Trámite de tintas: editores y distribuidores denuncian que la Secretaría de Comercio Interior retiene libros importados

Asoma una nueva polémica: desde mediados de enero, y a un mes del inicio de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en los depósitos fiscales de la Aduana se retienen grandes cantidades de ejemplares importados por editoriales y distribuidoras. La aplicación de la Resolución 253/20, que actualiza el célebre “trámite de tintas” que se usaba con frecuencia en los años de Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio Interior (cuando se llegó a afirmar que la tinta de los libros contenía sustancias tóxicas), parece tener como objetivo desalentar la importación de libros. Según la cantidad de libros importados (menos de quinientos ejemplares o más de quinientos), el trámite se vuelve más engorroso. Si se importan más de quinientos de un mismo título, un ejemplar debe enviarse a un laboratorio donde se certifica que no hay plomo en tinta; recién después, los libros se pueden comercializar.

Como el permiso de importación de los libros retenidos actualmente en la Aduana ya fue aprobado por la Secretaría de Comercio Interior, editores, distribuidores y responsables de las cámaras del sector se comunicaron con las autoridades de la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos, a cargo de Zulma Cardozo, que depende de la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno de la Secretaría de Comercio Interior, cuyo responsable es el economista (y autor de varios libros) Matías Tombolini. Funcionarios de otros ministerios, sin éxito hasta el momento, intervinieron para intentar destrabar el conflicto.

“Las empresas están preocupadas y también hay que considerar el costo económico”, señala Diana Segovia, gerenta de la Cámara Argentina del Libro (CAL). Entre las empresas perjudicadas, figuran las editoriales Grupal, Nuevo Extremo, Urano, Iamiqué, Calibroscopio y Del Naranjo, y las distribuidoras Riverside, Abrazando Cuentos y Waldhuter. “Embarcamos como siempre al obtener el permiso de importación e iniciamos en enero el ‘trámite de tintas’ que habitualmente se resuelve en quince días -dice Jorge Waldhuter a LA NACION-. Aún eso no ocurrió, el barco llegó y esto nos ocasionará un nuevo daño, al tener que pagar por el depósito fiscal por todos estos días”.

Silvina Fernández, vicepresidenta de la CAL y directora editorial de Grupal, sostiene que en los últimos tiempos el “trámite de tintas” demora meses. “Antes llevaba de siete a diez días y ahora tarda un mes o dos meses -dice a LA NACION-. Nos complica para tener los libros para la Feria. Necesitamos que vuelvan a achicar los plazos y, si es posible, obviar el trámite para la importación de menos de quinientos ejemplares. Entiendo que es una traba para que no se importen libros, lo que perjudica la bibliodiversidad. Nosotros, en Grupal, sustituimos importaciones y tratamos de evitar el trámite necesario cuando se superan los quinientos ejemplares, porque en ese caso los libros podrían imprimirse acá. Pero esto tiene una doble problemática: la falta y el encarecimiento del papel, y el compromiso del pago de los derechos y regalías de las editoriales extranjeras, que no podemos pagar porque el Gobierno no nos autoriza los pagos en moneda extranjera”. Fernández destaca que Grupal no tiene libros retenidos en la Aduana, pero sí trámites iniciados que aún no fueron aprobados.

Voceros de la Secretaría de Comercio Interior informaron a LA NACION que Tombolini se reunirá en los próximos días con los representantes de la CAL “para escuchar de manera directa las necesidades”. También trascendió que la demora en la “liberación de los libros” se debe a que funcionarios de la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos habrían detectado “irregularidades y delitos”, lo que motivó denuncias penales a algunos socios de la CAL. Por ese motivo, explicaron, se rediseñó el mecanismo de control de los trámites y los plazos se extendieron. A su vez, socios y autoridades de la CAL admitieron conocer el “rumor” acerca de la denuncia a un editor, aunque agregaron que la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos no emitió ningún comunicado público. “No corresponde que por un caso particular se afecte a todo un sector”, concluyeron.

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