El tenis y la Policía, aliados en España para tratar de erradicar los arreglos de partidos y las apuestas ilegales

Los arreglos de partidos y las apuestas se convirtieron en una enfermedad difícil de sanar en el tenis. Los jugadores con mayores limitaciones para desarrollarse profesionalmente son los que más desprotegidos se encuentran y que muchas veces terminan siendo las víctimas de las oscuras organizaciones que se aprovechan, precisamente, de esas restricciones para evolucionar. España es, según los propios tenistas, uno de los países más afectados por este asunto: los torneos del nuevo calendario ITF World Tennis Tour, ex Futures, que se disputan en esa nación suelen estar poblados de apostadores. Por ello, la Real Federación Española de Tenis (RFET) reaccionó y se alió con la Policía Nacional: firmaron un acuerdo para luchar de manera conjunta contra las redes de crimen organizado dedicadas a los "amaños" de partidos. En el acto realizado en la sede de la Dirección General de la Policía, en Madrid, rubricaron un protocolo con el objetivo de poner en marcha un mecanismo de comunicación e intercambio de información que refuerce la investigación y el control de las actividades fraudulentas.

"En los últimos años hemos solucionado algunos episodios, pero el problema sigue ahí, latente", reconoció el presidente de la RFET, Miguel Díaz Román. "Las mafias abordan sobre todo a los chicos jóvenes que juegan torneos pequeños, a aquellos que quieren ser profesionales. Son muy vulnerables, cae con facilidad en estas redes", subrayó el dirigente, según el diario El País. La Policía aplicará un protocolo de seguimiento similar al de la corrupción en el fútbol.

De esta manera, en España, a la tarea de la Unidad de Integridad del Tenis (TIU, su sigla en inglés; un organismo creado en 2008 y con sede en Londres para tratar de combatir la corrupción en ese deporte) y de la Federación Internacional de Tenis (ITF) se añade la colaboración policial. "La disparidad legislativa que hay a nivel internacional facilita la actividad de estas mafias", indicó el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, "pero en los últimos años se han producido operaciones muy importantes. Lanzamos un aviso a navegantes de que la Policía y la Federación de Tenis estamos en pie de guerra contra la corrupción en el tenis".

En una de las operaciones más importantes, denominada Kus-Napols, se desarticuló a un grupo liderado por armenios y georgianos, radicado en España, que al margen de la extorsión y los robos también operaba en el tenis. Por esa investigación hubo 132 detenidos. Además, en octubre pasado, la Guardia Civil española resolvió la Operación Bitures, con 15 arrestos y 83 implicados, de los que 28 eran jugadores de tenis profesionales. Uno de ellos fue Marc Fornell-Mestres, 236º de single en 2007.

La mafia de las apuestas y los arreglos de partidos en el tenis mueve millones de dólares. El 10 de febrero pasado, el argentino Marco Trungelliti (actual 11º de ATP) reveló, en LA NACION, el intento de soborno que sufrió en 2015 a través de una red de partidos arreglados y apuestas, que denunció y, según el santiagueño, generó que algunos jugadores argentinos sancionados a partir de esa investigación lo hostigaran.

El 21 de marzo pasado, además, el tenista suizo Johan Nikles (665º de ATP), harto de recibir amenazas por parte de los apostadores e indignado por la impunidad con la que se manejan en el circuito, le apuntó a la Federación Internacional: "Para la ITF es más importante el dinero que los jugadores".

Según un informe de la Unidad de Integridad del Tenis, en 2018 hubo un total de 264 alertas en los partidos, divididos de la siguiente manera: 163 en Futures, 39 en Challengers, tres en Grand Slam, cinco en el circuito ATP, tres en la WTA, 48 en los ITF femeninos y tres entre la Copa Hopman, la Copa Davis y la Fed Cup.

Uno de los últimos sancionados por la TIU fue el chileno Mauricio Álvarez-Guzmán (1050º de ATP en 2010), que fue suspendido de por vida por tratar de sobornar a un rival. La Unidad de Integridad del Tenis informó que el chileno le ofreció a su oponente 1000 euros para que perdiera un set durante un Challenger en Meerbusch, Alemania, en 2016. A Álvarez-Guzmán también se le imputó un delito relacionado con la compra de una invitación para disputar el campeonato ITF F27 Futures de Antalya, Turquía, el mismo año.

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