Acuerdo con el FMI: las razones por las cuales el Gobierno aprieta el acelerador y qué medida podría copiar de Islandia para administrar el dólar

Apenas una hora después de conocerse los primeros resultados de las elecciones legislativas, el Gobierno priorizó enviar un mensaje grabado al mercado financiero, antes que a su propio electorado. Por eso hizo hincapié en que profundizará “esfuerzos para llegar a un acuerdo sustentable con el FMI” y ratificó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, es quien lidera las negociaciones. También anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que explicite el “Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable” en la primera semana de diciembre.

Este plan estaría basado en conversaciones que viene manteniendo el Ministerio de Economía con el staff del Fondo en los últimos dos años, pero todavía no está claro qué ocurrirá si el Fondo hace modificaciones al programa que se apruebe con la oposición; es decir, si deberá volver a pasar por el Congreso o no.

Si bien no hay muchas precisiones del programa que presentarán, más allá del proyecto de Presupuesto que se dio a conocer el pasado 15 de septiembre, algunas declaraciones de Sergio Chodos, representante argentino ante el FMI, alimentaron la idea de que la Argentina podría incorporar un esquema de subastas en moneda extranjera como alternativa para desdoblar el mercado cambiario sin quitar el cepo. Se trata de una política que introdujo Islandia cuando tenía controles de cambio y negoció un programa stand-by con el FMI, en 2008.

En ese entonces, la jefa de la misión del Fondo en Islandia era Julie Kozack, la actual subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) y, por lo tanto, una de las personas clave con las que Guzmán diseña el nuevo acuerdo. De hecho, en la última gira del ministro en Italia mantuvo una larga reunión con la economista estadounidense.

“El Fondo incorporó el conglomerado de controles ya hace unos años. Islandia está basada en controles de capitales, y ahí se ve de qué manera pueden ser eficientes y por otros mecanismos ir aflojando la brecha, pero evitando fuga de capitales”, dijo la semana pasada Chodos, en una entrevista con Clarín.

La consultora 1816 explicó en un informe cómo funcionaron las subastas de moneda extranjera en Islandia, que se hacían solo para los ahorristas no residentes por montos grandes, para darles salida a un tipo de cambio más alto. Al mismo tiempo, los inversores podían ingresar divisas al país a un precio del dólar más atractivo para desembolsar en la economía real o para comprar bonos del Tesoro al largo plazo (con una tenencia mínima de cinco años). “Si asumimos que la Argentina convivirá con controles de cambios un buen tiempo, es lógico que el Gobierno esté analizando con el Fondo formas de administrar la brecha”, indicaron.

El exsecretario de Finanzas Miguel Kiguel, quien tuvo que negociar con el FMI, indica que al organismo “no le importa que haya controles de cambio”, siempre y cuando “haya una política económica razonable”. “En Bélgica hubo durante 20 o 30 años un tipo de cambio dual, pero la brecha era de 10% como máximo. El problema de la Argentina es que está todo distorsionado, con un dólar oficial a $100 y los paralelos arriba de $200. La brecha es infernal y no se sabe cómo bajarla. Hay muchas formas de vender las divisas, se puede hacer a través de subastas, pero tiene que haber un plan creíble y el de hoy es insostenible”, dijo el director de Econview.

Claudio Loser, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI entre 1994 y 2002, tiene una mirada similar respecto al plan de tener distintos tipos de acuerdos cambiarios. “Las subastas de moneda extranjera es una manera imperfecta de un tipo de cambio libre. Hay que ver de qué forma se hace, cada cuánto y cuáles son las cantidades, porque si es de manera muy irregular y con cantidades variables, el efecto que vamos a tener es mínimo y equivalente a las intervenciones que pueda hacer el Banco Central indirectamente en el mercado blue. Es una medida que realmente requiere de reglas de juego claras, precisas y en cantidades relevantes. En ese sentido creo que es una solución disponible, que puede ser útil, pero de forma muy transitoria de unos pocos meses”, opinó.

Por otro lado, Jorge Vasconcelos, investigador jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea, cuestionó que, si el Gobierno ya tiene acordado algún plan con el staff del FMI, debería elevar la carta de intención al directorio. “La carta de intención es elaborada ‘a cuatro manos’ entre el Gobierno y el staff. Si no hay carta de intención, no existe la garantía de discutir en el Congreso pautas que cumplan dos requisitos básicos: haber sido testeadas en su consistencia y ser un instrumento creíble de mantención del crédito de los organismos (ser capaz de lograr refinanciación de vencimientos). Si no hay carta de intención, puede ser una pérdida de tiempo”, opinó

Los números que explican el apuro por acordar

El anuncio del Presidente de anoche se explica por las alarmas que prendieron en el equipo económico los US$620 millones de reservas que tuvo que vender el Banco Central para contener al dólar oficial en la semana previa a las elecciones. Para que esta presión disminuya sin tener que recurrir a mayor cepo, el Gobierno tiene que convencer a los agentes económicos de que no devaluará. De este modo, aumentaría la liquidación de divisas de los exportadores y disminuiría la demanda de los importadores. Sin embargo, cambiar la expectativa del mercado no es fácil, sobre todo cuando se observan la cantidad de dólares que tiene el Banco Central.

En este sentido también se explica el apuro del Gobierno por cerrar un acuerdo con el FMI, más allá de que Guzmán y el Presidente dicen que lo importante es lograr “un buen convenio”. En los próximos meses hay cuatro obligaciones que vencen con el FMI por US$5876 millones: el 22 de diciembre (US$1895 millones), el 28 de enero (US$732 millones), el 1° de febrero (US$372 millones) y el 21 de marzo (US$2877 millones).

Según la consultora Delphos Investment, el nivel de reservas netas del Banco Central (las que están operativas para utilizar) está en el orden de los US$6750 millones. De ese total, US$3600 millones está en oro, cuya venta generaría un alto impacto político.

Para cerrar un acuerdo “rápido” con el FMI, el equipo económico tiene que negociar primero con tres actores, como dice el último informe de la consultora 1816. En primer lugar, conseguir el respaldo de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Alberto Fernández dijo ayer que la decisión de enviar un programa acordado con el FMI ‘ha sido el fruto del trabajo conjunto con la vicepresidenta’, pero la decisión de Cristina de no asistir al bunker del oficialismo (algo que, según sus propias palabras, fue por razones de salud) hace tener dudas acerca de cuán asegurado está su apoyo a la iniciativa”, indicaron.

En segundo lugar, el Gobierno necesita el respaldo de la oposición. “Ayer, Alberto Fernández hizo una convocatoria a los dirigentes de la oposición hablando de ‘acuerdos nacionales’, pero incluso en ese mensaje fue muy crítico de la gestión de Macri, lo que refleja lo difícil que será alcanzar entendimientos”, resaltaron en 1816.

Por último, Guzmán también necesitará el visto bueno del staff y el directorio del propio FMI. “La política económica que ejecutó el Gobierno durante 2021 (atraso del tipo de cambio y tarifas, entre otras cosas) deberá modificarse en casi 180 grados para que el Fondo acepte el rollover del [programa] stand by”, dijeron.

La hoja de ruta que presentó el Presidente implica que durante las próximas tres semanas decidirá internamente el programa económico que le gustaría presentar al FMI y que, a partir de diciembre, lo negociará con la oposición en el Congreso. El paso final será hablar con el staff del FMI. Se supone que Guzmán ya tendrá una idea más avanzada de lo que podría ocurrir, a raíz de las reuniones que se dieron durante los últimos dos años.

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