“En grave riesgo”: artistas, intelectuales y editores argumentaron en Diputados por qué habría que parar la “ley ómnibus”

Artistas, directores de cine y teatro, productores de espectáculos, bibliotecarios, editores, intelectuales y actores manifestaron esta semana en el plenario de comisiones de la Cámara Baja un enfático rechazo al proyecto del Gobierno de cerrar organismos como el Fondo Nacional de las Artes (FNA) y el Instituto Nacional del Teatro (INT), recortar presupuestos y reformar el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), derogar la ley de defensa de actividad librera (que establece el precio fijo de los libros en todo el territorio nacional) y desregular la ley derechos de autor. Ningún participante, con excepción del secretario de Cultura Leonardo Cifelli y los diputados de La Libertad Avanza, abogó por las propuestas oficialistas.

Un estudio a cargo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, a disposición de los legisladores, reveló que el impacto fiscal de las medidas es, o bien nulo (como en el caso de la derogación de la ley de creación del INT), o insignificante, como en el caso de la derogación de la ley de creación del FNA y del título V de la ley 23.351 que creó el Fondo Especial para Bibliotecas Populares (0,0004% y 0,0006% del PIB del Tesoro, respectivamente). Si se aprueban las reformas que el Gobierno impulsa en el Incaa, los recursos tributarios que el organismo dejaría de percibir equivalen al 0,0024% del PIB.

Cineastas como Lucrecia Martel y Santiago Mitre, el ensayista y editor Alejandro Katz, la cantante Celsa Mel Gowland, el presidente de la Cámara Argentina del Libro (CAL), Juan Manuel Pampín, y el de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai), el actor Jorge Marrale, argumentaron en los estrictos siete minutos que se les concedió sobre los perjuicios que acarrearían las medidas si se aprueban.

“No sé si lo sabían, pero Argentina es el país que más nominaciones al Oscar tiene en la región -dijo Santiago Mitre, director de Argentina, 1985, el lunes-. ¿Por qué sucede eso? Porque hay una Ley de Cine que sostiene y fomenta la existencia de un cine argentino. Las películas argentinas se exportan a todo el mundo. Son reconocidas en todo el mundo. Generan divisas, trabajo de calidad y valor agregado. Le dan visibilidad a nuestro país. Generan admiración. ¿Por qué queremos destruir eso? ¿Para qué?”. Y agregó que el Incaa no estaba relacionado con el presupuesto nacional. “Se autoabastece -afirmó-. El cine no pide plata; pide que se mantenga la ley que permita seguir autofinanciándose”. La productora Vanesa Ragone, presidenta de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, advirtió sobre las consecuencias que tendría el desfinanciamiento de la industria audiovisual.

Ayer, la directora Lucrecia Martel, reconocida en el mundo por películas como La mujer sin cabeza y Zama, participó en forma virtual del debate legislativo. “Nuestra industria de cine es básicamente de pequeñas y medianas empresas, y entre el 70 y el 90% del presupuesto se financia exportando y compitiendo en festivales con película de todo el mundo -dijo-. Me da la impresión de que la ley ha sido escrita por gente con mucho prejuicio o ignorancia sobre el sector”. Y agregó: “He conocido el Incaa de Menem, de De la Rúa, de los Kirchner y de Macri, y puedo hacerles una lista de críticas y hechos indignantes en el Incaa, pero no se podría haber trabajado sin el Instituto, que organiza cuestiones bilaterales que ordenan nuestra actividad”. Destacó que del Incaa dependen las escuelas de cine en las que cursan más de quince mil estudiantes en todo el país. “Si se desfinancian, se perjudican los técnicos que van a la televisión y la publicidad; para el desarrollo regional es muy importante sostenerlas”. Al final de su alocución, aconsejó: “Sugiero que las leyes que se refieren al cine se hagan para cuando el Gobierno se interiorice cómo funciona el cine, en vez de ofrecer normas improvisadas”.

“La cultura nacional hoy está en grave riesgo”, dijo Jorge Marrale el lunes. Se refirió en detalle al artículo 350 del capítulo 2 de la “ley Bases”, que desregula la ley de propiedad intelectual. “Afectará directamente a Sagai y a otras entidades -recordó-. El cobro y la distribución de derechos de propiedad intelectual está reconocido como derecho alimentario por la jurisprudencia argentina; no es un privilegio”. Remarcó que las entidades de gestión colectiva no reciben aportes del Estado y repudió el cierre y el desfinanciamiento de instituciones como el FNA, el INT, el Incaa, el Instituto Nacional de la Música y la Conabip. “Estos organismos son parte de la cultura nacional. ¿Qué justificación tiene su eliminación?”, preguntó. El Gobierno propone un régimen de gestión de derechos colectivos que no contempla ley de propiedad intelectual 11.723; abogados especialistas en la materia, consultados por LA NACION, dijeron que el cambio sería muy difícil de implementar.

Por la Unión de Músicos y Músicas Independientes (UMI), la cantante Celsa Mel Gowland. “Con la ley ómnibus, al Inamu se le cambia su naturaleza jurídica, lo que hoy no es del Estado pasaría a ingresarse al Estado, o sea, aumenta la planta estatal -advirtió-. La ley elimina la participación de las provincias y el fomento; otra vez, volvemos al centralismo porteño”. La cantante informó que la ley pretende eliminar otras fuentes de recursos provenientes de radios, televisoras y plataformas de internet. Recordó que Luis Alberto Spinetta había sido el primer músico en apoyar la ley nacional de la música y destacó que más de dos mil músicos de todo el arco político defendían un “Inamu federal e inclusivo”. El músico Diego Boris, que presidió el Inamu en dos periodos, cuestionó las reformas.

Gisela Pérez, de la Confederación Argentina de Bibliotecas Populares, habló en defensa de la Conabip y las bibliotecas populares. “No voten a favor de esta ley; no sean cómplices de este aniquilamiento -rogó a los diputados-. En cada rincón de nuestra república, si no hay una biblioteca popular no se accede a un libro de calidad, a la promoción de la lectura, a la cultura, a los espacios de infancia. Con una biblioteca popular cerca, puedo garantizarles que salvamos vidas. Más de 1500 bibliotecas populares y la Conabip están en peligro”. Ayer, en un comunicado, la Dirección de Latinoamérica y el Caribe de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA LAC) manifestó su “profundo respaldo” a las bibliotecas populares y rechazó la propuesta de desfinanciamiento.

La profesora y curadora Federica Baeza criticó al secretario de Cultura y su divisa “No hay plata” para justificar los recortes en organismos culturales. “Miente -dijo ayer la exdirectora del Palais de Glace-. Porque la mayoría de estas instituciones se autofinancian. Cifelli miente porque despoja a estas instituciones autárquicas de sus atribuciones, que tienen directorios conformados por especialistas idóneos y diversos, que contraen obligaciones y derechos que están bajo la órbita de la Sindicatura General de la Nación. No queda claro lo que el Ejecutivo quiere justificar. Está muy claro que la justificación fiscalista esconde la intención de desplazar estas políticas a ámbitos pocos transparentes”. Baeza remarcó que había unanimidad en el campo cultural y artístico en el rechazo de las medidas. “El ámbito de la cultura es generador de ciudadanía”, acotó.

El editor y ensayista Alejandro Katz indicó que había sido crítico de las políticas culturales de los gobiernos anteriores. “No vengo a defender la continuidad de intereses personales o corporativos, vengo por el contrario con el propósito de ofrecer mis mejores argumentos para el bien común -se presentó-. Resulta evidente que varios organismos e instituciones culturales del país deben ser reformados, actualizados en sus propósitos, renovados sus procedimientos, mejorar lo que existe. Pero suprimir no es mejorar. La supresión es una acción no democrática. Ninguna de las sociedades que admiramos o respetamos ha prescindido de las instituciones culturales”. Indicó que, si se deroga la ley del precio fijo del libro, se perjudicaría al “ecosistema editorial” y a la ciudadanía, “sin que sea posible identificar a los beneficiarios, con excepción de las plataformas digitales”.

Ayer, el editor Juan Manuel Pampín también se refirió a la derogación de la ley 25.542, conocida como de defensa de la actividad librera, que impulsa el oficialismo. “Afecta a la sociedad en su conjunto porque, a mediano plazo, la concentración de ventas en las grandes superficies o en las importantes plataformas conlleva al cierre de las pequeñas librerías, lo que causa un perjuicio para las editoriales al tiempo que perjudica al público lector, produciéndose lo que particularmente podemos denominar ‘librerías grises’ con una oferta igual o similar -dijo el presidente de la CAL-. En este sentido, y sin lugar a dudas, la bibliodiversidad que propicia el sistema actual se vería muy comprometida. Al haber menos variedad de títulos publicados, solo se exhibirán y promocionarán los libros más vendidos, los que a su vez tendrían mayores descuentos, ocasionando que el libro que tenga un recorrido comercial distinto de un best seller no tuviera la misma presencia, reduciéndose su visibilidad y por consiguiente su posibilidad de venta”.

Para Pampín, las editoriales pymes se verían “impedidas de invertir y apostar por nuevos autores, por escritores y escritoras noveles que no cuentan con la posibilidad de ser publicados por grandes grupos editoriales”. Al momento de su sanción en noviembre de 2001, la ley 25.542 había tenido un gran consenso en el sector editorial y librero.

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