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Julio Grondona anunció que la Asociación del Fútbol Argentino "acatará la decisión del juez Juan Garibotto", que dejó sin efecto la libertad de contratación de seis futbolistas del Deportivo Español. Esto desemboca en un conflicto de intereses, ya que Futbolistas Argentinos Agremiados, por medio de su representante Sergio Marchi, exige la libertad de acción de los jugadores, bajo amenaza de una huelga general que paralizaría los campeonatos en el caso de que la demanda no sea satisfecha. Eso podrían determinarlo hoy, a las 15.30, en la reunión extraordinaria que mantendrán los secretarios Carlos Della Savia, Carlos Pandolfi, Juan Carlos Touriño, Jorge Domínguez, Omar Crocitas y Marchi con los asesores letrados Juan Confalonieri y Juan Suñe. Se evaluarán las medidas por adoptar para defender su postura de libertad de acción.
Gustavo Campagnuolo, Marcelo Pontiroli, Mauro Potenzoni, Eduardo Fuentes, Sergio Castillo y Pablo Guede son los futbolistas que se consideran desvinculados de la entidad del Bajo Flores desde el 1° de julio. En un principio, la AFA estaba dispuesta a otorgarles la libertad de contratación, pero como ayer Garibotto, titular del Juzgado de Primera Instancia en la Comercial Número Dos, ratificó la medida cautelar en favor de Español, Grondona resolvió supeditarse a la Justicia ordinaria.
"Estamos de acuerdo con Agremiados; no creo que tengamos un enfrentamiento con ellos porque pensamos lo mismo, pero no podemos desobedecer la decisión de la Justicia. Si Español no estuviera en convocatoria de acreedores, los futbolistas serían libres. Yo no puedo estar en el pensamiento del juez, y creo que por los hechos acaecidos entre mi persona y la Justicia, lo mejor que puedo hacer es callarme", comentó Grondona, cuyo último concepto se refería a la causa -ya archivada- en la que declaró hace varios meses por supuesto encubrimiento de casos de doping.
Los seis jugadores involucrados y Agremiados apoyan su pedido por la omisión de una cláusula en sus contratos firmados el 30 de junio de 1996 por doce meses. Habitualmente, en todos los convenios aparece una prórroga automática por dos años más, que en este caso figuró tapada por una serie de barras.
Garibotto declaró la nulidad de esos contratos, en virtud de que no se puede afectar el patrimonio de una entidad en convocatoria de acreedores.
A mediados de 1996, el presidente de Español era el controvertido Francisco Ríos Seoane, que acusó a los empleados Horacio Rodríguez y Mariela Jáuregui -ya despedidos- de cometer ese error administrativo de manera deliberada. Incluso, los señaló como autores de una premeditación combinada junto con los futbolistas. El actual titular de Español, Manuel Rilo, desea que se respete la resolución de Garibotto, pero desconfía de las apariciones públicas de Ríos Seoane. "Cuando le ponen un micrófono dice cosas sin pensar, de las que después ni se acuerda. Habría que ponerle un bozal para que no hable", dijo Rilo.
Los dirigentes de Español advirtieron ya hace un tiempo esa irregularidad contractual, pero los futbolistas dicen que nunca se les propuso extender el vínculo. El club se siente perjudicado económicamente, ya que la ida de los jugadores no les reportará ni un peso, y también deportivamente, pues no los tendrá para el final del Clausura (el lunes, ante Platense, debutó Eduardo González, que era el tercer arquero del plantel).
Los jugadores ya buscan nuevos horizontes. Campagnuolo se encuentra en España negociando su incorporación al Valencia.
El fútbol argentino, o la AFA por mejor decir, nuevamente se encuentra frente a una encrucijada. Por un lado de acuerdo con sus reglamentos y por el pensamiento corporativo e individual de sus dirigentes, se inclina por la razón de los jugadores del club Deportivo Español y suscribe la libertad de acción.
Por el otro, de acuerdo con sus postulados como asociación civil no puede contraponerse a la decisión de un juez en lo civil y comercial -en este caso Juan Garibotti, a cargo de la convocatoria de acreedores de la institución en litigio con los seis futbolistase- que resolvió no solamente no innovar si no que, además planteó una sospecha sobre el procedimiento de los dirigentes de la entidad en el problema derivado por la extinción de los contratos.
En el medio, una entidad sindical como Futbolistas Argentinos Agremiados enarbola los derechos de sus afiliados y sostiene a raja tabla que no cabe otra decisión que conceder la libertad de acción de Campagnuolo, Pontiroli, Potenzoni, Fuentes, Guede y Castillo. Pero con énfasis pone sobre el tapete un argumento constitucional para defender su posición: la huelga.
El paro, anunciado tibiamente días antes del 30 de junio último, fecha en que los futbolistas de Español se consideraron libres, volvió a cobrar fuerza el viernes tras un diálogo de los secretarios gremiales de FAA con Julio Grondona, y se mencionó claramente ayer.
Por obra y gracia del conflicto instalado, el vapuleado campeonato Clausura que se interrumpió por acuerdo de los dirigentes, podría volver a suspenderse, esta vez por decisión de los futbolistas.
Como un bálsamo para agotar negociaciones que hasta anoche no quedaron muy claras, este domingo juegan la Argentina y Venezuela, obligando naturalmente a un receso que, acaso, sirva para salir de una nueva encrucijada.
"Esto está muy claro. Aquí no hay ningún tipo de negociación, ningún tipo de transa. Queremos que se respeten los reglamentos de la AFA. Los jugadores de Español son libres y eso lo defenderemos a muerte". A partir de esta sentencia de Sergio Marchi, secretario gremial de Futbolistas Argentinos Agremiados, queda claro que más allá de las decisiones tomadas por la Justicia, primero, y por la AFA, después, no habrá renunciamientos en la lucha por la libertad de acción de los futbolistas Campagnuolo, Pontiroli, Potenzoni, Guede, Fuentes y Sergio Castillo.
Agremiados todavía no contaba con la notificación oficial de la AFA que indicaba que los jugadores seguían perteneciendo al club del Bajo Flores cuando Marchi fue consultado, pero la decisión de Julio Grondona ya era pública. Y Marchi la conocía.
Entonces insistió en la inflexible postura: "Los reglamentos de la AFA son claros y los contratos allí registrados representan un acuerdo de partes. Si esto no se cumple, estaríamos ante una inseguridad jurídica tremenda. No tendría sentido firmar contratos porque no se respetarían. Esto avasalla los derechos de los futbolistas, respaldados por el convenio colectivo de trabajo".
La pregunta se caía de madura. ¿Habrá huelga? Por lo pronto, hoy, desde las 15.30, habrá una reunión entre la cúpula de Agremiados y los asesores letrados de la entidad para determinar qué medidas se pueden tomar.
Marchi lo explicó así: "La huelga siempre es una posibilidad que manejan los trabajadores. Habrá que evaluarlo con los futbolistas. Ellos están en alerta, los informaremos de la situación y serán los que decidirán los pasos a seguir".
Los jugadores involucrados en el conflicto están al tanto de todas las novedades que se producen y de los pasos que da Agremiados. El mismo Marchi admitió: "Hablo permanentemente con ellos. Tienen un estado de ansiedad importante, pero saben que están respaldados por el fútbol argentino, que los asiste la razón. Queremos que los argentinos empecemos a respetar lo que está reglamentado".
Por último, Marchi también se refirió a la actitud de Deportivo Español: "Yo trato de defender a los futbolistas. Entiendo las reacciones de Español, pero no las comparto. Futbolistas Argentinos Agremiados jamás ha solicitado una libertad de acción que no correspondiese. Siempre evaluamos primero la situación y luego le decimos al afiliado si corresponde o no actuar".
El ex presidente de Deportivo Español, Francisco Ríos Seoane, presentó una denuncia penal para que se investigue la presunta falsificación de instrumento privado y estafa, a raíz de lo que consideró "fraudulenta libertad de acción" de seis jugadores del plantel profesional de fútbol de la institución.
La acción quedó radicada ante el juez de instrucción Alberto Seijas. En ella, el empresario alude al supuesto conflicto con los futbolistas; aduce que, cuando él dejó la presidencia del club, en los contratos quedó inserta la claúsula que establecía los dos años de prórroga. Del mismo modo, dijo que ignora quién o quienes pudieron haber testado esa claúsula "para beneficiarse con la eventual libertad de acción de los futbolistas.
El penalista Gustavo Romano Duffau, apoderado legal de Ríos Seoane, declaró ayer en los tribunales de la Capital Federal que "los ilícitos que se piden sean investigados prevén penas de hasta seis años de prisión."
El abogado agregó que "llamativamente se testaron los lugares del contrato donde se acordaba la prórroga por dos años de los seis jugadores."
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