El Gobierno quiere reemplazar a los miembros de la Comisión Nacional de Monumentos por decreto y antes de tiempo

Desde mediados de febrero, hay malestar entre los integrantes de la Comisión Nacional de Monumentos, de Bienes y de Lugares Históricos (CNM) debido a que el Gobierno nacional impulsa por decreto un cambio de las autoridades del organismo -presidencia y nueve vocales (son diez y solo uno de ellos continuaría)-, violando la ley 12.665 sancionada en 1940 que establece un periodo de seis años para los cargos (antes de la reforma constitucional de 1994, coincidía con el periodo del mandato presidencial). Los actuales integrantes de la Comisión fueron designados en noviembre de 2022. La decisión, inédita en la historia del organismo, trascendió en los últimos días y suma otro malestar en el área de Cultura, donde la semana pasada se conoció el recambio de directivos en ocho museos sin mediar concurso.

“Por medio de la presente, en mi carácter de Secretario de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Capital Humano, me dirijo a Ud., a fin de solicitarle se inicien las gestiones administrativas pertinentes a efectos de limitar las designaciones de los funcionarios de la COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS, DE LUGARES Y DE BIENES HISTÓRICOS que a continuación se detallan, a partir del dictado de la medida correspondiente”, se lee en la nota enviada por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, al secretario de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano, Jorge Maximiliano Keczeli. Cifelli aún no respondió las consultas de LA NACION, pero trascendió que, en opinión del Gobierno, la CNMBLH se había vuelto “menos operativa”.

Además de su presidenta, la licenciada Mónica Capano, de prosperar esta iniciativa cesarían en sus funciones el arquitecto Alberto Petrina (vocal vicepresidente), el arquitecto Pedro Delheye (vocal secretario), y los vocales Rosa Aboy, Silvina Predeira, Magalí Marazzo, Marcelo Magadán, Gladys Pérez Ferrando, Selva Battistiol y Andrés Mage. El único vocal de la actual comisión que “sobrevive” en la lista propuesta por Cifelli es el arquitecto Juan Vacas, subsecretario de Paisaje Urbano en el gobierno porteño.

En sus 85 años de historia, la CNM se ha respetado el plazo de duración del mandato de los integrantes, excepto durante la crisis institucional de 2002, cuando durante la presidencia de Eduardo Duhalde se limitó el mandato de la totalidad de los funcionarios nacionales por decreto y la historiadora Liliana Barela fue reemplazada en la presidencia de la Comisión por el arquitecto y doctor en Historia Alberto de Paula. Los vocales fueron removidos y, luego, algunos volvieron a ser convocados para integrarla (a diferencia de lo que ocurre ahora). En esa ocasión, Barela, actual directora de Patrimonio de la Secretaría de Cultura, presentó un recurso de amparo ante la Justicia. Si se concreta la iniciativa gubernamental, Capano y los vocales podrían seguir su ejemplo. Barela decidió no continuar con el proceso judicial y las actuaciones fueron archivadas.

Fuentes de la CNM señalaron que el Gobierno actúa “al borde la ley” y no comprenden el motivo de la decisión. “Es un gran equívoco”, dicen. Si se sienta este precedente, cada nuevo gobierno electo se sentiría habilitado a vulnerar la ley 12.665 y designar a nuevos integrantes de la CNM, que desempeñan funciones técnicas y no políticas, como clasificar y listar monumentos, lugares, inmuebles o muebles y documentos que considere de interés histórico, asegurar la custodia, conservación, refacción y restauración de esos bienes y proponer al Poder Ejecutivo la declaración de utilidad pública, como pasó a finales de 2023 con República Cromañón, caracterizado como “Conjunto de Memoria Colectiva del Trauma Histórico”.

Desde el Gobierno indicaron que no se viola el plazo de la ley 12.665 porque, interpretan, el mandato de los integrantes del cuerpo colegiado coincide con el del Presidente en funciones. Según los asesores legales de la Secretaría de Cultura, al acortarse el periodo presidencial en 1994 de seis a cuatro años, también se puede adecuar el de los miembros de la CNM. “Sostener que el legislador al momento del dictado de la ley 12.665 en el año 1940 tuvo intención de extender el mandato de los miembros de la CNM más allá del mandato presidencial no tiene respaldo histórico ni normativo, simplemente la ley no ha fue modificada luego de la reforma constitucional del ‘94”, señalan. No obstante, recientemente se dio ese caso, con la presidencia en la CNM de Teresa Anchorena, cuyo mandato se extendió de 2016 a 2022, durante dos presidencias de distinto signo político, la de Mauricio Macri y la de Alberto Fernández.

Fuentes oficiales también sostienen que: “Es facultad constitucional del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) designar a las autoridades de estén a cargo de los organismos que le dependan. Los miembros de la CNM no poseen ni fueros ni inamovilidad en sus cargos, es el Presidente quien los designa o los remueve, conforme las facultades que determina el art 99 inc 7 de la Constitución Nacional”.

Reemplazarían a los actuales integrantes de la CNM el arquitecto Fernando Ferreyra en la presidencia, Graciela Cáceres (vicepresidenta), el abogado especializado en protección jurídica del patrimonio cultural Tomás Vaccaro (vocal secretario) y los vocales Néstor José, Mónica Valentini, Sergio Sepiurka, Jorge Mallo, Mario Lazarovich, María Cristina Vera y Gabriel Romero.

El presidente de la CNM propuesto por el Gobierno se desempeñó como director del Parque Tres de Febrero en la ciudad de Buenos Aires y presidió la Junta de Estudios Históricos de la Basílica del Pilar, en Recoleta. De 2015 a 2019, fue funcionario de la Comuna 2. Fue creador del Desfile y la recreación de la Batalla de la Reconquista de Buenos Aires, de 2016 a 2019, y autor del Desfile del Día del Barrio y de la Tradición, entre otras iniciativas. Romero, secretario de Cultura de la provincia de Corrientes, y Lazarovich, director del Museo Histórico del Norte, en Salta, fueron vocales durante la presidencia de Teresa Anchorena en la CNM. Romero y Barela trabajaron juntos en la declaración del chamamé como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la Unesco.

En la CNM, atribuyen la iniciativa a un “clima de época”. Si el Gobierno quisiera modificar la CNM, podría empezar por reformar la ley, que data de 1940, y ajustar el periodo de gestión de seis a cuatro años. “De otro modo, se violenta la institucionalidad”, comentan arquitectos y patrimonialistas. Algunos interpretan la medida como un reparto de cargos rentados entre aliados de La Libertad Avanza. La presidencia equivale al cargo de un subsecretario y el vocal secretario cobra una función ejecutiva nivel 1 del Sistema Nacional de Empleo Público (los demás vocales son ad honorem). “Si el Gobierno modifica la ley, nosotros presentamos la renuncia sin ningún problema”, dice uno de los vocales consultados por este diario.

La presidenta de la Comisión y algunos vocales se reunieron días atrás con el subsecretario de Gestión y Desarrollo Cultural, Ignacio Lupi, en el Centro Cultural Kirchner. Lupi, que según sus interlocutores ignoraba los alcances de la ley 12.665 y la historia de la CNM, les informó que la iniciativa era solo una nota con voluntad de transformarse en expediente.

Los actuales integrantes esperan el dictamen jurídico del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Si se aprueba el relevo, el Presidente deberá firmar un decreto para reemplazar casi por completo la actual CNM.

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