Jesús Rodríguez: “La propuesta de sumar a Schiaretti es no representativa, además de sorpresiva y riesgosa”

Elecciones 2023. ¿Se divide la oposición? Radicalismo, ¿otra interna? Dedo de Morales vs. consenso

“La responsabilidad de proveer certidumbre también corresponde a la oposición”, plantea. “La propuesta de sumar a Schiaretti es no representativa, además de sorpresiva y riesgosa”, afirma. “Es difícil pensar que pueda haber una recuperación del oficialismo en las elecciones”, sostiene. “Con unidad, una inflación menor y con sus conflictos no tan expuestos como ahora y sin los indicadores de pobreza de hoy, en 2021 perdió 10 puntos”, explica. “La coalición de Juntos por el Cambio es la que está en mejores condiciones no sólo de ganar la elección sino también de gobernar porque tiene procedimientos para resolver los conflictos y tiene una discusión programática”, cree. “Aún en los sistemas presidencialistas son posibles las coaliciones. No son solamente patrimonio de los sistemas parlamentarios como los sistemas en Europa”, explica y agrega: “La razón de ser de las coaliciones son las coincidencias programáticas”.

“Las cuatro fundaciones de los cuatro partidos que integran Juntos por el Cambio han venido trabajando en los últimos dos años en esa dirección de manera muy productiva y muy frecuente”, aclara. “En los presidencialismos de coalición son posibles los acuerdos con otras fuerzas pero no necesariamente antes de la selección de los candidatos”, distingue. “La estrategia de incorporar a Schiaretti es confusa porque contribuye a la idea de que todo lo mismo”, dice y sigue: “Y es riesgosa porque es bien sabido que hay elecciones en varias provincias todavía antes de la elección presidencial. Cuando uno incorpora una variable de esta naturaleza, está afectando la competitividad de los candidatos de la coalición”. “El presidente del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, Mario Negri, tampoco lo comparte. Ni el presidente del interbloque del Senado, el doctor (Alfredo) Cornejo. Ni la presidenta provisional del Senado, Carolina Losada. Ni el presidente del bloque de Senadores nacionales, Luis Naidenoff. El presidente del comité de la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, tampoco lo comparte”, precisa. “En el radicalismo no hay autoritarios”, sostiene. “La discusión se va a saldar de manera institucional”, subraya. “En el radicalismo, tenemos instancias previstas, compartidas y consentidas por todos para la toma de decisiones”, destaca. “Cuando el radicalismo tomó la decisión de forjar una coalición con otros actores políticos en el año 2015, fue resultado de un debate político público, muy a cielo abierto”, ejemplifica. “Existe un acuerdo suscripto por los cuatro partidos que integran Juntos por el Cambio según el cual, para nuevas incorporaciones a la coalición, debe haber unanimidad de sus integrantes”, detalla. “Hay una actitud no demagógica, no concesiva, muy responsable en la coalición opositora que muestra una cohesión conceptual sobre los temas sustantivos”, analiza. “Cuando hablo del ‘populismo recargado’, me refiero al ansia hegemónica del oficialismo nacional”, clarifica.

“Es el intento repetido de subordinar la independencia de los Poderes, la idea de la negación de la república, de la negación del control recíproco y de la rendición de cuenta”, desarrolla. “La sociedad argentina, nuestro país, tiene dos almas en el sentido de distintos registros culturales. Tienen que ver con historias ancestrales y corrientes migratorias, una sociedad más europea, más atlántica y otra sociedad un poco más tradicional donde las políticas sociales y económicas no tienen el rasgo que nosotros verificamos en las grandes ciudades y los grandes aglomeraciones urbanos”, analiza. “En Formosa hay mecanismo de ejercicio del poder que descree y avanza y atropella la división de Poderes”, cuestiona. “Yo pondría en el activo de los avances institucionales de Jujuy el haber conseguido que el monopolio de la fuerzas esté en manos del Estado y haber terminado con circunstancias de Estados paralelos dramáticos que favorecieron mega actos de corrupción como fue lo que sucedió con la organización Tupac Amaru”, subraya. “Existe una asociación directa, una relación de causalidad, entre fortaleza de las instituciones y resultados económicos y sociales”, propone. “Las instituciones son más relevantes, incluso que la propia dotación de recursos naturales para explicar el resultado económico en una sociedad”, insiste. “América Latina tiene sólo tres países con democracias plenas de acuerdo a The Economist, que son Costa Rica, Chile y Uruguay, y en esos países se registran, en términos relativos, mejores resultados económicos y sociales, reducción de la pobreza, mejor gestión de la pandemia y menores índices de corrupción”, compara. Todo lo que hagamos para fortalecer la calidad institucional es determinante. No puede haber un sesgo partidario en relación a este tipo de problemas”, señala. “El orden político deseable en una sociedad contemporánea tiene que estar afincado en tres pilares. Un pilar democrático. Un pilar liberal en el sentido de asegurar derechos individuales para todos, en particular para las minorías. Y también un soporte republicano que asegure la división de los Poderes. Y eso vale para la nación y también para los gobiernos subnacionales”, advierte. “En el endeudamiento con el FMI, no hay ningún incumplimiento a ninguna normativa de ninguna manera bajo ningún punto de vista”, asegura.

El economista Jesús Rodríguez, un hombre clave del radicalismo y de Juntos por el Cambio, estuvo en La Repregunta. Rodríguez es presidente de la Auditoría General de la Nación (AGD). Fue ministro de Economía durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Es vicepresidente de la Internacional Socialista, a la que adhiere la UCR.

De una oposición que parecía la alternativa de gobierno casi segura a una coalición que entró en crisis. Radicalismo, ¿presionado por el dedo de Gerardo Morales? Morales, entre la interna y una gobernación con costados polémicos. Aquí, la entrevista completa.

Sumar, ¿la estrategia más riesgosa de Juntos por el Cambio?

-Usted publicó un artículo la semana pasada con un análisis en torno al enfrentamiento entre quienes quieren la inclusión de Juan Schiaretti dentro de Juntos por el Cambio y quienes la resisten. Usó dos adjetivos para calificar la estrategia que busca incluir a una figura tan extrapartidaria como el actual gobernador de Córdoba: usted la llamó “confusa y riesgosa”. ¿Por qué “confusa y riesgosa”?

-Primero diría una cosa antes, que aún en los sistemas presidencialistas son posibles las coaliciones. Sucede en Brasil, en Chile, en Uruguay. Las coaliciones no son solamente patrimonio de los sistemas parlamentarios como los sistemas en Europa. Y la razón de ser de las coaliciones es un programa común, coincidencias programáticas de parte de los que suscriben ese acuerdo, los partidos que lo hagan. Entonces, el primer punto es que tiene que haber un programa. Y en ese sentido, las cuatro fundaciones de los cuatro partidos que integran Juntos por el Cambio han venido trabajando en los últimos dos años en esa dirección de manera muy productiva y muy frecuente. La discusión que se plantea ahora por parte de algunos muy destacados dirigentes de distintos partidos de nuestra coalición es la de incorporar a otro actor, a un dirigente, gobernador de una provincia. La pregunta que uno tiene que hacerse es si es el momento y si es el procedimiento. ¿Y por qué señalo esto? Porque en los presidencialismos de coalición son posibles los acuerdos con otras fuerzas pero no necesariamente antes de la selección de los candidatos, que se hace a través de las PASO. ¿Por qué? Porque el sistema político argentino y el registro electoral de la Argentina establece PASO, primera vuelta y segunda vuelta.

-Los argentinos tenemos claro ese proceso. Nos hemos acostumbrado y hemos entendido que los partidos tradicionales puros no logran ser competitivos y las coaliciones opositoras, ante la hegemonía del kirchnerismo, se mostraron más efectivas, por ejemplo, para ganar las elecciones de 2015.

-Ese es un error porque el último presidente que fue elegido por un solo partido político fue el presidente Alfonsín en 1983. Luego, desde Menem para acá, los resultados electorales se dieron en frentes o coaliciones o alianzas. Eso se relaciona con la búsqueda de una manera de representar sociedades diversas, conflictivas, complejas donde, incluso las decisiones electorales, no son como eran antes, sólo el resultado de antecedentes familiares o el lugar que cada uno tenía en el proceso productivo, empresario, trabajador, etcétera. Hay otras variables.

-¿Por qué la idea de sumar a Schiaretti es “confusa y riesgosa”?

-Es confusa, primero, porque al no estar bien formulada y por ser hecha de manera extemporánea, contribuye a la idea de que, como es todo lo mismo, no importa, no hay diferencias, no hay matices. Y en segundo lugar, riesgosa porque es bien sabido que hay elecciones en varias provincias todavía antes de la elección presidencial.

-Córdoba, una de ellas.

-Córdoba, una de ellas. Cuando uno incorpora una variable de esta naturaleza, está afectando la competitividad de los candidatos de la coalición. Y eso no es bueno, entre otras cosas, porque en muchas de esas provincias hubo manipulaciones, maniobras para cambiar el sistema electoral, para cambiar la fecha. Entonces, debe proveerse certidumbre y esa responsabilidad de proveer certidumbre incluye a la oposición.

Schiaretti sí o no, ¿una interna de PRO o también de la UCR? El dedo de Gerardo Morales

-La Unión Cívica Radical (UCR) se distingue y tiene una identidad propia ante la ciudadanía que se basa en el respeto por los procedimientos como manera garantizar consensos intrapartidarios, con convenciones, asambleas con mucha representación del interior del país. Gerardo Morales insiste con que este nivel de incertidumbre que atraviesa la oposición, Juntos por el Cambio, tiene que ver con una interna de PRO que enfrenta a Horacio Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich. Sin embargo, también hay resistencia de radicales a sumar a Schiaretti, por ejemplo usted, que está señalando una estrategia confusa y riesgosa. La UCR de Córdoba también sacó un comunicado muy duro donde cuestiona a Schiaretti y su inclusión en la medida en que identifica a Córdoba con Formosa.

-Y agrego: el presidente del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, Mario Negri, tampoco lo comparte. El presidente del interbloque del Senado, el doctor (Alfredo) Cornejo, tampoco lo comparte. La presidenta provisional del Senado, Carolina Losada, tampoco lo comparte. El presidente del bloque de Senadores nacionales, Luis Naidenoff, tampoco lo comparte. El importante radicalismo bonaerense, el presidente del comité de la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, que tiene una relevancia que, permitirme decirte, no todos los periodistas registran tampoco lo comparte. Lo que quiero decir es que se trata de una iniciativa, además de sorpresiva y riesgosa, no representativa.

-¿Se podría escalar en ese adjetivo y decir que parece una iniciativa un tanto dogmática y autoritaria por parte de un dirigente como Gerardo Morales?

-No, en el radicalismo no hay autoritarios.

-Pero Morales no consultó con nadie, según usted cuenta.

-En todo caso, forma parte de una discusión que estoy seguro que se va a saldar de manera institucional, como señalabas.

Interior versus CABA. ¿La nueva grieta en la cultura política? ¿Cuánto pesa en el radicalismo?

-Ahora, se plantea una cuestión interesante. Hay una diferencia entre quienes alientan la incorporación de Schiaretti y el volumen político de quien resisten esta incorporación por los modos de esa incorporación, por el tempo de esa incorporación y por la falta de una coincidencia programática clara en la incorporación de Schiaretti. Abre preguntas acerca de cuál es la relación entre dirigentes de ciertos distritos, como puede ser Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba y dirigentes provinciales con otro tipo de tradiciones políticas como son las provincias del Noroeste. ¿Empieza a tallar en la discusión de Juntos por el Cambio, y de cada partido de la coalición, por ejemplo, la UCR, una cultura política distinta en términos del rigor y del peso de la división de poderes o del respeto del consenso democrático?

-No estaría dispuesto a acompañar esa opinión. Y te voy a decir porqué: en el radicalismo tenemos instancias previstas, predeterminadas, compartidas y consentidas por todos para la toma de decisiones. De hecho, por ejemplo, cuando el racialismo tomó la decisión de forjar una coalición con otros actores políticos en el año 2015, que llevó a la coalición con la Coalición Cívica y el PRO, fue resultado de un debate político público, muy a cielo abierto, sobre cuál era el camino que tenía que tomar el partido. Ahí estaban representadas todas las provincias, todos los matices, todos los sectores, todas las sensibilidades radicales. Así que eso no vale tanto para nosotros. Y me parece que, en términos institucionales, también leí en La Nación la semana pasada una nota donde estaba consignado cuál era el procedimiento para la toma de decisiones por parte del PRO en relación a las alianzas. Sus estatutos indican que requiere dos tercios para modificar esa condición. Entonces los partidos tienen eso. Y agregaría otra cosa más que me parece muy importante: existe un acuerdo suscripto por los cuatro partidos que integran Juntos por el Cambio según el cual, para nuevas incorporaciones a la coalición, debe haber unanimidad de sus integrantes. Están previstos la dimensión federal y, al mismo tiempo, los métodos institucionales para encontrar solución a esos puntos de vista que tienen que ver con una situación que está por detrás de todo esto de una Argentina en crisis de una hondura pocas veces vista, con una dimensión, en términos sociales y económicos, muy grave. Cuando se producen esas situaciones, es obvio que hay repercusiones sobre los procedimientos y los modos de representación política. La crisis económica y social tiene que impactar, no puede ser inocua. Éste es el debate que estamos teniendo

Juntos por el Cambio. ¿De la unidad a la división? ¿Está en riesgo su unidad?

-Los oficialismos en América Latina vienen perdiendo, salvo la excepción de Paraguay. La crisis económica del cristianismo parece ser muy terminal y puede tener un impacto importante en sus chances de renovar la gestión de gobierno. Ahora, si la oposición, puntualmente Juntos por el Cambio, que parece ser la oposición más competitiva hasta el momento, entra en esta crisis de unidad, ¿puede estar en peligro la posibilidad de una alternancia?

-No, yo creo que, coincidiendo contigo, salvo Paraguay, los otros oficialismo que ganaron son donde las elecciones no son verificables: Venezuela y Nicaragua. En América Latina, ése es el dato de la realidad. Me resulta muy difícil de pensar que es difícil pensar que sea posible una recuperación del oficialismo, un oficialismo que ya perdió 10 puntos en la última elección en el año 2021, con el oficialismo unido, todos los actores políticos, representantes de las distintas matices del oficialismo sin fisuras perdió por una diferencia de 10, 40 a 30, cuando había la mitad de inflación que hay ahora y cuando no teníamos los datos de pobreza que hoy tenemos y cuando no estaban a la luz del día, los conflictos que han se han suscitado, con destacadísimos dirigentes del oficialismo que dicen que hay que revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces. Más aún, la coalición Juntos por el Cambio compitió en cuatro oportunidades y ganó en tres y expresa alrededor del 40 por ciento de la voluntad popular. Es la que está en mejores condiciones no sólo de ganar la elección sino también de gobernar porque tiene estos procedimientos para resolver los conflictos y tiene esa discusión programática de la cual hablábamos.

-En la elección de 2021, es cierto que la crisis económica era importante aunque con un nivel de inflación muy distinto pero había un Juntos por el Cambio muy unido, que había logrado logrado preservar su identidad de unidad después de la derrota electoral, lo cual la volvía un caso muy único de coalición en la historia de las coaliciones en la Argentina. Esa unidad a pesar de la crisis y de una derrota se ha perdido ahora. Por lo menos está jaqueada.

-Está con signos de interrogación. Pero me gustaría darte dos ejemplos de esa cohesión de la coalición opositora. La discusión con el Fondo Monetario Internacional es una discusión poco simpática para un legislador: votar afirmativamente un acuerdo que supone ajustarse al cinturón. Y la coalición opositora lo hizo a diferencia de un muy nutrido contingente oficialista, que votó en contra. Pensemos si no hubiera habido esa cohesión de la coalición opositora, ¿cuál sería la situación de la Argentina de hoy? Hay otro ejemplo. Hace pocas semanas se votó en el Congreso una nueva moratoria previsional y la coalición opositora no acompañó la iniciativa oficialista porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. En nuestra visión, era pegarse un tiro en el pie. De nuevo, una actitud no demagógica, no concesiva, muy responsable que muestra esa cohesión conceptual sobre los temas sustantivos.

“Populismos recargados”. ¿Sólo en el kirchnerismo o también en las provincias opositoras? El caso Jujuy

-Me interesa profundizar el tema del funcionamiento de las coaliciones o de las figuras centrales de una coalición como Juntos por el Cambio a la hora de gobernar sus provincias. La semana pasada salió en La Nación una nota muy interesante sobre el nepotismo en las provincias. En Jujuy, el gobernador Morales va a la cabeza en la cantidad de familiares muy cercanos en puestos del Poder Ejecutivo provincial, y también en los poderes Legislativo y Judicial que, aunque no dependen de su nombramiento directo, implican una red de contactos. Morales encabeza el ranking con 25 cargos en el Estado ocupados con sus familiares, desde hijos, hermanos, primos, tío, sobrinos, yernos, expareja o pareja, cuñados. El segundo es Gildo Insfrán, con 13 parientes en puestos públicos. En Ciudad de Buenos Aires, en cambio, no se encuentran parientes. En la Provincia de Buenos Aires, un pariente en puesto del Estado. En su artículo de la semana pasada, donde hizo un análisis del funcionamiento virtuoso de la coalición, hablaba de “populismo recargado”. ¿Hay una divergencia en cómo se concibe la calidad de la República en buena parte de las provincias del interior y cómo se conciben desde la Ciudad de Buenos Aires y desde la Provincia de Buenos Aires? ¿Empieza a registrarse una brecha de esa naturaleza?

-Cuando me refería al populismo recargado, estaba hablando del ansia hegemónica del oficialismo nacional.

-¿Es el único que tiene ansia hegemónica?

-Yo diría que sí porque es el intento repetido de subordinar la independencia de los Poderes, la idea de la negación de la república, de la negación del control recíproco y de la rendición de cuenta. El mejor ejemplo es el juicio político a la Corte Suprema. No trasladaría el tema a otras áreas. Sí quiero coincidir contigo en que la sociedad argentina, nuestro país, tiene dos almas en el sentido de distintos registros culturales. Tienen que ver con historias ancestrales y corrientes migratorias, una sociedad más europea, más atlántica, más diversa, más compleja y otra sociedad, tal vez un poco más tradicional donde la el políticas sociales y económicas tal vez no tienen el rasgo que nosotros verificamos en las grandes ciudades y los grandes aglomeraciones urbanos.

-Una investigación muy interesante de Paz Rodríguez Niell y Gabriela Origlia publicada en este diario planteaba otra cuestión. Su cuestionamiento de “populismo recargado” se aplica al kirchnerismo por esa hegemonía que no respeta la división de Poderes. Pero, según muestra ese trabajo, ahora se empiezan a conformar otros debilitamientos en esa división de Poderes en las provincias, que ya no necesitan la reelección indefinida en sus Constituciones. Esa debilidad empieza a verse en la menor representación que tienen las minorías en sus reformas constitucionales. Entonces el Poder Ejecutivo se libera de la lógica del check and balances, tiene mayorías absolutas en las legislaturas provinciales, tiene demasiado peso en el nombramiento de los jueces de las cortes provinciales. En Salta, de nueve jueces del tribunal superior, hay cinco que han sido designados por el gobernador Gustavo Sáenz. En el caso de Jujuy también se da se da esto, donde de los nueve jueces de la Corte provincial, seis han sido designados por Gerardo Morales o por el partido gobernante. Lo mismo ocurre en Misiones, con Hugo Passalacqua, donde Carlos Rovira se ha convertido en la envidia de los gobernadores, según una lectura crítica que se hace, porque no necesita ni siquiera tallar él directamente como figura política. La estructura de la organización parlamentaria y del nombramiento de los jueces en las Cortes provinciales, eso hace que el Poder Ejecutivo provincial tenga un poder muy desproporcionado. ¿Este es un debate que se da en un partido como la UCE, que tiene tanta presencia territorial?

-Por supuesto. El mejor ejemplo es la disputa que tuvimos en Formosa con motivo de la pandemia y antes de la pandemia y después de la pandemia, donde hay mecanismo de ejercicio del poder que descree y avanza y atropella la división de Poderes. Al mismo tiempo vale para gobiernos que no necesariamente pasan la prueba de la transparencia mínima de las administraciones. El mejor ejemplo de eso tal vez es las dificultades que tiene la prensa independiente para ejercer su trabajo en el caso de gobiernos provinciales con recursos que generan condiciones de promoción de medios de comunicación social que terminan siendo dependientes de la pauta oficial o, en su defecto, que son vinculados al poder político oficial de la provincia. Y ése es un problema que no se habla completamente: cómo se distribuye la pauta oficial y cómo, en muchos casos, la prensa independiente se encuentra en pésimas condiciones para ejercer su trabajo.

-Formosa es un ejemplo clarísimo de clientelismo político, de cancha inclinada. Suele ser señalada como un ejemplo preocupante por parte de muchos expertos…

-También por ausencia o debilidad de los organismos de control, falta de transparencia explícita, manejo discrecional de los recursos públicos, no rendición de cuentas, opacidad en las cuentas públicas.

-Pero mi pregunta apunta a otro lado. Está claro que un opositor radical en Formosa no duda en señalar esa debilidad institucional. ¿Cómo funciona la revisión de las propias posturas democráticas y republicanas dentro de la UCR a la hora de analizar las provincias en las que gobierna? Le planteaba el planteaba el tema del nepotismo y al gobernador Morales y a Jujuy como el caso número uno según la investigación del consorcio de periodistas de investigación, Ruido, publicada por La Nación por Mariela Arias. Señala que hay 38 funcionarios de Jujuy vinculados por parentesco con el gobernador y el vicegobernador. De esos, 25 están vinculados directamente con el gobernador. Eso por un lado. Por otro lado, también Jujuy está entre las provincias con mayor cantidad de empleo público, un 59 por ciento del empleo público. En Salta, un 45 por ciento. Entonces, sobre el nepotismo, ¿qué se puede decir de un gobernador radical que aparece encabezando este ranking?

-Hay rendición de cuentas eventualmente. Y agregaría lo siguiente: yo pondría en el activo de los avances institucionales de la provincia de Jujuy haber conseguido que el monopolio de la fuerzas esté en manos del Estado y haber terminado con circunstancias de Estados paralelos dramáticos que favorecieron mega actos de corrupción como fue lo que sucedió con la organización Tupac Amaru. Lo anotaría como un activo porque, si no, estaríamos subestimando la cuestión. O también diría, por ejemplo, en esta propuesta de reforma constitucional que está discutiendo la provincia de Jujuy, la consagración de derechos que no me parecen tampoco una cuestión menor.

-¿Le preocupa que las minorías puedan tener menos representación en la legislatura provincial?

-Bueno, la manipulación de las reglas electorales es un problema evidente. Pensemos solamente en aquellas muchas provincias que manipularon las fechas, aquellas que cambiaron las reglas electorales y consagraron leyes de lema que habían sido derogadas. Eso supone una regresión, un retroceso en términos de la calidad democrática. O las que pretendieron garantizarse re elecciones que la Constitución les impedía y que, afortunadamente, la Corte Suprema de Justicia relativizó. Pero déjame hacerte un comentario más general acerca de la institucionalidad. Estoy de acuerdo con insistir sobre este tema en todos los planos, en el plano de la transparencia, en el plano de la integridad y en el plano de la división de los Poderes. ¿Por qué? Porque existe una asociación directa, una relación de causalidad, entre fortaleza de las instituciones y resultados económicos y sociales. Las instituciones son más relevantes, incluso que la propia dotación de recursos naturales para explicar el resultado económico en una sociedad. Y eso vale y está demostrado. América Latina tiene sólo tres países con democracias plenas de acuerdo a The Economista, que son Costa Rica, Chile y Uruguay, y en esos países se registran, en términos relativos, mejores resultados económicos y sociales, reducción de la pobreza, mejor gestión de la pandemia y menores índices de corrupción. Todo lo que hagamos para fortalecer la calidad institucional es determinante no por el prejuicio de alguien que puede ser hombre de derecho, sino para mejorar las condiciones y la calidad de vida de los ciudadanos.

-¿Y esto no solamente aplicado al caso de un Poder ejecutivo en manos del kirchnerismo sino también a los gobiernos provinciales en manos de dirigentes radicales?

-Vale para todo. No puede haber un sesgo partidario en relación a este tipo de problema. El orden político deseable en una sociedad contemporánea tiene que estar afincado en tres pilares. Un pilar democrático donde solamente existe una legitimidad que está dada por las urnas en elecciones revisables. Un pilar liberal en el sentido de asegurar derechos individuales para todos, en particular para las minorías. Y también un soporte republicano que asegure la división de los Poderes, la independencia de los Poderes, el control recíproco, la rendición de cuentas: son las tres cosas las que necesitamos. Y eso vale para la nación y también para los gobiernos subnacionales.

-¿Le están planteando a Jujuy que la reforma constitucional que proponen debilita la división de poderes y el check and balances balances de los Poderes?

-No conozco el contenido de la reforma constitucional así que no me gustaría hacer una opinión fundada. Pero estoy seguro de que no va a estar por debajo de los estándares que la calidad democrática está expresada desde el radicalismo.

Deuda con el FMI. ¿Irregular y fuera de la ley o todo lo contrario?

-La última cuestión. La vicepresidente de Cristina Kirchner le dio mucho apoyo a un informe de la Auditoría General de la Nación. Lo planteó de esta manera en Twitter, donde incluyó un video. Decía: “Lo que vas a escuchar en este video no es la opinión de un partido político ni de un dirigente opositor. Es el resultado del informe aprobado por la Auditoría General de la Nación que detalla la enorme cantidad de violaciones a la ley cometidas en el préstamo del FMI”. Ese informe habla de “desastre”, “violaciones a la normativa”. ¿La lectura que hace la vicepresidenta de que este es un informe de la AGN es precisa o es un informe parcial?

-La afirmación no es correcta. Se trata de un informe que tuvo dos posiciones: una, de una mayoría vinculada al gobierno, al oficialismo, y la otra, de una minoría en las cuales me incluyo. ¿Por qué votamos en contra de ese informe? Porque ese informe dice que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se sustrajo al Parlamento para su aprobación. La tesis es que no se votó en el Congreso. La Ley 24.156, que es la Ley de Administración Financiera, en su artículo 60 dice que en caso de aquellos organismos de los cuales la nación argentina sea parte, y si hay un préstamo, no requiere tratamiento parlamentario, punto. La prueba de que es así es que, luego, el ministro (Martín) Guzmán mandó al Congreso una ley para que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional pasen por el Congreso. Hasta ese momento, los 30 acuerdos anteriores nunca pasaron por el Congreso. Conclusión: no hay ningún incumplimiento a ninguna normativa de ninguna manera bajo ningún punto de vista.

PARA LA NACIONLuciana Vázquez

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