“Opinables”. Pese a los cambios hechos por el Gobierno, sigue el debate por el “capítulo cultural” de la “ley ómnibus”
“Hay una concepción un tanto arcaica acerca del trabajo intelectual”, sostiene el exministro Pablo Avelluto; editores y libreros independientes protestan porque se insiste en la derogación de la ley 25.542
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LA NACIONDaniel Gigena
Las modificaciones en el “capítulo cultural” que el Poder Ejecutivo Nacional introdujo en la “ley ómnibus” fueron recibidas con poco entusiasmo por el sector de la cultura. Si bien se celebró la continuidad del Fondo Nacional de las Artes (FNA), cuya propuesta de cierre había alertado a escritores, artistas y gestores culturales, se criticó la reducción del directorio a solo cuatro vocales (nombrados por el Ejecutivo). Hasta 2023, eran doce, sin contar al presidente de la institución y a los representantes del Banco Central y de Cultura. La mayoría de los representantes por disciplina del FNA trabaja ad honorem, por lo cual no habría ahorro alguno en la reducción de doce a cuatro directores o vocales.
Pese a las modificaciones, si se aprueba la ley el Instituto Nacional del Teatro (INT) pasaría a formar parte de la Secretaría de Cultura y la ley 25.542 de defensa de la actividad librera se derogaría, eliminando así el precio de venta uniforme de los libros en todo el país (esta propuesta no está incluida en el “capítulo cultural” sino en el de “reorganización económica”). Según libreros y editores independientes, la derogación solo beneficiaría a las cadenas de librerías, las plataformas de comercio electrónico y las importadoras de lotes de libros españoles de saldo.
“Me parece razonable que se haya dado marcha atrás con la idea de desfinanciar y cerrar instituciones -dice a LA NACION el exministro de Cultura Pablo Avelluto-. Las nuevas medidas que surgen del proyecto modificado son opinables. En el del FNA, la idea de pasar a cuatro vocales me parece un error, producto del desconocimiento. No se entiende por qué deberían ocupar sus cargos de manera ad honorem. Hay una concepción un tanto arcaica acerca del trabajo intelectual, como si no se tratara de trabajo y, por lo tanto, no debiera ser remunerado. La idea de reducir los gastos de estructura me parece correcta. El porcentaje debería nacer de estudios específicos independientes. No todas las instituciones son iguales. Y esto es válido para todas las instituciones en las que se plantea este baremo: Incaa, Conabip, FNA, INT. Curiosamente, el criterio de ajuste excluye a la propia Secretaría de Cultura, cuyos gastos de estructura con respecto a sus ingresos son más altos y voluminosos que los de las instituciones señaladas”.
Para Avelluto, el objetivo de invertir mejor los recursos es correcto. “Pero el instrumento elegido tiene sus limitaciones -señala-. Y va a crear nuevas controversias a la hora de su implementación. Espero que los legisladores se tomen el trabajo de mejorar el texto propuesto para que los cambios puedan llevarse a cabo y, sobre todo, mantenerse en el tiempo. Se trata de dar más y mejores oportunidades a los creadores de nuestro país, no de eliminar la cultura”.
Desde el Gobierno, se insiste en que el FNA deriva el 70% de los recursos a gastos de financiamiento y solo el 30% al fomento de las artes mediante becas, préstamos y premios. Sin embargo, fuentes del organismo dieron a conocer porcentajes que desmienten esa información. Los únicos años en que se dio esa correlación fueron 2011 y 2012. Desde 2014, el porcentaje de gastos destinados al funcionamiento se redujo del 61,5% al 49,8% en 2022. En 2020, el año pandémico, se batió un récord histórico, con el 16,7% destinado a gastos y el 83,3% a prestaciones. La “ley ómnibus” reformulada establece un tope del 20% para gastos de funcionamiento del FNA, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y el Instituto Nacional de la Música.
Respecto de las declaraciones que el escritor Marcelo Gioffré hizo ayer a este diario acerca de que el 90% de los empleados contratados en el FNA eran “militantes K o massistas”, desde la institución indicaron que no era así. “No son militantes políticos; el personal estaba golpeado por esas afirmaciones”, reveló una fuente. En el organismo hay 21 empleados de planta permanente, 53 contratados y 12 contratos de locación de obra, lo que da un total de 86 empleados (y no 93, como se informó errónamente ayer en este diario). El promedio de sueldo que perciben es de $ 356.000.
La licenciada en Historia de las Artes y en Letras Rosa Aiello, que en el FNA se desempeñó como gerenta de Planeamiento y Servicios Culturales, puntualiza: “Se está enfatizando mucho sobre el gasto del 70% en mantenimiento de la estructura administrativa. Lo que puedo aportar es que en sueldos se destina una parte no muy grande; la mayoría de los directores está ad honorem y los que cobran reciben viáticos por $ 150.000 mensuales. Hay gastos fijos en el mantenimiento de dos sedes, que tienen sus años, y siempre hay que estar arreglando algo. Por otro lado, hay actividades, como presentaciones de libros, exposiciones, publicaciones; y a los jurados y prejurados de los concursos hay que pagarles”. Aiello destaca que esos gastos van a la comunidad y a los artistas. “Hay que diferenciar los gastos de mantenimiento físico, gastos de administración y de producción artística -indica-. Va a ser muy difícil que cuatro directores manejen todas las disciplias que el FNA atiende; el directorio no solo se ocupa de eso sino que también elabora el presupuesto anual que se eleva al Congreso y es el que dicta reglamentaciones internas y externas. Es mucho el trabajo”.
“Me parecen muy poco cuatro directores -dice a LA NACION Carolina Biquard, expresidenta del FNA durante el gobierno de Cambiemos-. Mínimo debieran ser ocho y el presidente. Los cargos de tesorero y secretario también debieran considerarse en una organización contemporánea autárquica. Los directores debieran ser nombrados por una terna surgida de personas probas, propuestas por organizaciones culturales y personas interesadas en el arte y la cultura, y no por el Gobierno. Celebro que hayan reconsiderado el cierre y que el FNA siga siendo autárquico”.
Teresa Anchorena, exdirectora de Patrimonio del FNA, destacó como “positivo” que el organismo hubiera quedado a salvo de la amenaza de cierre. “Muestra que el Ejecutivo escucha -sostiene-. Ahora hay que trabajar con el Congreso para que el FNA que resulte sea un organismo que funcione mejor que el que conocemos. Esto sería el resultado virtuoso de un episodio muy difícil y en el que la gente de la cultura, sin importar diferencias políticas, se unió para defender al querido y respetadísimo FNA”.
“Las modificaciones propuestas para los organismos culturales presentadas ante el Congreso no terminan de devolver a dichos organismos las posibilidades de trabajo que tenían hasta el momento -sostiene la escritora Josefina Delgado. Los conceptos de autarquía y autofinanciamiento no han sido aplicados de modo tal que verdaderamente se vayan a efectivizar en los hechos, dado que si tanto el presidente como los cuatro directores a los que ha sido reducido el FNA serán nombrados por el Ejecutivo, ya hay una injerencia que va más allá del campo cultural y se aproxima quizás a lo político”.
Para Delgado, que fue subdirectora de la Biblioteca Nacional, las políticas culturales del país quedarían solo a cargo de ministerios y secretarías gubernamentales, si se aprueba la ley. “Los organismos autárquicos tales como el FNA, el INT, el Inamu y la Conabip, y vale aclarar que las bibliotecas públicas no ejercen las mismas competencias que las bibliotecas escolares, aportan al campo cultural otras miradas que permiten el desarrollo y el estímulo de vocaciones tanto como la profundización de quienes ya se hayan desarrollado y propongan acciones innovadoras -destaca-. Por lo demás, ya es sabido en el siglo XXI que las industrias culturales añaden valor agregado a las economías regionales y permiten que los países se integren a otras culturas y se abran al mundo”.
Tras las iniciativas del Gobierno, el director de artes escénicas y medios audiovisuales Juan Parodi ve “muy confuso” el panorama cultural. “Hay algunos cambios que fueron producto de la lucha de algunos legisladores como Carolina Gaillard que está haciendo un trabajo ejemplar junto con agrupaciones vinculadas con la actividad, pero la intención de desfinanciamiento seguirá, aunque no cierren las instituciones -dice a este diario-. El daño ya está hecho. Voy a desconfiar siempre de alguien que propuso derogar la ley nacional del teatro (n° 24.800), que es mucho más que una ley para repartir subsidios. Por otro lado, se creó un nuevo ‘enemigo’ que ya no es el que piensa políticamente distinto sino el que se dedica a trabajar en el ámbito cultural. Cualquier persona con total desconocimiento está opinando y pidiendo que se ‘acaben los curros de cultura’. Cuando escucho al secretario de Cultura hablar en contra de la actividad o veo al Presidente retuitear mensajes como ese, pienso que el asunto es mucho más que un ajuste. Tienen un pensamiento muy concreto”.
“No se entiende el porqué de la derogación de la ley 25.542 -dice Víctor Malumian, coeditor de Godot y uno de los organizadores de la Feria de Editores-. Si la razón es que no hay plata, la ley no le cuesta un centavo al Estado. No se escuchó un solo argumento por parte de quienes impulsan la derogación”. Desde su sanción en 2001, gracias a esta ley cientos de librerías independientes abrieron sus puertas en el país.
Por Daniel Gigena
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