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La Conmebol denuncia y sospecha de Nicolás Leoz y de Eugenio Figueredo
En una presentación en la Justicia se habla de lavado de dinero y asociación criminal
La Confederación Sudamericana de Fútbol radicó ayer una denuncia penal para investigar su pasado reciente por “apropiación, lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y lavado de dinero”. La acusación se basa en el informe de auditoría forense que realizó la empresa Ernst & Young y que fue presentado durante el último congreso de la entidad rectora del fútbol sudamericano, realizado en Santiago, Chile. La presentación involucra a dos de los últimos presidentes del fútbol subcontinental: el paraguayo Nicolás Leoz y el uruguayo Eugenio Figueredo.
El objetivo de la Conmebol es reconstruir la ruta de casi 129 millones de dólares y recuperarlos. El documento presentado en la justicia paraguaya, al que tuvo acceso la nacion, identifica varios mecanismos mediante los cuales se habría desviado el dinero: US$ 10,42 millones transferidos entre 2000 y 2005 a cuentas de Banco do Brasil a nombre de Nicolás Leoz; US$ 16,52 millones girados entre 2005 y 2009 a cuenta de NL Stevia S. A. (creada por el propio Leoz junto con sus hijas María Celeste y Nora Cecilia el 17 de agosto de 2005); US$ 33,28 millones derivados entre 2000 y 2004 a cuentas no identificadas; US$ 58,02 millones a empresas denunciadas en Estados Unidos por presuntos lavado de dinero, fraude y soborno, todas incluidas en la acusación del FIFAgate. Además, la Conmebol denunció que entre 2011 y 2013 se instruyó a T&T (una empresa radicada en Islas Caimán que supo tener los derechos de televisación de la Copa Libertadores desde fines de los noventas hasta el año pasado) para que librara pagos por US$ 10,42 millones a empresas acusadas en el FIFAgate, como Yorkfields S. A., Cross Trading S. A., Arco Business Development Ltd. y Torneos y Competencias.
“Desde fines de los noventas, cualquier paraguayo de a pie necesita hasta un certificado de la vacuna contra la aftosa para transferir medio millón de dólares. Leoz giró varios millones de dólares. Y nadie dijo nada”, cuenta desde Asunción Osvaldo Granada, integrante del estudio jurídico contratado por la Conmebol para seguir este asunto. Y agrega: “El objetivo de máxima es que el organismo sea víctima del accionar de sus presidentes. Pero el problema es la cantidad de años que pasaron. Un ejemplo: los bancos están obligados a mantener los registros contables de cinco años para acá. Hay transferencias que datan del año 2000”. Granada es optimista: piensa que esta semana la justicia paraguaya debería designar al fiscal encargado de investigar la denuncia. Y cree que puede haber resultados satisfactorios a corto plazo. “El trabajo de Ernst & Young está muy bien conceptuado”, ejemplifica. Granada advierte que la denuncia no es contra personas específicas.
En ella, además, la Conmebol advierte a la justicia paraguaya del accionar de Banco do Brasil, usado durante años para transferir el dinero. “Resulta llamativo, en particular, que el Banco do Brasil no reportara como sospechosas semejante volumen de operaciones insólitas y sin fundamento razonable”, se pregunta la Conmebol en la denuncia judicial. Y prosigue: “Esto es así respecto de la gran cantidad de transferencias de dinero de cuentas institucionales de la Conmebol a cuentas personales o comerciales de Nicolás Leoz”.
Al igual que ocurrió en tribunales de Estados Unidos, la Conmebol procura posicionarse como víctima en los estrados paraguayos. Es un primer paso para procurar recuperar parte del dinero que, a juicio del actual presidente, Alejandro Domínguez, le pertenece. “Las operaciones señaladas en el reporte de Ernst & Young ponen en evidencia que la Conmebol fue gravemente afectada, desde el punto de vista patrimonial, por un esquema de administración desleal y fraudulenta, prolongado y continuo en el tiempo [...]. Las operaciones más graves se registraron en el período 2000-2014, bajo la presidencia y administración de los señores Nicolás Leoz y Eugenio Figueredo”, se señala explícitamente.
La justicia paraguaya tendrá la última palabra.
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