A 10 años de la expropiación de YPF, aún resta un juicio millonario

El sábado pasado se cumplieron 10 años de que la entonces presidenta Cristina Kirchner presentara el proyecto de ley que disponía la estatización del 51% de las acciones de YPF, en manos de la española Repsol. En ese entonces la acción de la compañía valía aproximadamente US$21,92 –cuatro veces más de lo que vale hoy–, si bien su cotización venía cayendo desde hacía meses cuando se iniciaron los rumores de expropiación, a mediados de 2011.

Pero, más allá de la pérdida de valor de la empresa –que hoy tiene una capitalización bursátil de US$3400 millones–, en la pasada década el país le pagó US$5000 millones a Repsol por la expropiación y enfrenta un juicio millonario que estaría cerca de una definición, que podría costarle hasta US$19.665 millones, según cálculos de los demandantes.

El litigio, que se dirime en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, tiene como demandantes a los fondos Burford y Eton, que piden un resarcimiento económico porque, al momento de llevarse a cabo la expropiación, el Gobierno no lanzó una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones, sino que solo lo hizo sobre el 51%. Burford adquirió al fisco de España el derecho de demandar al país por las quebradas Petersen Energía y Petersen Inversora, pertenecientes a la familia Eskenazi –que tenía el 25% de las acciones de YPF– y Eton reclama también por ser socio anterior a la salida parcial de Repsol en 2012.

“La expropiación de YPF costó US$5000 millones, pero terminó dejando temas pendientes por la forma en la que se hizo. Hoy se está discutiendo en los Estados Unidos si este acto de soberanía fue tal o si se violentó el Estatuto de la compañía y en esa expropiación se debió hacer una oferta al resto de los accionistas”, explicó a LA NACION el exsecretario de Energía y extitular de YPF, Daniel Montamat.

Por su parte, el director de Latam Advisors, Sebastian Maril, señaló que el juicio “puede salir una fortuna” si la jueza Preska falla en contra de la Argentina y define tomar como lineamiento la oferta pública que se le debería haber hecho al resto de los accionistas, según el estatuto de YPF, tal como la delineó el jueves pasado Daniel Fischel, el experto que presentaron Burford y Eton.

“Utilizando la misma fórmula de YPF en sus estatutos ofrece cinco casos diferentes y dice que los daños que debería pagar el Estado van desde US$7000 millones hasta US$13.000 millones, sin intereses, y desde US$12.000 a US$17.000 millones, con intereses”, detalló.

Otro de los lineamientos posibles sería tomar el valor de mercado del juicio, que daría aproximadamente US$2000 millones, según Maril.

En tanto, otras fuentes cercanas a la causa dijeron que los daños que presentó el experto, en un rango que va desde US$8587 millones a US$19.665 millones, “no tienen fundamento ya que no debería reconocerse daño alguno a los demandantes aún si la Corte declarase que la Argentina e YPF son responsables”.

Por otro lado, señalaron que la metodología utilizada para realizar el cálculo de daños es “defectuosa” porque corrigiendo la fecha de la hipotética oferta de Argentina de adquirir los ADR, los supuestos daños disminuyen a un rango de entre US$3500 millones y US$5200 millones. Además, si el cálculo se realizara en pesos, los supuestos daños serían aproximadamente $14.000 millones.

Siguiendo a Maril, el 23 de junio la jueza tiene tres opciones: falla en contra de Argentina, falla a favor o prolonga el caso y decide que va a juicio porque oficialmente no comenzó, sino que todavía se encuentra en etapa prejudicial desde 2015. “Ella conoce el caso así que va a dictar algún tipo de sentencia”, opinó Maril.

Otras fuentes creen que la sentencia podría estar el próximo año. Más allá de esto, en el momento en que tenga lugar, se podría apelar ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.

Al trazar un balance tras estos años, la empresa brindó los siguientes datos: durante 2021 YPF invirtió US$2700 millones y tuvo un Ebitda de US$4000 millones (+6% frente a 2019, mientras que el endeudamiento bajó a niveles de 2015). En tanto, para 2022, la compañía prevé aumentar las inversiones en un 40% a US$3700 millones, que se repartirán entre el upstream o exploración y producción (US$1600 millones se destinarán para el desarrollo de Vaca Muerta) y US$700 millones para la modernización de las refinerías. Por otro lado, se espera un 8% de crecimiento de la producción y un 40% en las áreas no convencionales.

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