Piden que vayan a juicio gerentes y empleados de River por haber "promovido" a la barra brava

A seis días de que River y Boca se vuelvan a enfrentar en el estadio Monumental por el torneo de la Súperliga el club de Núñez es noticia. Pero la novedad no tiene relación con la posible formación para el partido del domingo próximo ni con ningún aspecto deportivo sino con la investigación sobre la financiación de la barra brava. Un fiscal solicitó que empleados jerarquizados de la institución sean juzgados por haber promovido y facilitado la formación del "grupo de hinchas radicalizados autodenominados Los borrachos del tablón".

Así lo informaron a LA NACIÓN fuentes judiciales. El requerimiento de elevación a juicio fue presentado por el fiscal penal, contravencional y de faltas Norberto Brotto, a cargo de la causa que se inició el 5 de abril de 2018 cuando se detectó "una oferta de reventa de entradas por el Internet para el partido que se jugó ese día entre River Plate e Independiente de Santa Fe, de Colombia, por la primera ronda de la presente Copa Libertadores de América", competencia que el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo terminó ganando en una final que se jugó en Madrid contra Boca Juniors.

Brotto solicitó que vayan a juicio Gustavo Alejandro Silikovich, que durante cinco años y hasta marzo pasado fue gerente general de River Plate; Martín Grussi, gerente de Optimización de Procesos y Mejora de Experiencia al Usuario; Ignacio David, jefe del aérea denominada Ticketing, y Juan Ángel Daniel, que según el expediente judicial es el "encargado de boletos".

Fuentes de la institución explicaron: "En el club hay tranquilidad porque se hizo un sumario y se pidió que se habiliten todos los medios para investigar el hecho. Y un punto no menor es que no hay autoridades imputadas, por lo que no se considera que haya habido connivencia desdela dirigencia de River".

El representante del Ministerio Público también solicitó que se sienten en el banquillo de los acusados los utileros Juan Leonardo Díaz y Juan Antonio Maydana y el empleado del área de control Ariel Lucero. Lo mismo pidió para el sindicado jefe de la barra brava, Héctor Godoy, más conocido como Caverna, y José Uequín, vinculado con la hinchada.

Fuentes judiciales explicaron que algunos de los imputados podrían pedir la suspensión del juicio a prueba, instituto conocido como probation.

La investigación tuvo un avance importante el 23 de noviembre pasado, un día antes de la frustrada final de la Copa Libertadores, que debía jugarse en el Monumental. Ese día, la jueza penal, contravencional y de faltas Patricia Larocca ordenó allanar el domicilio del Godoy, en San Miguel, y el Uequín, en Villa Devoto.

En la casa de Caverna Godoy se secuestraron casi 300 entradas para la final de la Copa Libertadores y más de 7.000.000 de pesos. Días después se hizo un allanamiento en las instalaciones de River donde que se secuestraron entradas, una notebook y soportes informáticos.

El artículo 5 del régimen penal y contravencional para la Violencia en Espectáculos Deportivos prevé una pena de entre uno y seis años de cárcel para quien "determinare, promoviere o facilitare de cualquier modo la formación de grupos destinados a cometer delitos en espectáculos deportivos".

Las sospechas

Según el requerimiento de elevación a juicio al que tuvo acceso LA NACIÓN, el fiscal Brotto entendió que los acusados:

• "Materializaron la inscripción y/o asociación de por lo menos 264 hinchas identificados como ‘radicalizados’ o ‘barras’ en forma conjunta, identificándolos como grupo".
• "Llevaron a cabo las diligencias necesarias para poner en manos de Godoy, días previos a cada partido, las entradas que correspondían a los integrantes del conjunto referido, sin respetar el mecanismo web establecido por la institución para la obtención y retirada de tickets mediante la acreditación fehaciente de su compra. Tales entradas, fueron impresas en forma consecutiva y mediante un único operador, para luego ser entregadas a Godoy a fin de que él mismo, en su condición de jefe de la barra brava, disponga libremente de aquellas y, consecuentemente, del grupo de hinchas en cuestión, como claro signo de poder y mando sobre sus integrantes".
• "Facilitaron a Godoy, a través de Uequín, diversas entradas correspondientes a la venta interna del Club (para los distintos eventos futbolísticos disputados en el estadio, tickets que luego fueron utilizados para su reventa, logrando a través de aquella actividad ilegal parte del ingreso económico necesario para poder sostener, financiar y disponer del grupo en cuestión, además del beneficio económico individual que cada uno de los implicados en esa maniobra pudiesen haber obtenido".

Según la investigación de Brotto, para "lograr el acceso a las tribunas de la gran mayoría del grupo radicalizado sin levantar ningún tipo de sospecha, como así también para evitar cualquier tipo de inconveniente en su ingreso en el estadio en los días de partido, Godoy, junto a Grussi e y David, lograron la asociación directa de por lo menos doscientos sesenta y cuatro hinchas radicalizados, asignándoles la categoría de activo simple, clase la cual, permite el ingreso a las tribunas los días de partidos y no así el desarrollo de las distintas disciplinas que ofrece el club".

El representante del Ministerio Público explicó: "Godoy le entregó los listados de los barras a David, jefe de Ticketing, quien a su vez hizo entrega de los mismos al Centro de Atención al Socio (área que se encuentra bajo supervisión de la Gerencia de Servicios a cargo de Grussi), lugar en donde se materializó la inscripción como socios de los barras en cuestión".

Según el requerimiento de elevación a juicio, la "asociación" de los sospechosos fue durante 2018. "Como parte del financiamiento que hizo al sostenimiento en el tiempo del grupo radicalizado, Godoy, por medio de Uequín,y en connivencia con los utileros Díaz y Maydana, como así también con Lucero (, logró establecer un sistema para la obtención de entradas provenientes de la venta interna del club, las que luego fueron introducidas al circuito de reventa, para el financiamiento de la barra", agregó Brotto.

Según el fiscal, "Díaz, Maydana y Lucero, a pedido de Uequín, adquirieron diversas entradas por intermedio del canal de venta interna del club, entradas que luego entregaron a Uequín (abonando éste, por cada una de aquellas, un precio superior al de su salida de venta al público), quien a su vez las ingresó al mencionado circuito de reventa, ofreciendo las mismas a precios aún superiores, obteniendo los señalados empleados del un rédito económico en beneficio propio y el nombrado Uequín grandes sumas de dinero útiles para el financiamiento de la barra".

Para Brotto, estas "maniobras" se hicieron con la "anuencia" de Silikovich quien "ha tomado parte en las mismas, permitiendo, consintiendo y facilitando su desarrollo".

En su presentación, el fiscal Brotto explicó que los "imputados efectuaron sus descargos respecto de los hechos que le fueron atribuidos, acto de defensa que no logró conmover la decisión que a través del presente requerimiento de juicio viene a postular el suscripto, quien considera que las conductas que le fueron atribuidas deben resolverse en el marco de la audiencia de juicio oral aquí peticionada".

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