La AFA quedó al borde de la intervención judicial

Se terminó el libre albedrío bancario y financiero para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A partir de ahora, deberá informarle a la Justicia, con 48 horas de antelación, sobre cada peso que pretenda gastar de los cientos de millones que recibe del Gobierno por Fútbol para Todos.

La orden la dio la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, que fue más drástica aún y dejó a la AFA al borde de la intervención si se detectaran nuevas irregularidades. Por eso, dispuso que la AFA deberá abrir una cuenta en el Banco Nación "con destino exclusivo" para recibir y gastar ese dinero con mayores controles, confirmaron fuentes judiciales al tanto de lo ocurrido durante las últimas 48 horas a La Nacion.

No sólo eso: cada centavo que salga de esa nueva cuenta bancaria será a través de una transferencia electrónica que deberá contar con todos los datos de su destinatario o mediante "cheques cruzados y librados no a la orden" con los nombres de la persona o la empresa que recibirá ese pago.

O dicho de otro modo: adiós a los pagos al contado y por ventanilla con fondos de Fútbol para Todos. O a los cheques voladores que terminaban, con suerte, en cuevas de la City porteña o el conurbano bonaerense.

La lupa de Servini de Cubría llegó a la AFA -y por vía indirecta también a la Casa Rosada- junto con sus veedores Alicia López y Alberto Piotti, quienes ingresaron anteayer en la sede de la calle Viamonte con una larga lista de pedidos. En tanto, el tercer veedor, Horacio Della Rocca, no fue a la AFA, pero también afila su lápiz.

Los pedidos apuntan a revisar qué hicieron las autoridades de la AFA con el dinero de Fútbol para Todos desde que sellaron un acuerdo con la Casa Rosada en agosto de 2009 hasta hoy, pero también elevar los controles hasta que concluya la labor de los veedores, sea porque Servini de Cubría no prorroga sus tareas o, por el contrario, los convierte en interventores.

"La AFA se manejó hasta ahora como un restaurante de barrio o una ferretería, con fondos que salían sin mayor control; esto tiene que terminarse", argumentó un informante de los tribunales federales de Comodoro Py, visión que niegan desde la AFA.

Una segunda fuente tribunalicia completó esa visión con una paradoja: "Si a partir de ahora, bajo la mirada de los veedores, las cuentas de la AFA comienzan a cerrar y a sanearse las cuentas de los clubes, la pregunta es obvia: ¿qué pasó antes que no cerraban los números?"

Por esa razón, las órdenes de Servini de Cubría con que los tres veedores ingresaron en la entidad que lideró Grondona durante casi cuatro décadas son precisas, tanto sobre lo ya gastado como sobre lo futuro.

Hacia atrás, la AFA deberá entregar copia de los extractos de la cuenta 1/6 que operó en el Banco Credicoop desde que comenzó a recibir fondos del Gobierno, como así también copias de todos sus registros societarios y contables, memorias y balances entre 2010 y 2014.

El sucesor de Grondona, Luis Segura, también deberá entregar copias de los manuales de procedimientos administrativos y contables de la AFA, de sus informes al Tribunal de Cuentas de la propia entidad, y de los reportes que este tribunal pueda haber emitido durante estos últimos años. ¿Por qué? Porque los veedores analizarán si la AFA cumplió con las cláusulas del contrato que firmó con la Jefatura de Gabinete y que le impuso instalar un sistema de administración de los más de $ 6000 millones que recibió del Estado y gastó desde 2009.

La jueza, sin embargo, amplió aún más su espectro. Porque también le ordenó a la Asociación que le detalle cuánto dinero recibió cada club e indique qué criterio siguió para distribuir esos fondos. Es decir, ¿adoptó una pauta general o dependió de la voluntad discrecional de Grondona y, desde su muerte, de Segura?

También en la Rosada

Por vía indirecta, sin embargo, Servini de Cubría también revisará si el Gobierno cumplió con lo pautado al firmar el contrato de Fútbol para Todos. Para eso, le ordenó a la AFA que le entregue copias de los informes que cada mes debió recibir de la Jefatura de Gabinete con la lista de clientes y montos que facturó por la comercialización del programa.

De este modo, los veedores podrían cruzar lo que les informe la AFA con el análisis que ya completó la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los primeros años de Fútbol para Todos, en los que detectó un descontrol multimillonario.

El cruzamiento de datos, sin embargo, no se agotará con los informes de la AGN. Los veedores López, Piotti y Della Rocca también esperan reunirse con el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, el próximo lunes.

Por su parte, Segura y sus colaboradores también deberán informarle a los tres veedores si desde la AFA se dio algún tipo de conformidad a las cesiones de los derechos de televisación del fútbol que firmó el Gobierno durante estos años.

Este pedido no es casual. Apunta a los acuerdos que la Casa Rosada pudo sellar con la empresa Torneos, por ejemplo, cuyo entonces presidente Alejandro Burzaco se encuentra ahora en Italia a la espera de su extradición a Estados Unidos, acusado de actos de corrupción dentro de la trama conocida a nivel mundial como FIFAgate.

Si esos y otros requerimientos servirán para revisar qué hizo -y qué no hizo- la AFA durante los últimos cinco años, la Justicia también pretende controlar más de cerca los próximos pasos que dará la entidad madre del fútbol argentino.

Para eso, la AFA deberá informarle a los veedores en menos de 24 horas cada vez que reciba fondos del Gobierno, avisarle con un plazo mayor de 48 horas sobre cualquier gasto, notificarle de cualquier reunión ordinaria u ordinaria con 72 horas de anticipación, y entregarle copias de los informes de auditoría externa o del Gobierno que reciba a partir de ahora.

Y por si todo esto fuera poco, Servini de Cubría avanzó otro paso: le ordenó a la dirigencia del fútbol argentino que le detalle todas "las acciones y procedimientos" que aplicará de ahora en más para que todos los clubes cumplan con sus obligaciones del estatuto de la AFA. Su incumplimiento se castiga con expulsión, desafiliación o pérdida de la categoría.

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