Las elecciones en Boca: cómo sigue la causa de la investigación del padrón tras el apartamiento de la jueza Alejandra Abrevaya y quién la reemplaza

El apartamiento temporal de la jueza Alejandra Abrevaya al frente de la causa que investiga las presuntas irregularidades en el padrón de Boca profundizó la grieta entre el oficialismo y la oposición, y generó un nuevo escenario político a menos de dos semanas para la posible fecha de elecciones. Tras el pedido de recusación presentado el viernes último por la lista encabezada por Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal, Abrevaya ratificó su intención de continuar al mando del proceso y, tal cual indica el Código Procesal, envió el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones para que resuelva los pasos a seguir.

Por lo pronto, y hasta tanto definir la situación de Abrevaya, la Cámara sorteó a Analía Victoria Romero, del Juzgado Civil N°64, como jueza subrogante. Un dato no menor: Romero es socia de Boca desde el año 2013, con carnet N° 196.379, está en condiciones de votar y es acusada por la lista oficialista de haber obtenido su condición de socia activa sin pasar antes por la categoría de adherente.

El martes pasado, la doctora Abrevaya había dado lugar a una denuncia civil del candidato a presidente de Boca por la oposición, Andrés Ibarra, y tras ordenar un peritaje informático en las oficinas de la Bombonera dictó una medida cautelar que obligó al club de la Ribera a posponer los comicios pautados para el domingo 3 de diciembre. Según el fallo de la jueza, 13.364 socios adherentes adquirieron la condición a activos (es decir, su derecho a votar) entre los meses de agosto y noviembre de 2021, justo antes de cerrarse el padrón, de manera “anómala” y sin respetar el orden de “prioridad” que establece el artículo 19 del Estatuto.

Del lado del oficialismo rebatieron los considerandos de Abrevaya y esgrimieron que, de acuerdo al artículo 6 del mismo reglamento, la dirigencia de turno tiene la potestad de “fijar periódicamente las políticas de ingreso de socios y los cupos conforme la capacidad del estadio y las altas y las bajas que se produzcan”. El jueves de la semana pasada hubo una mediación fallida en el 6° piso del Palacio de Tribunales. El resultado negativo de la conciliación echó por tierra la posibilidad de votar en la fecha fijada. Y 24 horas después partió desde Boca un pedido de apelación a la cautelar dictada por Abrevaya y un pedido de recusación a la jueza.

Además de denunciar “irregularidades” en el proceso judicial, el oficialismo de Boca cimentó su pedido de recusación en el vínculo familiar que existe entre la jueza Abrevaya y un dirigente político de peso ligado a Juntos por el Cambio. ¿De quién se trata? De Sergio Fernando Abrevaya, presidente del partido GEN, que apoyó la candidatura de Patricia Bullrich en las últimas elecciones presidenciales. Al mismo tiempo, aseguran que el exlegislador porteño fue inscripto como socio activo de Boca el 14 de febrero de 2019, sin haber poseído jamás su carnet como adherente.

En el caso de no continuar Abrevaya, la causa caería en manos de la doctora Analía Victoria Romero, quien es socia activa de Boca desde el 7 de mayo de 2013 y, de acuerdo al padrón que ella misma podría llegar a investigar, está habilitada para sufragar. Horas después del sorteo, desde el oficialismo dejaron trascender que Romero también habría conseguido la condición de activa de manera directa, sin haber pasado por adherente.

Aunque el vínculo de la jueza con Boca iría más allá de su carnet de socia. Según pudo averiguar LA NACION, Romero está casada con José Luis Bournissen, el juez que en 2015 exigió a Boca la reincorporación como socios de los barrabravas Rafael y Fernando Di Zeo; mientras que los dos hijos de la pareja se habrían hecho socios activos de Boca el mismo día que su mamá, aunque no figuran en el padrón. Desde el club, a su vez, hicieron circular una nota fechada el 5 de marzo de 2018, en la que el Ejecutivo Nacional solicita a la Cámara de Senadores de la Nación la designación de la doctora Romero como jueza de primera instancia en lo civil. ¿Vendrá un nuevo pedido de recusación? ¿Pedirá la propia jueza inhibirse de la causa?

De ser ratificada al frente del proceso, la jueza Analía Romero podría validar la cautelar dictada por Abrevaya o dar marcha atrás con la medida de su predecesora, aunque desde el espacio de Andrés Ibarra consideran que, luego de la apelación presentada por el oficialismo, será la Cámara la que determine qué hacer.

Ante el llamado de LA NACION, Andrés Ibarra descargó su bronca por la maniobra del oficialismo: “Lamentablemente, cuando Román dijo: ‘sería lógico que en diciembre no haya elecciones’. se deschavó solo. Vive en una mentira permanente. Los únicos que no quieren votar son ellos. Nosotros queremos votar, pero no vamos a permitir que truchen el padrón. Acá los principales perjudicados son los socios de Boca y el club como institución”. Sobre el cambio de jueza, en tanto, aseguró: “Desvían el foco. Si el oficialismo hubiese estado dispuesto a revisar el padrón con consultores técnicos de ambas partes y el mismo perito informático que detectó las irregularidades, ya hubiésemos votado y no estaríamos discutiendo sobre quién es la jueza”.

Por lo pronto, las elecciones en Boca continúan sin tener fecha. La oposición ya fue notificada de la apelación del oficialismo y este martes enviará una nota al Juzgado interviniente para ratificar su postura: no votar hasta tanto se depure el padrón. La Cámara analizará los fundamentos de cada parte y efectuará esta semana un dictamen definitivo. Si revoca la cautelar que dictó Abrevaya, las elecciones podrían realizarse el domingo 17 de diciembre, el último fin de semana libre antes de fin de año (el 10 asume Javier Milei y luego vendrán las Fiestas) Si la Cámara sostiene el fallo, los comicios se aplazarían para los primeros meses de 2024, luego de la feria judicial.

Consultados por LA NACION, tanto el oficialismo como la oposición consideran conveniente votar el 17 de diciembre, aunque los tiempos de la Justicia suelen demorar más de la cuenta. La Cámara se comprometió a dictar un fallo “lo más rápido posible”, aunque la posibilidad de votar a fin de año parece, a esta altura, cada vez más lejana.

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