Sigue la polémica por la derogación de la norma que le daba exclusividad a Cadra para recaudar por derechos de reproducción
Con un comunicado, esta tarde el Centro de Administración de Derechos Reprográficos respondió a los dichos del ministro Sturzenegger en las redes sociales, donde se abrió una grieta a favor y en contra del decreto
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LA NACIONDaniel Gigena
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, avivó hoy la polémica en torno a la derogación del decreto 736/23 por el cual el expresidente Alberto Fernández concedía al Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina (Cadra) el derecho exclusivo para cobrar derechos de autor por reproducciones reprográficas no solo de su socios sino de todos los autores. El lunes, el Gobierno derogó esa norma con otro decreto, el 1036/24. Según Sturzenegger afirma en su cuenta de X, se trataba de “un escándalo más del por sí escandaloso gobierno” de Fernández.
En palabras del presidente de Cadra, el abogado Federico Polak, la gestión colectiva no puede ejercerse de otra manera sino es con exclusividad. “En todo el mundo funciona así -le explicó al exministro de Cultura Pablo Avelluto en la misma red social-. Son monopolios necesarios”. Integran la comisión directiva de Cadra representantes de editoriales universitarias y del sector comercial, traductores y autores. En 2023, para apoyar la firma del decreto, la entidad había lanzado una campaña en redes sociales con testimonios de escritores reconocidos.
“En principio la idea era que si alguien fotocopia un texto esta organización cobraría por los derechos autorales correspondientes a esa reproducción -explica el ministro-. El dislate es evidente, porque el estatuto de CADRA indica que los derechos de autor se reparten entre los asociados a CADRA. Es decir que no hay esfuerzo en identificar los autores cuyas obras se reproducen, sino que se reparte entre quienes participan del club (unos 1900 asociados según la memoria de 2023). El resultado fue una licencia para cobrar que le permitía a la asociación recorrer universidades y comercios pidiendo un pago por uso ‘estimado’ por alumno o fotocopiadora”.
En su publicación, adjunta un tarifario que establece montos por equipo de fotocopiadoras para los centros de copiado y por estudiante en universidades públicas y privadas y por usuario en bibliotecas públicas.
Sturzenegger señala que es “notable” que Cadra no haga referencia alguna a sus ingresos en su memoria anual. “Sí menciona que la organización tiene representaciones legales en todo el país, que hace policía en internet, que hace juicios, que financia participaciones en ferias (la Feria del Libro, por ejemplo), que había firmado un convenio con sus pares de Rumania, y que sus comitivas viajan a reuniones internacionales, por ejemplo, a Islandia. También indican que en su asamblea repartieron los derechos autorales entre sus socios por un monto aproximado de ¡8.000 dólares! Lo triste del decreto 736/23 es que trata igual a quienes respetan los derechos autorales de quienes no lo respetan”.
Luego da como ejemplo el caso de un libro de economía escrito por él e integrantes de una cátedra en la Universidad de San Andrés, para uso gratuito de los estudiantes. “Pero Cadra igual le exigía a la universidad un pago, asumiendo que se manejaba de manera ilegal -evoca-. Para peor lo recaudado no iba a los autores sino a los socios de Cadra. En este esquema era lo mismo respetar los derechos autorales que no respetarlos. Lo cierto es que el Decreto 1036/24 termina este despropósito. En el futuro quien sienta que sus derechos están afectados podrá contratar para hacer valer sus derechos a quien le parezca (incluso a Cadra que operó sin el monopolio que le otorgó @alferdez por 20 años). Pero usar el poder que da el monopolio del Estado para redistribuir ingresos entre los argentinos ya no va más”. Precursor de Sturzenegger, el profesor y escritor Daniel Link criticaba en sus clases y en columnas de opinión los métodos de Cadra.
La respuesta de Cadra
Esta tarde, Cadra respondió a Sturzenegger con un comunicado de dos páginas, otra vez en redes sociales. “El nuevo decreto 1036/24 estimula la apropiación indebida de material ajeno por parte de los grandes conglomerados y prestadores de servicio de internet que no solo no tributan a los autores, sino que cobran como si fueran los creadores del material que distribuyen. Eso atenta contra la generación de contenidos y las industrias culturales”, señala, e indica que los primeros afectados de esta derogación serán las editoriales pequeñas y medianas y sus autores.
“Cadra no inventa nada y NO ES UN CLUB, es una entidad de gestión colectiva sin fines de lucro”, remarca sobre las afirmaciones del ministro en X; también sostiene que la comisión directiva trabaja ad honorem, “en pos de la protección de sus derechos de autor”, al igual que otras entidades internacionales. “Todo lo que hacemos se rige por parámetros internacionales, dado que nuestras licencias incluyen material extranjero -se afirma-. [...] Mediante convenios celebrados con el resto de las entidades, las obras argentinas son protegidas en el mundo, a la vez que nosotros protegemos las obras de autores y editores extranjeros”.
Respecto de los mecanismos de distribución de lo recaudado, Cadra asegura que son “transparentes” y que las memorias, reglamentos y estatutos están “a disposición”. “De hecho, la Inspección General de Justicia acaba de aprobar el 7 de noviembre (¡hace tres semanas!) el nuevo estatuto”, indica el comunicado.
“El viejo tarifario que comparte el ministro iba a ser desplazado por las tarifas que el Gobierno debía aprobarnos para cumplimentar la letra del decreto derogado, cosa que no hizo”, señala. Le dan la razón al ministro al afirmar que lo recaudado de todas las obras se distribuye solo entre los socios de la entidad.
Respecto del caso del libro mencionado por Sturzenegger, Cadra responde que son las universidades las que envían una lista a la entidad con los libros que deben abonar derechos. E indican que en la página de legales del libro de Sturzenegger se advierte que este no puede ser usado para fines comerciales sin autorización. “¿Con sus libros sí, pero con el resto no?”, se preguntan las autoridades de Cadra. También se preguntan cuál es la propuesta del Gobierno para proteger los derechos de autores, fotógrafos y editores.
“Defender los derechos de autor no es un invento de Cadra -concluye el comunicado-. Se respetan en todos los países desarrollados que valoran a sus industrias culturales y del conocimiento”.
Por último, se recuerda que la Argentina ha firmado tratados internacionales que respetan los derechos de autor, como el Convenio de París y el de Berna.
Por Daniel Gigena
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