La CNV avanza con el marco regulatorio del ecosistema cripto
La Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció la apertura de una consulta pública para la elaboración de una normativa que regule la actividad de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)
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Después de crear, en marzo, un registro de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), la Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció la apertura de una consulta pública sobre la elaboración de una normativa que regule su actividad. Se trata de la antesala a la definición de un marco regulatorio para el ecosistema cripto en el país.
En un comunicado emitido hoy, el presidente de la CNV, Roberto Silva, resaltó que se ha escuchado a la industria para trabajar sobre esta regulación. “El objetivo es equilibrar el mandato de regular conforme los principios que incluye la Ley, con la necesidad de promover la innovación y evitar regular la industria en exceso”, dijo. “Esperamos la participación y los aportes de los actores de la industria en esta consulta pública, de manera tal de perfeccionar la norma”, agregó.
La reglamentación establece las exigencias patrimoniales requeridas para cada una de las actividades, políticas de seguridad de la información, aspectos de ciberseguridad, requisitos prudenciales para la custodia de activos virtuales, segregación de cuentas, información sobre convenios celebrados con terceros y cuestiones que hacen al referenciamiento de clientes. La nueva regulación contempla también las normas de conducta que deben regir la actividad de los PSAV “y demás premisas que hacen a la transparencia y divulgación de riesgos de los activos virtuales para la protección de los usuarios”.
El avance en el marco regulatorio es aplaudido en términos generales por los operadores del sector. Juan Pablo Fridenberg, Director de Asuntos Públicos en Lemon, por ejemplo, destacó el carácter gradual del diseño de las regulaciones. En tanto, hizo hincapié en que el marco no debe asfixiar a los operadores, lo que fomentaría paradójicamente el uso de opciones desreguladas. “Los definidores de políticas y reguladores tienen claro que la regulación debe ser inteligente y gradual, ya que como han advertido Organismos internacionales, un marco que distorsione, asfixie, o encarezca desproporcionadamente la actividad de los PSAV, no impactará sobre el crecimiento del volumen de operaciones sino que podría fomentar el traslado de dichas operaciones a otros ámbitos, desregulados o transfronterizos”, dijo a LA NACION.
“Dentro de la Cámara Argentina de Fintech, la industria en conjunto está trabajando para contribuir con aportes y comentarios para que el nuevo registro acompañe los avances de un ecosistema que ha demostrado cumplir, e incluso superar los estándares regulatorios de la actividad o de actividades afines. Ejemplo de ello, la Prueba de Reservas, que permite visualizar en tiempo real la ubicación de los Activos que nuestros usuarios [los de Lemon] nos confían en custodia”, agregó.
Por su parte, Carlos Peralta, líder de Asuntos Públicos de Bitso Argentina, dijo a LA NACION: “Este tipo de articulación entre el sector público y privado es esencial para el desarrollo de políticas inclusivas que promuevan la innovación y protejan a los usuarios. Creemos firmemente que una regulación inteligente y que vaya creciendo de forma gradual con esta nueva industria es clave para aumentar la adopción de los activos virtuales de manera segura, lo que contribuirá a la inclusión financiera y a la construcción de una infraestructura financiera más rápida y eficiente”.
Por otro lado, también destacó que es fundamental que esta regulación no imponga “una carga excesiva que pueda sofocar la innovación o empujar a los usuarios hacia plataformas no reguladas, con los riesgos que esto conlleva”.
“Consideramos que es crucial un enfoque integral que abarque los diferentes usos del ecosistema cripto. Para ello, es necesario armonizar las normativas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV). Asimismo, es indispensable una revisión del régimen fiscal aplicable al sector para asegurar un entorno regulatorio que promueva el crecimiento sostenible y competitivo”, concluyó.
LA NACION
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