Tras una demanda histórica, rige la devolución del IVA para el sector editorial, pero no incluye a las librerías

Hoy se publicó en el Boletín Oficial la resolución 4515, que modifica una anterior (la 4485) e instrumenta la devolución del IVA a distintos actores de la industria editorial y gráfica, como imprentas, editoriales y distribuidoras. Este medida, que fue impulsada también por el Poder Ejecutivo desde la Secretaría de Cultura de la Nación, había sido aprobada en la ley de presupuesto 2019 que entró en vigencia a inicios de este año. Aunque la AFIP demoró seis meses en instrumentarla, la resolución tendrá carácter retroactivo.

Antes, las editoriales estaban exentas frente al IVA. No lo pagaban por el producto final (el libro), pero tampoco podían descontarlo de los insumos por los que sí se pagaba ese impuesto. Ahora, empresas editoriales y gráficas podrán solicitar la devolución del IVA en los insumos en los que se venía pagando históricamente, como el papel, la impresión, la tinta y otros costos de producción. Esto aumentará la rentabilidad de las editoriales y se espera que dinamice la alicaída industria editorial.

La norma alcanza a las empresas que componen los sectores editoriales y gráficos de la Argentina: impresión y producción de libros, diarios, revistas y publicaciones periódicas, así como también ediciones periodísticas digitales y sus distribuidores. Sin embargo, un eslabón importante de esa cadena de producción y comercialización, las librerías, no obtendrán, por ahora, el beneficio fiscal. Al cierre de la última edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el sector había lanzado una advertencia.

Una cuestión tributaria y también semántica

Los libreros achacan esta decisión a una interpretación que hizo la AFIP del término "distribuidores", que se emplea en la resolución. Según representantes de los libreros agrupados en la Cámara Argentina del Libro (CAL) y la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP), se habría optado por la acepción más restrictiva del término, que deja afuera a las librerías. "La redacción de la resolución no definió claramente la inclusión de las librerías en el beneficio de la recuperación de los IVA pagados y, además, no hubo voluntad política de entender que deben estar incluidas", dijo Ecequiel Leder Kremer, de la librería Hernández.

El secretario de Cultura, Pablo Avelluto, respondió las consultas de LA NACION y rechazó las críticas. "Como es una ley, solo se puede ampliar su alcance con otra ley", declaró. Y destacó que no se trataba de una cuestión de voluntad política ni de interpretación. "A nosotros nos encantaría que el beneficio alcanzara a las librerías por el rol y la importancia que tienen como parte del ecosistema del negocio editorial -dijo-. Pero como el problema nace de la redacción de la ley de presupuesto, daremos todo nuestro de apoyo a la sanción de una nueva ley que las incluya". Para el secretario, esta modificación beneficiará sobre todo a las dos grandes cadenas de librerías.

Mientras tanto, representantes de la CAL y de la CAP realizan gestiones ante el Poder Ejecutivo. "Estuvimos en la Secretaría de Ingresos Públicos y en el Ministerio de Producción, donde nos reunimos con el secretario de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, Mariano Mayer, que nos recibió amablemente", contó a este diario Joaquín Gil Aparicio, gerente general de la cadena Cúspide. "Las librerías somos el eslabón más débil porque, debido a la ley de precio fijo del libro, no podemos mover los precios, a diferencia de los demás actores", agregó. Desde las cámaras advirtieron a Mayer que el costo fiscal (que en total asciende a los cuatro millones de dólares por año) se podría volcar a la apertura de nuevas librerías o a la creación de puestos de trabajo. "Esto le interesó mucho al funcionario. Con el ahorro nosotros podríamos abrir cinco librerías por año, de 150 metros cuadrados cada una, o crear treinta puestos de trabajo", comentó Aparicio, que encabeza las negociaciones con el Ejecutivo para tratar de enmendar el "aplicativo".

Aunque los representantes de los libreros señalan que la solución más sencilla sería que la reglamentación actual fuera interpretada por la AFIP de manera favorable a las librerías, fuentes de ese organismo indicaron que la AFIP no puede incluir ni sacar sectores de una normativa, solamente aplicarla, y que por "distribuidores" se entiende "distribuidores mayoristas". De este modo, el camino a seguir parece ser la emisión de una reglamentación por parte del Ejecutivo o la sanción de una ley que corrija la ley vigente. No obstante, eso podría demandar meses.

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