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FIFAgate: la justicia argentina le pidió información a EE.UU.
La jueza Servini de Cubría requirió datos sobre los vínculos de Alejandro Burzaco y Torneos con Fútbol para Todos; podrían surgir detalles sobre empresarios, dirigentes de la AFA y funcionarios públicos
La jueza federal María Romilda Servini de Cubría requirió a la Justicia de Estados Unidos que le entregue toda la información que posea sobre el ex CEO de Torneos, Alejandro Burzaco , quien permanece con prisión domiciliaria en Nueva York, y los empresarios Hugo y Mariano Jinkis , excarcelados la semana pasada por el juez Claudio Bonadio.
El objetivo final de Servini de Cubría, quien instruye la investigación local sobre Fútbol para Todos , es corroborar si aparecen datos vinculados a esa iniciativa del Gobierno argentino –centrados en la Jefatura de Gabinete– y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en algún tramo de la pesquisa conducida por las autoridades estadounidenses, bajo el mando máximo de la procuradora Loretta Lynch.
Para eso, según surge de la copia de ese exhorto que obtuvo la nacion, Servini de Cubría envió su solicitud al Juzgado Federal de Primera Instancia para el Distrito Este de Nueva York, a cargo del llamado FIFAgate, amparada en el Tratado de Asistencia Mutua en Asuntos Penales, firmado por los gobiernos de la Argentina y Estados Unidos.
La magistrada argentina basó su solicitud en las oportunidades que ofrece el acuerdo de colaboración judicial que firmaron ambos países en diciembre de 1990. Establece que cualquiera de los dos puede ser requerido para informar, entre otros datos, sobre "la descripción de las pruebas, la descripción de la forma en que han de tomarse y hacerse constar los testimonios o declaraciones; la lista de las preguntas que han de formularse; la información sobre las indemnizaciones y los gastos a que tendrá derecho la persona", que en este caso alcanza a Burzaco y a los Jinkis.
El tratado bilateral establece, además, que ambos países deben cooperar en "la facilitación de documentos, expedientes y elementos de prueba", aunque el exhorto que firmó Servini de Cubría también requiere a sus colegas estadounidenses la tipificación de los delitos que se denuncian contra los argentinos.
La jueza pretende, en particular, que la Justicia de Nueva York informe si entre la documentación obrante en el expediente del FIFAgate o en alguna de las declaraciones (de testigos o de imputados) "se hace referencia o se relacionan al erario público destinado por el Estado Nacional Argentino al Programa 42 de la Jefatura de Gabinete, denominado ‘Fútbol Para Todos’". De ser así, continúa el exhorto, "remita copias debidamente autenticadas de los mismos".
Por último, la magistrada quiere saber si algún dirigente o ex dirigente de la AFA se encuentra mencionado en el sumario instruido contra los 14 directivos de la FIFA y ejecutivos de marketing acusados por la Justicia neoyorquina en la investigación del escándalo por supuestas coimas y lavado de dinero en el fútbol mundial.
¿Qué puede hacer ahora Estados Unidos? Con la firma de Servini de Cubría, el exhorto inició un recorrido burocrático que incluirá escalas en la Cancillería argentina y los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos. Si supera esos primeros filtros, llegará a la jurisdicción de Nueva York, donde el juez requerido, Raymond J. Dearie, evaluará si corresponde colaborar o rechaza la solicitud.
A la luz de los antecedentes, ambas opciones son posibles. La propia Servini de Cubría sabe de eso a la luz de su trabajo en las causas sobre los hermanos Rohm, la mafia del oro o el BCCI, entre otros.
Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos evalúan cuál es su posición caso por caso. Así, cuando la Justicia argentina apuntó contra el supuesto valijero Guido Alejandro Antonini Wilson, de doble ciudadanía venezolana y estadounidense, chocó contra una pared. Por el contrario, cuando requirió datos bancarios sobre el fallecido fiscal Alberto Nisman, recibió información clasificada sobre una cuenta en el banco Merril Lynch de Nueva York.
Ahora, Servini de Cubría pretende conocer qué saben los investigadores de Estados Unidos sobre empresarios, directivos de la AFA y, llegado el caso, funcionarios públicos argentinos involucrados en el programa Fútbol para Todos. A la luz de esos mismos precedentes, la respuesta puede demorar unas pocas semanas o años. O no llegar nunca.
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