A la espera del rebote y de los dólares, Caputo evalúa sus próximos pasos

El Gobierno está recibiendo algunos datos de actividad económica de agosto que le permiten ilusionarse con que lo peor ya pasó. “El interior empieza a traccionar –aseguran en el equipo económico–. En toda recuperación sin anabólicos, la mejora empieza por el interior del país. Ya en julio hubo indicadores que andaban mejor y agosto viene todavía mejor que julio”, agregan. Son datos que acercan cámaras sectoriales y que se conjugan con los que relevan desde el propio ministerio de Economía. Las estadísticas del Indec, todavía muy negativas, recién están mostrando la foto de junio. Una eternidad para una economía que ya podría estar mirando otra película.

La actividad está lejos de experimentar el repunte “como pedo de buzo” que alguna vez había vaticinado el presidente Javier Milei, pero el índice de confianza del consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella acusa la mejora con la que empieza a esperanzarse Economía. El indicador de la Di Tella, que se conoció este jueves, aumentó 6% en agosto, la mayor variación mensual del año: 6,26% fue la mejora en el interior de país; 2,27%, en el Gran Buenos Aires; y 18,33%, en la Ciudad. Sólo con las semanas se sabrá si no son más que brotes verdes o una recuperación firme.

Para el Gobierno, la esperanza está puesta en que en los próximos meses, poco a poco, la baja de la inflación y la mejora en el crédito privado ayuden a traccionar el consumo; que el agro haga su aporte, lo mismo que la industria petrolera y la minera. En Economía además esperan que la baja del impuesto PAIS colabore a bajar precios de bienes de capital y en algunos bienes de consumo claves. “Creemos que los precios van o bajar o bajar. Pero al que no lo hace, y nosotros lo vemos, podemos ver de aplicarle incluso alguna cuestión arancelaria –advierten–. Los precios deberían ir convergiendo a algo internacional. Todo lo que esté desalineado de los países de la región vamos a apuntar a que se alinee por las buenas o por vía arancelaria”.

El gobierno libertario ya demostró con las prepagas que el Estado no siempre es malo. Vaya paradoja, los empresarios funcionan mejor cuando saben que existe alguien que los controla.

En las próximas semanas también habrá más medidas de impacto en materia de desregulación. Hay industrias en la mira: los neumáticos son una, pero no la única. También las motos, entre otras. No todos gozan de los derechos adquiridos que el Congreso le concedió a Tierra del Fuego en su momento.

Economía, en tanto, apunta a mejorar lo que recauda de los pesqueros, un sector plagado de ineficiencias –cuanto menos– y en el que el Gobierno intentó intervenir, sin éxito, ante la oposición que manifestaron cuasi en cartel los gobernadores patagónicos. Está próximo a vencer el permiso para la pesca comercial de merluza. Para renovarlo, las empresas podrían tener que pagar hasta 10 veces más lo que pagan hoy. El incremento, en rigor, no está definido, pero se habla de que podría ser importante.

Hay dos objetivos innegociables por los cuales el Gobierno está dispuesto a romper sus manuales de buenas prácticas: la baja de la inflación (lo antes posible) y el orden fiscal. En Hacienda esperan que en agosto el Tesoro pueda volver a exhibir superávit primario y financiero (el neto entre ingresos y gastos, después del pago de intereses de la deuda), mientras que para septiembre espera al menos tener garantizado el primero, aun a pesar de la baja del impuesto PAIS, que tendrá un impacto en la recaudación.

Según confiaron en el sistema financiero, hubo en los últimos días algunas conversaciones preliminares con grandes bancos para ver la posibilidad de canjear las Lecap (letras del Tesoro) que vencen en septiembre por unas a tasa fija y más largas, para así morigerar el calendario de vencimientos. En Economía niegan las conversaciones. Según datos del economista Fernando Marull, el mes que viene hay que cubrir pagos de Lecap por casi $16 billones.

Quita de subsidios

En las provincias se preparan, en tanto, para meses de zozobra. Hay preocupación entre los gobernadores del Norte por el impacto que la quita de subsidios podría tener en los próximos meses, cuando empiece el calor y aumente la demanda de electricidad. A diferencia de lo que sucede en las provincias patagónicas, los picos de demanda eléctrica se dan en la temporada estival. Por ahora, el lobby de los gobernadores para que haya un subsidio diferenciado para la zona, así como tienen los patagónicos por zona fría, parece no tener demasiado impacto. En plena campaña, a fines de 2023, el entonces ministro Sergio Massa se los había concedido. Ahora no tendrían la misma suerte. El problema es que, anticipan, no sólo llegarán las facturas con fuertes aumentos a medida que comience el calor, sino que lo harán al mismo tiempo en el que el abastecimiento empiece a flaquear. Lo advirtió Cammesa, la empresa estatal, en un informe,y las distribuidoras como Edet, de Tucumán, lo vienen comentando en la cámara de las empresas del sector. Habrá que ver si se sostiene la tolerancia social al ajuste.

El Congreso no parece estar dispuesto a acompañar demasiado. Lo demostró este jueves con la aprobación de la nueva fórmula jubilatoria, proyecto que hasta contó con el visto bueno de los diputados del PRO, otrora aliados del gobierno libertario. Más allá de que Milei anticipó que vetaría la nueva ley, que según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, tendría un impacto de 0,7% del PBI solo este año, lo que está claro es que no es una buena señal para los inversores. La Argentina tiene un problema reputacional que va mucho más atrás de la administración Mileísta. La política viene tomando decisiones contrarias al interés de los inversores en las últimas dos décadas, al menos. Sólo así se explica que, pese a tener superávit, los inversores dudan de que la Argentina vaya a cumplir con sus obligaciones; que los individuos de alto patrimonio que tienen dinero sin declarar tengan reparos para blanquear (el macrismo no cumplió en su momento con su promesa y muchos peces gordos hoy lo recuerdan); que aun con el RIGI (el nuevo Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones) aprobado por ley haya empresas que quieran esperar para hacer grandes apuestas; o que todavía haya conflictos con proveedores comerciales asiáticos, pese que a los pagos de importaciones se realizan a 60 días, contra los 70 días promedio de los tiempos sin cepo. Ni la fama de Milei en los círculos de poder globales puede compensar la mala fama de la Argentina.

No son semanas fáciles las que tiene por delante el ministro Luis Caputo. Hay una incógnita que desvela al mercado –y se refleja en el todavía altísimo riesgo país, que ayer cerró en 1560 puntos–: cómo hará el Banco Central para acumular dólares los próximos meses con el cepo cambiario. En gran medida, coinciden en el mercado, de cómo resuelva el Gobierno el cepo dependerá el éxito del plan. El economista Emmanuel Álvarez Agis cree que el único escenario virtuoso es aquel en el que el Gobierno logra salir del cepo al menos en el primer trimestre de 2025, para lo cual la Argentina debería conseguir financiamiento en dólares “a como dé lugar”.

El Gobierno está tocando todas las puertas. Se sondeó empresas exportadoras, bancos internacionales y hasta fondos de países árabes. Con los organismos multilaterales de crédito también hay conversaciones permanentes para incrementar los cupos destinados al país. Tanto el BID como el Banco Mundial tiene el compromiso de acompañar, pero son reticentes de aumentar la exposición que tienen en la Argentina más allá de los cupos preestablecidos.

La postura del FMI no es muy distinta. Podría adelantar los pagos previstos en 2025, pero no hacer grandes desembolsos hasta 2026, que es cuando arranca el cronograma de vencimientos fuertes con la Argentina. El ministro Caputo dijo, sin embargo, esta semana que ni siquiera empezaron a negociar con el organismo de crédito. Lejos quedaron las declaraciones de junio pasado, cuando anticipó que una vez finalizada la octava revisión del acuerdo, iniciarían las conversaciones inmediatamente por un nuevo programa. La realidad muchas veces obliga a los funcionarios a volver sobre sus palabras.

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