La extraña manera oficial de promover el diálogo

Había que elegir un chivo expiatorio de la inflación, que en enero trepó al 4% por segundo mes consecutivo y con fuerte incidencia de los precios de alimentos. Nada mejor para el oficialismo que apuntar a los productores agropecuarios. De ahí la amenaza de AlbertoFernández, en el reportaje con Página 12, de subir retenciones o imponer cupos de exportación a la carne vacuna, "si no entienden que no pueden trasladar los precios internacionales" al mercado interno. "No estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos" sentenció, al estilo de Néstor Kirchner.

Apenas cuatro días después, el propio Presidente frenó y puso marcha atrás al recibir a las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, justo cuando el Frente de Todos pulía su comunicación épica en manada y los productores se aprestaban a una reedición del conflicto de 2008. "No habrá suba de retenciones ni intervención en los mercados" tranquilizó a sus interlocutores, con quienes acordó abrir un canal de diálogo para revisar el impacto de los mayores precios internacionales del trigo, maíz y carne, cuya incidencia no llega al 20% del precio final en las góndolas y también de los mayores costos (cambiarios, logísticos, impositivos) sobre la producción.

Nada peor que esta extraña manera oficial de promover el diálogo para generar credibilidad y "tranquilizar la economía", como propone el ministro Martín Guzmán. La táctica de pegar primero para después retroceder y/o negociar no borra el primer golpe. Pasó con la frustrada expropiación de Vicentin, la última suba diferenciada de retenciones al complejo sojero y el repentino cierre de las exportaciones de maíz, revertido poco después.

Otro tanto ocurre con el relato de culpar sólo al sector privado por la mayor inflación y convocar luego a una treintena de grandes empresas a mesas de diálogo para alinear precios y salarios por cadenas de valor, como si el Estado no hubiera tenido nada que ver con la fuerte distorsión de precios relativos; el cepo y la brecha cambiaria; las restricciones a la importación; la presión tributaria; los costos extra de medidas intervencionistas y, principalmente, el efecto de la emisión monetaria récord de 2020 para cubrir el déficit fiscal catapultado por la pandemia. De ahí que Guzmán se haya ganado el aplauso de los empresarios presentes por haberse convertido en el único integrante del gabinete en admitir que la inflación es un problema macroeconómico y usar un léxico similar al de sus interlocutores cuando se refirió a la necesidad de construir reglas de juego previsibles para todos los sectores de la economía.

Si bien el diálogo es necesario, esto no significa que pueda cumplirse el objetivo oficial de quebrar la inercia inflacionaria de los últimos meses para alinear las expectativas en torno del 29% anual incluido en la ley de presupuesto y que los analistas privados elevan a 50%. Por más que el ministro haya cuestionado las proyecciones del REM y anticipara una pauta de 24/25% anual para el ajuste del tipo de cambio oficial, no despejó las incógnitas sobre el descongelamiento de tarifas para evitar mayores subsidios, las proporciones de emisión y deuda en pesos para financiar el desequilibrio fiscal de 4,5% del PBI y la magnitud del déficit cuasifiscal del BCRA por la colocación de Leliq y pases para absorber excesos de liquidez, que implican emisión a futuro.

No solo eso. Muchos empresarios creen que la revisión de costos demorará el ajuste de precios máximos retrasados o el "deslistado" de algunos productos. También que el Gobierno se ha convertido en una torre de Babel, donde el Presidente es el único traductor -no siempre eficaz- de los diferentes idiomas que hablan funcionarios provenientes su propio núcleo, La Cámpora, el Instituto Patria y los sectores más radicalizados del FdT, por lo cual descuentan otras puestas en escena de cara a la campaña electoral.

Por caso, el mismo día del lanzamiento de los acuerdos con empresarios y sindicalistas, se anunció que organizaciones sociales afines al oficialismo vigilarán el cumplimiento de los precios cuidados y máximos (prorrogados hasta el 31 de marzo), así como la creación del Consejo Federal de Comercio Interior. Difícilmente estos mecanismos corrijan distorsiones como la brecha registrada en enero entre el índice de precios al consumidor del AMBA (3,3%) y del NOA (5,5%), debido a la suba adicional de 3,6 puntos porcentuales en los precios regulados y de 1,8 en la inflación núcleo. En cambio, las empresas se enteraron por los medios que con la vuelta parcial de las clases presenciales deberán otorgar licencias a padres o madres de chicos en edad escolar. Ya había ocurrido lo mismo con la prórroga de la prohibición de despidos, suspensiones y doble indemnización.

Más coordinada fue la reunión con las centrales sindicales (CGT y las dos CTA) para anunciar que las paritarias no tendrán techo. Cada vez que se usa esta figura hay una pauta oficial implícita, que en este caso es de 29% fraccionado en tres tramos más una recuperación de 2 o 3 puntos, similar a la que acaba de acordar el gremio bancario con revisiones en septiembre y noviembre. Aquí el Gobierno se adelantó con la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para excluir a 1,3 millones de trabajadores en relación de dependencia (con sueldos netos de $98.900 a $ 124.000), si bien no pudo evitar el oportunismo de Sergio Massa con el anuncio previo. En cambio, no abarca por ahora a los autónomos, siempre postergados con un mínimo irrisorio.

El costo fiscal, de $40.000 millones, sería compensado este año con la postergación del cronograma de rebaja del impuesto para las empresas, que implica un impacto negativo sobre la inversión. Otro tanto ocurre con la incorporación de activos productivos a la base imponible del "aporte solidario" (impuesto) a las grandes fortunas, que no tuvo instancias de diálogo y cuyo vencimiento fue fijado para el 31 de marzo. Según algunos analistas, la liquidación de dólares para afrontarlo influye en la actual baja del dólar blue que redujo la brecha cambiaria a algo menos de 60%. Y para completar el cuadro, en abril habrá un anticipo de Bienes Personales sobre el impuesto aún no declarado de 2020, que se superpondrá con los pagos correspondientes a 2019.

Como contracara, no hubo respuesta oficial para la propuesta de los industriales de la alimentación nucleados en Copal y recogida por la Mesa de Enlace, de destinar parte de la recaudación de retenciones a devolver el IVA y bancarizar las compras de la canasta básica con la tarjeta Alimentar, cuyo monto acaba de ser aumentado en 50% y permitiría focalizar el subsidio estatal sobre 1.200.000 personas de bajos ingresos.

A juzgar por las declaraciones del Presidente, el Gobierno prefiere subsidios privados como el fideicomiso que, a instancias de la Secretaría de Comercio, las empresas de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) acordaron por un valor anual de US$190 millones para compensaciones intraindustria. Con este esquema, las empresas depositarán en un banco privado un porcentaje proporcional a su volumen de exportaciones para compensar la diferencia entre el precio externo y el máximo doméstico (atrasado en un 80%) sobre un volumen de 29 millones de litros mensuales de aceite de girasol y mezcla con soja (75% del consumo nacional). Este acuerdo de palabra rige hasta enero de 2022, siempre que no suban retenciones ni se apliquen cupos a exportaciones del complejo sojero. Casi como una compra de protección, difícilmente replicable en otros sectores menos concentrados.

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