (laboral, previsional), como un “permitido” que el Gobierno celebró con bombos y platillos. En todo caso, las deja libradas a un próximo gobierno que renegocie el acuerdo para empalmarlo con el programa de facilidades extendidas (pagos de capital hasta 2034, con cuatro años de gracia) que estatutariamente requiere reformas.

Con este esquema, el organismo realizará 10 auditorías de metas trimestrales, la mitad de las cuales corresponderá al actual gobierno y de cuyo cumplimiento dependerá cada uno de los futuros desembolsos. O sea, no habrá cheques en blanco por anticipado, aunque se prevé una “recalibración” de proyecciones debido al efecto Putin en los mercados de commodities energéticos y agrícolas.

El programa es netamente coyuntural: apunta a recomponer reservas, mantener el tipo de cambio real en 2022 y evitar un desborde cambiario e inflacionario. Tampoco genera confianza. Al no prever reformas, tampoco resuelve los problemas de fondo de la economía, no fomenta una mayor competitividad, ni impulsa la inversión privada como eje del crecimiento a mediano y largo plazo. De ahí que el anuncio oficial acaba de contribuir a la baja de los dólares libres, pero no del riesgo país.

Revisiones

Entre los analistas locales y externos hay consenso de que se trata de un acuerdo para salir del paso y evitar males mayores. El economista Miguel Ángel Broda lo califica como “acuerdito light”, aunque advierte que poner un poco de orden en las cuentas públicas no será sencillo para la heterogénea coalición gobernante.

Su colega Enrique Szewach afirma que no conduce a un desastre ni a una salvación y cuestiona que el Gobierno celebre la ausencia de reformas como si la Argentina no las necesitara, tanto en el campo laboral, donde la creación neta de empleo formal privado está estancada hace 10 años, ni en el previsional, con el sistema en quiebra. En cuanto a la postura de la oposición, sostiene que debería autorizar el financiamiento y reclamar que el Gobierno presente un nuevo presupuesto para 2022, asumiendo que el anterior ya fue rechazado de hecho por el FMI.

Broda cree además que el Gobierno podrá cumplir las primeras dos revisiones trimestrales del acuerdo, ya que el BCRA aumentó el ritmo de devaluación del peso y la tasa de interés real, pero cree que luego tenderá a aumentar la incertidumbre sobre las posteriores. Especialmente en materia de subsidios/tarifas (con aumentos de hasta 217% para los usuarios que dejen de recibirlos); acumulación de reservas con menor superávit comercial (y déficit energético de US$5000 millones) y porque la reducción de la emisión del BCRA al Tesoro de 3,8 a 1% del PBI, implicará colocar deuda neta por 2 billones de pesos, a razón de 177.000 millones promedio mensual que implicará una bola de nieve de vencimientos.

nestorscibona@gmail.com

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