Corrupción paralímpica: una entrenadora y un dirigente les habrían pedido dinero a atletas

Marco Pulleiro y Lucas Poggi hicieron la denuncia ante el Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento) en febrero de 2014. Dos años y medio empleó el tribunal de disciplina de la entidad para llevar adelante la investigación en la que los nadadores paralímpicos afirmaron que su entrenadora, Marcela Belviso –que recibía una beca del Enard–, y el dirigente Ricardo Cristofani, tesorero del Comité Paralímpico Argentino (Copar), les habían pedido el 10% de un premio que habían ganado por ser medallistas en los Juegos Parapanamericanos de Guadalajara, en 2011. El tribunal fue contundente en cuanto a su veredicto: Belviso y Cristofani habían incurrido en al menos una actitud “antiética”, tal como informó LA NACION el mes pasado.

En la investigación de la entidad deportiva se verificó que, efectivamente, recibieron el dinero. El tribunal del Enard le propuso al directorio ejecutivo, presidido por Carlos Mac Allister y Gerardo Werthein, una sanción de entre 30 y 50 días de suspensión para Belviso, y de entre 40 y 60 días para Cristofani, y les exigió la devolución del dinero a los atletas. El comité ejecutivo determinó que el caso fuera decidido por el Copar, cuyo presidente, José María Valladares, tiene a Cristofani como una de sus personas de máxima confianza. Y a pesar de que el dinero provenía del propio Enard.

¿Qué decidió el comité de ética del Copar , que no existía y al que se debió improvisar en diciembre pasado? Sugirió a los asambleístas que se sancionara a Belviso y a Cristofani, como lo indicó el Enard y, además, que se expulsaran a ambos para que no volvieran a ejercer como entrenadora y como dirigente.

Finalmente, con tres votos (dos de los cuales fueron del presidente del Copar y de su esposa, María Cristina Spara, presidenta de la Federación de Silla de Ruedas, en la cual Cristofani ejerce como tesorero), se decidió la suspensión de Belviso y Cristofani por seis meses, sin que fuera necesario que devolvieran el dinero a los deportistas. Hace un tiempo, ambos dejaron en claro que no hablarían del tema.

En cambio, en diálogo con LA NACION, Valladares, el presidente del Copar, afirmó: “Se discutió mucho el tema. No hay un motivo específico [por el cual no se les exigió la devolución del dinero]. Tal vez no se completó ese tema, podrá ser motivo de una posterior cuestión”, dijo. En 2011, ese monto era de, al menos, 10.500 pesos. Si se indexa por inflación, el número debería ser mucho más elevado en 2017. En cuanto a la sanción, Valladares aclaró que no se llevó a cabo de acuerdo con los estatutos del Enard: “Se actuó conforme con lo establecido por los estatutos del Copar”, argumentó el directivo.

La decisión de los asambleístas no fue por unanimidad y, según fuentes consultadas por LA NACION, el comité de ética envió una nota al secretario de Deporte, Carlos Mac Allister, presidente del Enard, en la que se insistió en que Belviso y Cristofani fueran sancionados con la expulsión. En la misma misiva se aclara que la sanción de dos meses propuesta por el Enard es escasa “para el común de otros estatutos que llegan al apercibimiento, amonestación o suspensión hasta dos años y luego su expulsión”. Un dirigente del deporte argentino, que prefirió el anonimato, se mostró preocupado por el antecedente que la sanción podría establecer: “O sea, yo mañana extorsiono a un atleta y la máxima condena que me pueden dar es de seis meses…”, advirtió.

A Belviso se le interrumpió la beca del Enard, pero este mes recibió la beca de la secretaría de Deporte de LA NACION. Desde ésta aseguraron a LA NACION que esa beca se le suspenderá porque el jueves pasado recibieron la notificación de la sanción por parte del Copar.

El comité de ética también llevó a cabo una denuncia penal para que Belviso y Cristofani fueran investigados por “asociación ilícita”, “fraude a la administración pública nacional” y “abuso de autoridad y violación de los derechos de funcionario público”. En la denuncia, se afirma que “ha sido probada y reconocida la percepción de dinero”. Y aclara que hubo “faltas éticas que menoscaban el derecho a percibir plenamente las becas que por mérito propio cada atleta ha sido merecedor y no por ello tener que ser víctimas de presiones psicológicas, manipulaciones y objeto de agitación”.

Más de cinco años después de ocurridos los hechos, se dictaminó una primera sanción, cuya resolución se aceleró luego de que LA NACION hiciera pública la denuncia de Marco Pulleiro. La investigación fue lenta, al igual que su veredicto. La preocupación de Pulleiro y de otros atletas, convencionales y paralímpicos, es la misma. ¿Tienen los atletas las condiciones dadas para que sus derechos sean respetados? ¿Existen mecanismos eficientes y transparentes para hacer este y otro tipo de denuncias?

Un proceso lento que deberá ser revisado

María Julia Garisoain, ex remera, es quien en los últimos años representó a los atletas en la Comisión de atletas del Comité Olímpico Argentino y también integra el área de fortalecimiento del Enard. “Fue a veces frustrante que se demande tanto tiempo. Todo cambio necesita su tiempo. Al menos tuvo un fin y un conocimiento. Más allá de que estemos o no de acuerdo con el resultado final”, responde la ex atleta olímpica a LA NACION sobre los tiempos que demandó la investigación y la sanción final. “Esto marca un hito, que lo hicieron los atletas es súper valiente. Y están cambiando la historia de aquí en adelante”, añadió. Y anticipó un mecanismo posible para mejorar el proceso: “La idea es que se tenga una suerte de ombudsman del atleta que sea alguien externo y que todos estos procedimientos tengan una resolución mucha más veloz y un resultado que nos satisfaga a todos”. Hay dos mails, que Garisoaín asegura que son totalmente confidenciales, en la que los atletas pueden informar sobre situaciones irregulares. Estos son: atletas@coarg.org.ar y atletas@enard.org.ar .

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