Ley ómnibus: el Fondo Nacional de las Artes y la Conabip, a salvo del cierre y las restricciones presupuestarias

Las protestas de reconocidos artistas, escritores, intelectuales, bibliotecarios y gestores culturales tuvieron su efecto. El Gobierno nacional cedió e introdujo modificaciones en la “ley ómnibus”, de la que se borraron más de cien artículos; varios cambios conciernen al área de cultura. Si se aprueba el proyecto reformado y presentado hoy por el Poder Ejecutivo, el Fondo Nacional de las Artes (FNA), creado en 1958 durante el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu, continuará siendo un ente autárquico y descentralizado de la Secretaría de Cultura, con algunos cambios en su estructura y un “tope” del 20% a los gastos de funcionamiento interno.

“Finalmente, se rediseñó el capítulo de cultura, protegiendo los recursos del sector, pero preservando el objetivo de que los gastos administrativos no sean una carga excesiva sobre el sector y con rediseños institucionales en la propuesta de modernización del FNA (cuyo cierre ya no se propicia) e Incaa”, sostiene la introducción de los “cambios finales” al proyecto de ley hechos por el oficialismo. Al inicio del documento se lee: “Durante las últimas semanas el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida fue sujeto a una amplia deliberación ciudadana. No solo porque los funcionarios del Poder Ejecutivo fueron a exponer al Congreso, sino porque lo hicieron referentes de la sociedad, organizaciones sociales, así como representantes de grupos cuyos privilegios quedaron expuestos. También la sociedad deliberó a través de las redes y los medios. Muchos de los temas de este proyecto fueron objeto de conversaciones personales, familiares y profesionales”.

“Respecto al FNA el problema de base es que gastaba en su propia gestión el 70% de los recursos que recibía de los usuarios de la cultura -remarca el proyecto ‘tuneado’ por el Ejecutivo-. En la versión actual no se propicia su cierre, sino que se exploran mecanismos para que su ecuación económica sea más favorable a la comunidad artística. Así se determina que los directores deberán ser ad honórem y que los gastos no pueden representar más del 20% de sus ingresos”.

Según el proyecto reformado, la administración del FNA quedaría a cargo de un directorio compuesto por un presidente y solo cuatro vocales designados por el Poder Ejecutivo “a propuesta de la Secretaría de Cultura o el organismo que en un futuro la reemplace entre personas de probada actuación en las diversas actividades artísticas a las que el Fondo presta apoyo económico”. Los vocales, que deben ser argentinos, durarán cuatro años en sus funciones. Con excepción del presidente, que actualmente cobra el sueldo equivalente al de un subsecretario de Estado, los demás cargos serán ad honórem. El financiamiento de la institución provendrá, como hasta ahora, de lo que se recaude del dominio público pagante.

Hasta finales de 2023, el directorio estaba integrado por el presidente y doce vocales, más un representante del Ministerio de Economía y otro del área de Cultura (que va y viene de Secretaría a Ministerio, según el gobierno de turno).

El secretario de Cultura Leonardo Cifelli, que había designado al cineasta y escritor Javier Torre para la presidencia del FNA en diciembre de 2023, lo “desnombró” por redes sociales cuando Torre expresó su disconformidad con la propuesta de cierre. “El FNA es superavitario, genera excelentes ingresos de manera constante y al día de hoy tiene varios millones de dólares en bonos del Tesoro nacional -había dicho Torre a LA NACION-. No caigamos en la idea de que vale poco y hay que cerrarlo; es patrimonio de todos los argentinos”.

“Falta modificar el estatuto para abrir al aporte privado de mecenas y asegurarse de que salga del FNA el 90% de los contratados, casi todos militantes massistas -dice el escritor Marcelo Gioffré a LA NACION-. Hay que cuidar a los empleados que saben de financiamiento cultural y sacarse de encima a los que entraron por los K y por Sergio Massa”. En la actualidad, trabajan en el organismo 86 personas.

“Lo central es respetar su autarquía y fuentes de financiamiento -dice el curador y gestor cultural Guillermo Alonso, que integró el directorio del FNA durante la presidencia de Amalia Lacroze de Fortabat-. La razón de ser de los doce vocales del directorio, que en la presidencia de Amalia Fortabat eran ad honórem, es que estén representadas las disciplinas que abarca”. En la actualidad, son Arquitectura, Artesanías, Arte y Tecnología, Artes Audiovisuales, Artes Escénicas, Artes Visuales, Diseño, Letras, Música, Patrimonio y Arte y Transformación Social. No queda claro el modo en que cuatro directores abarcarán tantas disciplinas.

La propuesta presentada días atrás por la Fundación Compromiso y la Fundación Sur, con el apoyo de un grupo de coleccionistas de arte, para “salvar y revitalizar” el FNA, si bien fue recibida con agrado por funcionarios y asesores presidenciales, no parece haber influido en las modificaciones conocidas hoy. Muchos referentes culturales habían interpretado este proyecto del “tercer sector” como un “caballo de Troya” para la privatización del organismo.

Tanto la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), creada por Domingo Faustino Sarmiento en 1870, como el Instituto Nacional de la Música (Inamu) se mantienen como organismos autárquicos y descentralizados (el Instituto Nacional del Teatro, en cambio, pasaría a depender de la Secretaría de Cultura si la “ley ómnibus” se aprueba). “Simplemente se restringen sus gastos a que no sean mayores al 20% de sus ingresos, sin proponer otros cambios de estructura”, se informa en el proyecto. Fuentes de la Conabip informaron a este diario que los gastos de funcionamiento de la institución no superaban el 7%. Más de 1500 bibliotecas populares están registradas en la Conabip, donde trabajan 65 personas.

Además, en el artículo 547 de la “Sección I. Disposiciones Generales sobre Educación” del nuevo proyecto se sustituye el artículo 91 de la ley Nº 26.206, de Educación Nacional, por el siguiente: “La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, fortalecerá las bibliotecas escolares, digitales o físicas, existentes, asegurando, también su creación y adecuado funcionamiento. Asimismo, implementará planes y programas permanentes de promoción del libro y la lectura”.

Entre las modificaciones, el Gobierno no incluyó la eliminación de la derogación de la ley 25.542 en defensa de la actividad librera, que determina que los libros deben tener un precio de venta uniforme en todo el país. Según el sector librero y editorial, si se aprueba la derogación de la ley sancionada en 2001, varias librerías independientes, en desventaja con las “grandes superficies” (supermercados), cadenas de librerías y plataformas de comercio electrónico, podrían cerrar sus puertas. Entidades como la Cámara Argentina del Libro, la Fundación El Libro, la Cámara Argentina de Librerías Independientes y la Unión de Escritoras y Escritores, entre otras, rechazaron este sábado en Plaza Congreso el DNU y la “ley ómnibus”. Los legisladores tendrán la última palabra en este capítulo.

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