Libreros y editores versus Sturzenegger: “Una ignorancia profunda”
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado sostuvo que el Gobierno insistirá en derogar la ley que establece un precio fijo para los libros; “En los países donde se quitó la ley, luego de un tiempo volvieron a subir”, dijo el presidente de la Cámara Argentina del Libro
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LA NACIONDaniel Gigena
Tras las declaraciones hechas a LA NACION por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre la tentativa oficial de derogar la ley 25.542, promulgada en 2002 y conocida como “de defensa de la actividad librera”, que establece que los libros tengan un precio fijo en todo el país, entidades del sector librero y editorial manifestaron su preocupación e hicieron llegar sus respuestas.
“Es un tema que de una manera u otra vamos a abordar -dijo el ministro a este diario esta semana-. La prohibición de que los libros no puedan ser más baratos nos parece algo de una crueldad y de una actitud anticultural increíble. Hay amplia evidencia de que permitir los descuentos reducen el precio; es algo obvio. En Estados Unidos, la irrupción de Amazon hizo que los libros hoy salgan 40% menos que hace diez años”.
Si se derogara la norma que fija un precio de venta al público uniforme en todo el país, las cadenas de librerías, las grandes superficies como supermercados e hipermercados y la plataforma Mercado Libre podrían vender libros a precios más bajos que los sugeridos por las editoriales y afectar a librerías chicas e independientes, que tendrían dificultades para competir. Sturzenegger, que cree que la derogación de la ley hará bajar los precios de los libros, sugirió que estas “deberían reconvertirse”.
Las libreras Mónica Dinerstein y Cecilia Fanti, en representación de la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI), enviaron una declaración. “Queremos remarcar un punto y es que el ministro Sturzenegger dice que la derogación de la ley de defensa de la actividad librera no está en la nueva ‘ley hojarasca’ así como no estuvo en la versión final de la ‘ley Bases’. Por lo tanto, el titular de la nota bien podría haber sido ‘Por el momento el gobierno no se propone modificar la ley del libro’. Sin embargo, sostiene que, en un futuro, el Poder Ejecutivo lo abordará. Tal y como están las cosas, la ley se mantiene y entendemos que el consenso del sector y el trabajo intersectorial que se ha realizado desde diciembre con las cámaras y legisladores de todos los frentes puso en relieve el valor y la importancia de que esta ley exista”, confían.
Las representantes de la CALI estiman que “instalar la idea de que la ley prohíbe que los libros sean más baratos proviene de una ignorancia profunda sobre el sector, la industria del libro y nuestras problemáticas”. “Lo venimos discutiendo de un tiempo a esta parte: uno de los grandes problemas del precio actual de los libros ha sido el alto costo del papel que representa más de la mitad del costo en la producción de un libro”, indican.
“Pero además, lo sostiene con un dato falso que es la caída de los precios en Estados Unidos con Amazon en el mercado -puntualizan Dinerstein y Fanti-. A eso lo llamamos dumping y básicamente es el trabajo que hacen los grandes jugadores para borrar a la competencia e instalarse como única alternativa. Esto es, los precios bajan en un principio, asfixian a la competencia y luego, como no tienen más competencia, los precios vuelven a subir. En el camino, quedan librerías y editoriales que no pueden sostenerse y, por lo tanto, la bibliodiversidad se reduce, los precios terminan subiendo y encima se pasa a leer solo lo que la plataforma y los grandes jugadores ofrecen y les resulta rentable. Hace menos de un año el gobierno de Estados Unidos demandó a Amazon por prácticas monopólicas. Hoy por hoy, toda la cadena del libro trabaja en el marco de esta ley. Y mientras las grandes cadenas o supermercados pueden tener ventajas competitivas por su tamaño y sus acuerdos con los distribuidores, las librerías pequeñas ya trabajamos con márgenes más pequeños y nos sostenemos definiendo nuestros perfiles, nuestra especificidad y el servicio y especialización que brindamos en nuestros locales”.
Al ser consultado por este diario sobre el dumping y la “uberización” del sector del libro, Sturzenegger sostuvo que Uber era “la cosa más maravillosa del mundo”. LA NACION pudo saber que algunos ejecutivos de grandes grupos editoriales trasnacionales ven con buenos ojos la derogación de la ley 25.542. No obstante, el director general de Penguin Random House (PRH) para América Latina, Javier López Llovet, confirmó a este diario que PRH y el Grupo Planeta estaban “absolutamente en contra de la derogación de la ley”. “La experiencia obtenida en nuestras empresas editoriales de la gestión en diversos mercados, europeos, norteamericanos, asiáticos, etcétera, nos ilustra de la importancia de contar con una ley de estas características en nuestro país”, sostuvo.
Para las libreras agrupadas en la CALI, el Gobierno quiere desregular un mercado que funciona. “Y funciona bien -concluyen-. Si tanto les preocupan los lectores, sería hora de que pensaran políticas serias para fomentar el libro y la lectura, crear nuevos lectores y acompañar al sector; no romper un mercado y una industria que funciona, crece y viene profesionalizándose al nivel de ser modelo en todo América Latina desde hace más de dos décadas”.
La Cámara Argentina del Libro (CAL), que preside el editor Juan Manuel Pampín, también se expidió al respecto. Por un lado, recicló un comunicado de cuatro puntos, difundido a inicios de año, cuando la derogación de la ley 25.542 estaba incluida en la ley Bases (la iniciativa fue retirada durante el debate legislativo). Allí se destaca que la ley “es un acuerdo intrasectorial, propuesta por el propio ecosistema” y que “todos” entienden como beneficiosa; que, “para un Gobierno tan preocupado por el tema fiscal, esta ley cuesta cero pesos”; en tercer lugar, que “el precio único permite darle estabilidad al mercado, permitiendo un cálculo correcto de regalías para los autores y es una ayuda fundamental contra la piratería”, y, por último, que “la ley argentina está basada en la legislación francesa de 1970” y que la Argentina cuenta con una ley modelo “que países como Colombia, Chile o México quieren copiar”. Advierten que, en Inglaterra, cuando se quitó la ley de precio fijo, “en un período de cinco años se redujo un 30% la cantidad de librerías”.
“La Argentina tiene una población que en más del 50% está bajo la línea de pobreza -dice Pampín a LA NACION-. El libro, como todo consumo cultural, lamentablemente no es prioritario y es obvio que una persona que no puede alimentarse bien, o no vive en un lugar digno, poco puede pensar en leer. Debemos pensar en agrandar la torta y no en achicar la porción. Quitar la ley, irá claramente en ese sentido”.
Sobre el precio de los libros, el presidente de la CAL remarca que “la porción del costo industrial más importante del libro es el papel, que hoy es, aproximadamente, el 55% cuando ese costo históricamente era del 30%”. También hizo referencia al dumping: “La evidencia marca que, en los países donde se quitó la ley, si bien en un inicio los precios bajaron, luego de un tiempo volvieron a subir”.
“Debemos entender que la Argentina tiene unas 1200 librerías y que la ‘tirada de moda’ de las novedades es de setecientos ejemplares, un 40% menor que en 2016 y un 25% menor de lo que se editaba en 2019 -detalla-. Con lo que hoy se produce no se puede entregar un ejemplar por librería”.
El secretario de la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (Falpa), Carlos Morón, dio a conocer su punto de vista sobre los dichos del ministro. “Esta ley se basa en la ley Lang de Francia, creada para promover las librerías y garantizar un precio justo de los libros -dice-. Las librerías cumplen una doble función: comercial y cultural. En Francia, la derogación de esta ley debido al surgimiento de las cadenas FNAC ocasionó la desaparición del 15% de las librerías en el primer año y de otro 10% el año siguiente. Esto llevó al gobierno francés no solo a restablecer la ley, sino también a implementar medidas adicionales para asegurar la supervivencia de las librerías en todo el país. En Inglaterra, la derogación de una ley similar provocó un aumento promedio del 20% en los precios de los libros”.
“¿Es cierto que la derogación de la ley disminuye el precio de los libros? -se pregunta Morón-. Depende. Los libros más vendidos podrían ofrecerse a menor precio, pero los menos vendidos subirían significativamente de precio. Las pequeñas librerías, sin la venta de los libros más vendidos, no pueden subsistir y terminan cerrando. Los libros solo se conseguirían mediante envío, al menos en pequeñas y medianas ciudades, encareciendo su costo entre un 20% y 30%, y reduciendo drásticamente la bibliodiversidad. El precio actual no es arbitrario. Lo fija la editorial y no hay competencia porque cada título es único. Es el resultado de un acuerdo entre todos los integrantes del sector, no una imposición, para asegurar la existencia del entramado de librerías en Argentina, un orgullo tanto para funcionarios como para cualquier argentino preocupado por la cultura”.
Por último, el secretario de Falpa sostiene que no se busca la intervención del Estado, “sino regular los precios dentro del sector, compuesto por quienes conocen el negocio”. “Queremos librerías con autores charlando, cuentacuentos promoviendo la lectura a los más chicos, talleres literarios y libreros que aconsejen a los lectores. No queremos depósitos llenos de electrodomésticos y herramientas con un pequeño sector de libros. Esperamos que los funcionarios y legisladores, que también escriben libros y se sienten orgullosos de verlos en las vidrieras, comprendan la importancia de preservar las librerías”.
Por Daniel Gigena
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