Un mapa de la libertad de prensa en Latinoamérica, según la SIP

Limitaciones en el acceso a la información en tiempos de crisis sanitaria, discrecionalidad en los poderes políticos para legitimar la veracidad de ciertas publicaciones, distintas formas de represión y cohesión frente a la labor periodística, desempeño de la actividad en escenarios de extrema polarización, acoso judicial e impunidad frente al asesinato y desaparición de periodistas. El mapa de la libertad de prensa en Latinoamérica arrastra e incorpora obstáculos puestos a debate estos días en un nuevo seminario de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Reconocidos profesionales y conferencistas de fama mundial presentan informes por países sobre los actuales escenarios. Entre estas voces, resaltaron en la jornada de hoy las reflexiones de Martin (Marty) Baron, quien fue director del Washington Post en la última década y a quien la entidad entregó esta mañana el Premio Chapultepec por sus méritos de excelencia.

“Demasiadas personas ya no desean estar informadas sino afirmadas. Nos debemos preguntar a dónde nos lleva todo esto. ¿Vamos hacia un tribalismo extremo, donde solo creemos lo que nuestras almas gemelas ideológicas dicen? ¿Nos dirigimos hacia un profundo escepticismo donde creemos que todo el mundo miente por razones egoístas? ¿O simplemente la gente llegó a la conclusión de que nadie puede llegar a saber qué es cierto o qué es falso y por lo tanto de nada sirve averiguar? Es un momento de estrés y conflicto para los que trabajamos en los medios de comunicación, pero nuestros derechos a la libertad de expresión carecerían de sentido si no los ejercemos. No es un tiempo para el silencio”, expresó el periodista.

El experimentado comunicador también defendió la independencia económica de los medios de los poderes políticos, explicó que su decisión de “jubilarse” de Twitter responde a su convicción de que las redes sociales no son espacios donde puedan darse “conversaciones intelectuales de complejidad, sino una manera de muchas personas de atraer atención sobre sí mismas”; valoró como positivo el pago de la suscripción a los medios para acceder a información de calidad (“practicar el periodismo requiere de dinero”, dijo) y compartió su interés por los problemas de desarrollo económico de América Latina.

Bajo la coordinación del periodista argentino Carlos Jornet (La voz del Interior), la Comisión de Libertad de Prensa e Información abordó los informes de distintos profesionales del continente sobre la situación en la región en relación a los casos de estigmatización y acoso físico, judicial y legal a medios y periodistas.

Colombia. La restricción del alcance de la libertad de expresión en el país y la preocupación que persiste ante amenazas y agresiones contra periodistas fue destacada por el comunicador Andrés Mompotes, quien mencionó el caso de un asesinato en este período y el “camino de las armas” asociado con el narcotráfico y grupos disidentes del acuerdo de paz con las FARC, así como los crecientes casos de acoso judicial “que están generando precedentes al determinar la justicia los límites entre una crítica periodística y el derecho a la honra de una persona”.

Honduras. “Persisten los peligros contra el ejercicio del periodismo, con el nuevo obstáculo de la suspensión de garantías constitucionales por la pandemia. En lo legal, hay disposiciones que podrían ser utilizadas para criminalizar la protesta social, así como la ley de secretos oficiales de 2014, que es considerada un obstáculo al acceso a la información pública”, expuso Sebastián Pastor.

Nicaragua. “Tras tres años de represión intensa, ahora lo es más contra el periodismo y los ciudadanos. La ley de ciberdelitos afecta directamente a toda persona, periodistas en especial, que por medios digitales realicen publicaciones y que según el Gobierno divulguen informaciones falsas, lo cual queda a su criterio. También se dan restricciones en coberturas y represiones policiales”.

Argentina. “Desde que comenzó la pandemia, la marca de atropello a la libertad de expresión en el país ha sido el acoso judicial”, señaló el periodista Daniel Dessein. “El caso más emblemático es el procesamiento, embargo y riesgo de dictar una prisión preventiva a Daniel Santoro sin elementos probatorios. Hay un intento desde sectores de la justicia y la política de desligitimar la función periodística y de desdibujar la relación del periodista con sus fuentes, junto a otros casos de abusos a la protección del secreto periodístico, con ataques a medios y atropellos a la libertad de expresión y contra los derechos humanos en general, también a periodistas, como ocurrió en Formosa”.

Panamá. “Siguen floreciendo querellas del expresidente Ricardo Martinelli, que acumula 38 contra periodistas y directivos querellados de La Prensa, con reclamaciones de 46 millones de dólares, y de otros ex dirigentes y magistrados. En el país, el demandante sin sentencia final puede promover el congelamiento de activos, cautelar que puede afectar directo al funcionamiento de los medios de comunicación, y sigue vigente un artículo penal que tipifica la injuria y la calumnia como un delito, además de registrarse un incremento de acciones policiales en protestas ciudadanas y detenciones que impiden el correcto desarrollo de la profesión. El patrón de las autoridades policiales de impedir la actividad periodística se acrecentó con las medidas de confinamiento”, manifestó Ricardo Trotti.

Ecuador. “El Gobierno de Guillermo Lasso anunció que se derogará la ley de comunicación modificada por el Gobierno en funciones y señaló que se va a promulgar un nuevo proyecto de ley que dice que garantizará el derecho al acceso a la información y al libre ejercicio del periodismo en el país. Se perfila un escenario más amigable, tras una campaña con muchos ataques a la prensa independiente. El ‘correísmo’ tiene todavía bastante espacio y eso quizás jugará en contra al intentar reformas sustanciales en el sistema de comunicación”, apuntó Gabriela Vivanco.

El Salvador. “El presidente Nayib Bukele sitúa a los periodistas como enemigos, han sido un flanco directo del ejecutivo. Hubo un deterioro muy grande en estos dos años, con vistas a un escenario peor. Decidió ponernos en la lista de opositores con acusaciones hacia el gremio, en conferencias no hay acceso a preguntas, responde líneas editoriales a través de Twitter y nos preocupa porque esa percepción se siente en la calle con episodios de amenazas y agresiones. Gente relacionada con el Ejecutivo suele tomar fotos de los periodistas y hay restricciones de accesos a hospitales y ministerios”, expresó Claudia Ramírez. Su colega Ricardo Avelar insiste en que “hay cuatro áreas donde se hostiga y amenaza la libertad de prensa: los ataques a periodistas, el uso regulador del Estado de premios y castigos a medios críticos, un bloqueo sistemático a la información -como en el proceso de vacunación-, y un aparato de propaganda fundado con fondos públicos, además de auditorías que se extralimitan y presiones a periodistas, como en El Faro”.

Cuba. El periodista Henry Constantín mencionó “la difícil situación de disidentes y periodistas que intentan ejercer el periodismo independiente en la isla. El corte de los servicios de Internet es una estrategia cada vez más usada, junto a arrestos domiciliarios sin documentación legal. No hay periodistas presos ahora en Cuba pero cada semana un youtuber es detenido, voces nuevas de las redes sociales y cuyo ingrediente principal es el humor para criticar la realidad del país. Un decreto castiga a quienes publiquen en Internet mensajes contra las buenas costumbres y morales”.

México. “Registramos cuatro periodistas muertos y uno desaparecido en marzo. El liderazgo de México en asesinatos de colegas mantenido por años pareciera que va a la baja pero se da el factor de que muchos estuvimos trabajando en casa por la pandemia. Hay un foco rojo en Sonora, donde el crimen organizado se ha fortalecido en los últimos años, mientras las conferencias de Andrés Manuel López Obrador agudizan los ataques contra la prensa”, señaló Marta Ramos.

Guatemala. “Con la crisis del Covid, cada vez está más restringido el acceso al Congreso, costumbre que comenzó en el Gobierno de Jimmy Morales y que continua con el de Alejandro Giammattei. Hay limitaciones de acceso a las fuentes y no se aclararon los ataques a comunicadores con cuentas en redes sociales, y casos de periodistas atacados”, expuso Mario Alejandro Sandoval.

Bolivia. “Las agresiones están subiendo este año, no al nivel del anterior Gobierno del MAS pero la tendencia es preocupante por estar volviendo al mismo juego, con periodistas agredidos. El Gobierno no emite juicio alguno y las investigaciones para dar con las agresiones no avanzan. MAS estigmatiza a la prensa, diciendo que miente, sobre todo cuando se tocan los temas del fraude y de lo que ocupó a la huida de Evo Morales. En ese Gobierno se fundó un sector que dependía de la vicepresidencia, ‘los guerreros digitales’, una oficina con el control de las redes sociales encargada de atacar a periodistas o medios”, sostuvo el periodista Jorge Carrasco.

Estados Unidos. Martin Baron consideró que “la polarización está empeorando en el país” y dijo: “hay gran división entre la sociedad. Los jóvenes no tienen confianza en las instituciones ni en los medios. Los últimos cuatro o cinco años empezamos a tener una idea de la situación que ustedes han vivido en Latinoamérica y ahora sabemos que nuestra democracia e instituciones son más frágiles de lo que imaginábamos. Tuvimos un líder (Donald Trump) que nos atacó con un resentimiento ilimitado. Empezó marginándonos, luego procuró desligitimarnos y trató de deshumanizarnos y de descalificarnos como árbitros creíbles de la información. Socavó el rol de una prensa libre e independiente en Estados Unidos y desvirtuó la idea de una realidad objetiva. Quería hacer creer que la verdad era lo que él declaraba, que era con frecuencia mentira. Su calificación de elecciones robadas sin pruebas y sus demandas sin fundamento fueron rechazadas en 50 juicios y por 90 jueces, muchos de ellos republicanos. Y el final del año fue perturbador en las salas de redacción por la pandemia o colapso económico global, con reporteros y camarógrafos agredidos por la policía en las instituciones de salud. Debemos hacer rendir cuentas al Gobierno y ahora hacer cumplir esa misión con el Gobierno de Biden. Muchos se quejan de falta de acceso, pero en este Gobierno no hay una gran serie de falsedades y mentiras como en el Gobierno de Trump. En el actual hay una diferencia porque estamos recibiendo información verdadera sobre los datos de salud pública”, recalcó. La periodista estadounidense Madeline Lamos también denunció episodios extremos de violencia durante las protestas del movimiento Black Lives Matter, “muchos por parte de policía y guardias nacionales hacia periodistas”, lo mismo que una “hostilidad” hacia los profesionales de la comunicación en situaciones críticas como el ataque al Capitolio. Si bien expuso que “el tono de la Casa Blanca” parecería estar cambiando con la nueva Administración, ciertas acciones resultaron, a su entender, “decepcionantes”, como la extradición de Julian Assange.

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