Clubes en alerta por una ley que los obliga a pagar derechos de formación: ya hay dos demandas en curso

Dos fallos judiciales recientes sembraron la alarma entre los clubes de la Superliga . Ambas decisiones judiciales aplican la Ley 27.211, sancionada en noviembre de 2015, que establece el pago de los derechos de formación deportiva entre instituciones argentinas, y los obliga a abonar el 5% de los contratos brutos cada vez que firman un convenio con futbolistas formados en otras entidades. Los dos primeros casos involucran a Facundo Sánchez (hoy en Estudiantes, pero formado en Bochófilo Bochazo, de San Vicente) y a Nicolás Domingo (hoy en Independiente, pero iniciado en Unión de Totoras). En el caso de Sánchez, la demanda le implica a Estudiantes una erogación cercana a los $400 mil.

"Es una ley que entró en vigencia hace tres años y que le puede hacer mucho daño al fútbol, no sólo a los equipos grandes sino también a los del interior porque es una ley que abarca demasiado, que hace pagar a todo el mundo", dijo el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, luego de la reunión de comité ejecutivo de la Superliga, en la que se abordó el tema. El Bicho, que se jacta de ser el "semillero del mundo", podría llegar a usar la ley a su favor, e ir a reclamarles a todos los clubes que utilicen a futbolistas formados en La Paternal el 5% de sus contratos en concepto de derechos de formación. "Esto hará que cualquiera le pueda reclamar a cualquiera. Hoy cualquier jugador que Argentinos dejó libre y esté jugando en un equipo de la categoría inferior, ese club le va a tener que pagar a Argentinos un 5% del contrato".

Para defender sus intereses, los abogados de la Superliga trabajarán en el asunto durante las próximas semanas. Y no se descarta que pidan una audiencia con la Comisión de Deporte en la Cámara de Diputados, que preside el exmotonauta Daniel Scioli (Frente Para la Victoria). Más allá de que la ley tenga casi tres años de vigencia, ningún club del fútbol argentino había previsto en sus presupuestos el pago de derechos formativos por los jugadores de su plantel. El cumplimiento de esta normativa les suma a las tesorerías un nuevo problema luego de la devaluación del peso.

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