Javier Curcio: “Estoy de acuerdo con que hay que dar el debate del arancelamiento”

“Tenemos que evitar que un arancelamiento plano venga a empeorar las cosas y no a mejorarlas”, plantea. “Nuestro sistema impositivo es muy regresivo y eso refuerza las transferencias Hood Robin en la universidad pública”, analiza. “La universidad hoy tiene problemas distributivos importantes pero le da la posibilidad a un porcentaje de los más desfavorecidos”, analiza. “La universidad no es gratuita porque todos pagamos de alguna manera”, aclara. “El gasto educativo en educación superior en Chile es mayor que el de Argentina”, compara. “Para pensar en cambios normativos que permitan nuevas formas de financiamiento, es un impedimento que la política se relacione con insultos y motosierras. Pero si encontramos un camino de diálogo que tienda puentes entre la sociedad, las universidades y el Poder Ejecutivo, estos caminos son viables”, sostiene. “En 2023, en medio de un proceso de ajuste del gasto nacional que llegó un 10 por ciento, el presupuesto universitario aumentó el 5,5 por ciento”, explica. “En el primer trimestre de 2024, la caída del salario universitario es del 33 por ciento, por encima del promedio del sector público”, precisa. “Todos entendemos que el gobierno va a dar más partidas, y queremos creer que va a ser así”, dice y agrega: “Si no hay más correcciones en el año, la caída sería del 70 por ciento”. “Si hay malversación y hay delitos, es muy importante que el control opere sobre la universidad”, afirma. “No creo que la universidad sea un canal especial para mecanismos de corrupción”, aclara. “El pico de gasto educativo de 2015 implicó un pico de tamaño del estado muy poco posible de sostener”. “Tenemos la iniciativa y la inquietud por mejorar el financiamiento educativo pero hay que hacerlo de manera sostenible, suficientemente financiado y además, identificando dónde se vuelcan esos recursos”, clarifica. “Algunas carreras reciben chicos que tienen poder adquisitivo que podrían aportar al cofinanciamiento”, puntualiza.

El respetado economista Javier Curcio estuvo en La Repregunta. Curcio es especialista en monitoreo y evaluación de políticas públicas y en inversión social. Es director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde es profesor e investigador. También es docente de la Universidad Di Tella y la Universidad de San Andrés. Desarrolló parte de su carrera en UNICEF y asesoró a organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial, entre otros.

Ajuste, ¿era necesaria la confrontación gobierno vs universidad? En 2023, ¿Massa bajó o no el gasto en universidades? ¿Arancelamiento sí o no? Si sí, ¿cómo? Los riesgos de la lógica de la motosierra en el arancelamiento. Autonomía universitaria, ¿opacidad en las cuentas? Curcio hizo su análisis.

Aquí, la entrevista completa.

Milei vs universidad pública. ¿Sigue o no sigue el ajuste? ¿Cómo quedaron las cuentas?

-Después de la gran crisis de la semana pasada en torno a la universidad pública y su financiamiento, ¿en qué ha quedado el ajuste? ¿Las correcciones que fue haciendo el Gobierno y las partidas que fue agregando permiten llegar a la conclusión de que el ajuste se contuvo? ¿O continúa?

-La situación es muy compleja. El ajuste continúa. Lamentablemente, hoy no tenemos un plan. El Poder Ejecutivo no logró la aprobación por parte del Congreso del Presupuesto para este año y entonces tenemos un presupuesto prorrogado del año pasado. Es la forma que tiene nuestra Ley de Administración Financiera para sostener los recursos cuando no existe ese consenso para la aprobación. Entonces, en épocas de alta inflación como ésta en la que estamos, esos valores que sirvieron el año pasado hoy representan muy poco y suponen un ajuste. De no modificarse a lo largo del año, no nos permite continuar. Llevó a una situación crítica en los primeros meses del año porque las partidas estaban congeladas y eso no permitía afrontar los gastos básicos de financiamiento.

-Al día de hoy, ¿de cuánto es la inflación acumulada con la que tiene que lidiar la universidad pública con el mismo presupuesto que se alcanzó en diciembre de 2023?

-Si contamos desde comienzos de 2023 en adelante, la inflación acumulada es casi del 300 por ciento. Como se fueron acumulando incrementos al presupuesto universitario durante el año pasado, la situación no es crítica a ese nivel. Pero el desfasaje entre lo que tenemos y lo que podríamos usar para funcionar este año, si no se incrementa adicionalmente, representaría una caída del presupuesto de alrededor de 70 por ciento. Es decir, implica reducir un 30 por ciento del total que recibió la universidad pública el año pasado.

-El Gobierno hizo dos desembolsos una vez que se instaló el problema y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la comunidad universitaria empezaron a presionar. ¿Cuánto implicaron esos dos desembolsos? ¿El 70 por ciento de ajuste persiste aún luego de esas transferencias?

-En promedio, el ajuste es del 70 por ciento. Tenemos que diferenciar el tipo de gastos. Respecto de los gastos salariales, todo el sistema educativo y también la universidad son muy intensivos en el uso de mano de obra: los salarios representan entre el 80 y hasta el 90 por ciento en algunas instituciones. Y el otro 10 por ciento son gastos de funcionamiento. Además, hay gastos de infraestructura, inversiones y otro tipo de gastos. Las partidas fueron para gastos de funcionamiento que representan alrededor del 5 por ciento del presupuesto. También hubo algún desembolso para la función de salud, es decir, para los hospitales de algunas universidades.

-Respecto de ese 5 por ciento, luego de los desembolsos que hizo el Gobierno, ¿el presupuesto logró acercarse más a la equiparación por inflación, al menos?

-Con el anualizado de ese 5 por ciento puntualmente, el ajuste al día de hoy pasaría de un 70 por ciento a un 50 por ciento en ese rubro. Al día de hoy, lo que tenemos registrado llega hasta marzo: la caída en promedio de todo el presupuesto es del 33 por ciento respecto del primer trimestre de 2023 porque en el ámbito salarial, también hubo incrementos marginales, por debajo del promedio del salario y del salario del sector público.

-Para entenderlo bien: al primer trimestre, con esos desembolsos realizados, la caída del presupuesto en general es del 33 por ciento.

-Y, puntualmente, en los gastos de funcionamiento el ajuste era del 59 por ciento pero con los desembolsos que hicieron quedó reducido al 50 por ciento. En cualquier caso, son ajustes de un nivel imposible de administrar.

-Si el gobierno no hiciera ningún otro desembolso a lo largo del año, ¿en cuánto quedaría el ajuste?

-Para estas partidas que representan el 5 por ciento, el ajuste quedaría en 50 por ciento y en el agregado, pasaría de 72 a 71 por ciento: como los nuevos desembolsos van a gastos operativos, que son una porción menor del presupuesto total, el ajuste disminuye más en esas partidas pero no impacta tanto en el presupuesto agregado.

-Cuando el Gobierno dice que ya hicieron los desembolsos necesarios y que ya se pusieron al día, ¿”al día” respecto de qué?

-Lo que está diciendo es que está atendiendo a la emergencia de estos meses. Pero la acumulación total de la inflación de todo el año no se está dando, habrá más inflación hacia adelante: el acumulado promedio del año será de cerca de 250 por ciento, de punta a punta, según el Fondo Monetario Internacional. Si se confía en que se puede sostener la caída de la inflación, va a estar en alrededor del 150 por ciento para este año. Eso implica que las partidas van a tener que seguir aumentando.

-Si no aumentaran las partidas, el ajuste sería del 70 por ciento.

-Esa es la situación. Todos entendemos que el gobierno va a dar más partidas, y queremos creer que va a ser así. Pero lo que estamos planteando es que necesitamos planificar ese ajuste y planificar los recursos disponibles hacia adelante. El Gobierno no está adecuando los créditos vigentes en función de eso por un error de planificación y, entiendo yo, por no explicitar cuál es el horizonte que tienen por delante.

-Una de las cuestiones es cuándo se evalúa el gasto educativo: si a partir de la fijación del presupuesto según el porcentaje respecto del presupuesto general, o si se evalúa en diciembre, una vez concluido el mes. La pregunta aquí es: ¿el presupuesto educativo de este gobierno es lo ejecutado realmente en 2023, llegado diciembre?

-Exacto.

-El secretario de Educación, Carlos Torrendell ha planteado que a lo largo del año se va a ir viendo cómo se comportan realmente, por un lado, las partidas para las universidades, y por otro lado, el presupuesto general para poder determinar si el presupuesto universitario subió o no respecto de 2023 y si subió o bajó respecto de la torta del presupuesto total. ¿Es razonable ese planteo de Torrendell?

-Hay que mirar los dos planos: ése plano ex post de evaluación, cuando ya ocurrió la realidad, es importante y lo hacemos para diseñar el mediano plazo. Pero mientras tanto, tenemos la coyuntura que hay que administrar. Hoy hay que administrarla en la emergencia del ajuste, con una situación crítica que el propio Presidente y el propio Poder Ejecutivo generan. La caída del salario de los docentes universitarios de este primer trimestre es de cerca del 33 por ciento por encima del promedio del sector público.

-¿De cuánto es la caída promedio en el sector público?

-La caída en el promedio del sector público es del 30 por ciento.

Comunidad universitaria. ¿Más paciencia con el kirchnerismo que con Milei? ¿Hubo aumento en 2023?

-En esta semana crítica que pasó, usted publicó un informe que echó luz sobre la composición del gasto universitario y la composición del ajuste, tanto en el gasto operativo del 5 por ciento como en el 90 y pico por ciento correspondiente a salarios. Ahora, en ese informe también había otra información interesante: que en 2023, en el último año de la presidencia de Alberto Fernández y con Sergio Massa como ministro de Economía, el gasto educativo no cayó sino que, al contrario, subió en términos reales, ya no simplemente por la adecuación a la inflación. Llegado diciembre de 2023, el gasto educativo anual tuvo un aumento del 5.4 por ciento, según sus precisiones. Sin embargo, Torrendell sostuvo hace unas semanas en este programa que el kirchnerismo, en ese último año de gestión, había estancado el presupuesto 2022 y que, sin embargo, los universitarios no habían planteado nada. Cuando arrancó 2023 y se arrastraba el presupuesto prorrogado de 2022, ¿se pudo haber planteado la misma situación crítica? ¿Las universidades pudieron haber planteado que no les alcanzaba el presupuesto dado la inflación que se estaba previendo?

-Todo el tiempo hay negociaciones entre el Poder Ejecutivo y las universidades. No estoy en ese tipo de negociaciones pero supongo que las hubo y que durante todo 2023 se fue adecuando el presupuesto porque la aceleración inflacionaria el año pasado fue mayor de la que estaba prevista. Pero el presupuesto 2023 se planificó y sí fue aprobado en 2022 por el Poder Legislativo con un determinado monto y con referencias de inflación y supuestos que después se modificaron, y los créditos se fueron adecuando. El año en que no se aprobó el presupuesto fue 2021 por diferencias internas en el oficialismo.

-Es decir que en 2023, el gobierno de Fernández arrancó el año con un nuevo presupuesto.

-Sí, con un presupuesto aprobado pero con supuestos de inflación muy alejados de lo que después se efectiviza.

-Entonces, la cuestión es: ¿en 2023 no se produce una crisis de protesta universitaria porque el desajuste entre los precios reales, los salarios reales, y el presupuesto no era tan grave y tan grande? ¿O porque hay un sesgo ideológico en la comunidad universitaria que es más paciente con el kirchnerismo aún cuando hay una brecha entre los gastos reales de la universidad y lo presupuestado?

-Cuando mirás la evolución del presupuesto, el año pasado se fue acompañando con actualizaciones. Hubo algún desfasaje menor pero nunca de estas magnitudes de 60 o 30 por ciento. Se acompañó el gasto a tal punto de que al final del año se mantuvo el nivel real e, incluso, se incrementó en 5,5 por ciento aún en medio de un proceso de ajuste importante del gasto nacional, que llegó a caer un 10 por ciento en toda la administración pública. En cambio, la educación fue rescatada de ese proceso y mantuvo e incrementó su posición relativa. Esa discusión de las universidades con el gobierno en 2023 seguramente tuvo instancias de tensión y de puja pero fueron resolviéndose con ampliaciones presupuestarias que evitaron que bajara el agua al río. Yo no participo en las negociaciones que ha tenido el CIN con el Poder Ejecutivo pero en este caso, al contrario, fueron escalando sin respuesta del lado del Ejecutivo y por eso se llegaron a situaciones que no tuvimos el año pasado, como por ejemplo, la necesidad de reducir la luz o de afectar las lógicas operativas más básicas.

-El año pasado, esa capacidad de diálogo entre las autoridades y comunidad universitaria, de un lado y el Poder Ejecutivo del otro, ¿se dio a partir de una tolerancia mayor que evitó que nunca desembocaran una crisis? Usted es un hombre de la universidad, con una posición de autoridad en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, que viene viendo estos procesos desde muy adentro la vida universitaria. ¿Es más fácil el diálogo por el sesgo ideológico de buena parte de la comunidad universitaria respecto de un oficialismo kirchnerista?

-El sistema universitario es muy plural. Hay ideologías de distinta inclinación y representaciones, desde más cercanas a la derecha y otras que llegan a la extrema izquierda. Hay situaciones muy variadas y en toda la historia ha habido mucha tensión en el Consejo de Rectores respecto de cómo se generan estos diálogos, tanto durante la crisis muy fuerte en el gobierno radical de los ´80s, que tuvo también ajuste fiscal, como en el menemismo en la década los ´90, cuando también hubo un ajuste muy importante para las universidades. O en la crisis de 2001. Siempre se encontraron canales de diálogo que, lamentablemente, en este primer trimestre no se están encontrando. El sistema universitario es el mismo de antes, cuando negociaba con el radicalismo alfonsinista, o con el menemismo o peronismo más de centroderecha, o con el kirchnerismo, y siempre hubo espacios para encontrar estos acuerdos. El que cambia las reglas de juego es el actual Poder Ejecutivo. Su tono para con la universidad y para con muchas otras instituciones y lógicas de funcionamiento social es bastante degradante. Con ese discurso y esas actitudes, es mucho más difícil generar esos puentes.

Aumentos kirchneristas. ¿Genuinos o el disfraz de una caja política?

-Una de las suspicacias que se tejen en torno, por ejemplo, al aumento de presupuesto educativo que ha hecho el kirchnerismo, por ejemplo el año pasado en educación superior, plantea que muchas de esas partidas adicionales se derivan a universidades que funcionan como intermediarias de negocios inapropiados. En ese contexto, esos fondos en realidad no se ejecutan para mejorar la calidad universitaria sino para alimentar un negocio non sancto. El ejemplo más claro es el caso de Julio De Vido, ahora procesado por este caso, y la Universidad Nacional de San Martín y la compra de equipos de producción audiovisual. ¿El aumento de presupuesto en realidad podría corresponder a un uso interesado de partidas de ese presupuesto? Es decir, ¿se lo disfraza de aumento virtuoso del presupuesto educativo lo que en realidad son partidas que se derivan a negocios espurios?

-Esos negocios nunca adquieren estas magnitudes que incluye el presupuesto.

-En el caso de De Vido, fueron 14 millones de dólares.

-Entiendo. Pero son 14 millones de dólares en un presupuesto de 1.400 billones de pesos. No quiero menospreciar ese tipo de cuestiones: si hay malversación y hay delitos, es muy importante que el control opere sobre la universidad. La universidad está sujeta a todos los controles en el marco de su autonomía y autarquía, con amplias formas de dar rendición.

-Si hay tantos controles, ¿cómo sucede un caso tan grave como el de De Vido y UNSAM?

-Ese tipo de casos no son exclusivos de la universidad. En Infraestructura, Transporte y en otras dependencias también hubo acusaciones. No creo que la universidad sea un canal específico o especial para este tipo de mecanismos.

-Pero un ministerio no tiene la autonomía y autarquía que sí hay en las universidades. ¿Puede suceder que la autonomía y la autarquía, en una Argentina que hace agua por muchos lados, donde la justicia también tiene problemas y hay corrupción, sean funcionales a esa opacidad del poder?

-La autonomía hace que en el ámbito de la pluralidad de la universidad se puedan tomar las decisiones que mejor le convengan al desarrollo académico y a las funciones que genera la universidad. Es cierto que eso se tiene que articular con controles. La unificación de controles que tiene el Poder Ejecutivo puede generarle alguna dificultad mayor. Pero la cuestión es conseguir mecanismos de control que puedan asegurar que se eviten este tipo de situaciones.

-En la causa De Vido y UNSAM, es llamativo que la denuncia es de un particular, Ricardo Monner Sans a partir de una investigación periodística en el programa de Jorge Lanata. Es decir, con todos los sistemas de auditoría internas que tienen las universidades, y el sistema externo de Auditoría General de la Nación y con la SIGEN, que tiene algún tipo de acuerdos con universidades y tiene algún rol en su auditoría, no se pueden prever estas situaciones y controlar su funcionamiento.

-Es muy importante que se prevean, que se controlen y que se penalicen si efectivamente sucedieron. Pero no veo que haya una situación especial de la universidad respecto de otros organismos. Tenemos que reforzar el control en toda la administración pública.

-¿Cómo se refuerza el control?

-Con convenios, diálogos, consensos que coordinen y articulen estos mecanismos. Habría que hablar con alguien específicamente relacionado con estas dinámicas. La AGN y algunas auditorías han avanzado y tienen recomendaciones concretas sobre las universidades. Habrá que profundizar eso. Quizás habrá que modificar alguna cuestión normativa respecto de que ese control sea más efectivo sin vulnerar la autonomía, que responde a toda una lógica y una racionalidad que no se choca para nada con el control ni es un impedimento para evitar que se den situaciones indeseadas.

Presupuesto educativo. ¿Cristina Kichner logró llevarlo al 6 por ciento? ¿Cuánto gasta la universidad argentina?

-Otra cuestión muy discutida en los últimos veinte años, por lo menos, es qué porcentaje del gasto total de la administración pública se aplica al gasto educativo. El día de la marcha, la expresidenta Cristina Kirchner, se autoelogiaba. Según decía, en su último año de gobierno, 2015, había llevado el presupuesto educativo al 6,3 por ciento gasto educativo respecto del PBI. Las únicas veces que se alcanzó la meta del 6 por ciento fue ese año y en 2013. Ahora, la ley determinaba que tenía que alcanzarse de 2010 todos los años. ¿Tiene sentido fijar esa meta? Si es efectivamente menor, ¿es grave? ¿Debería ser mayor?

-Es importante priorizar las inversiones educativas. Hay que invertir más e invertir mejor. También hay que asegurar qué se hace con esos recursos, y ahí hay todo un desafío para el sistema universitario y para el sistema educativo en su conjunto. Ese indicador de 6 por ciento incluye a todos los niveles de educación, también a la universidad. La universidad representa el 0.7 o 0.8 de ese 5 por ciento que en realidad invertimos en la educación. Hubo ese pico en 2015, pero implicó un pico de tamaño del Estado que fue muy poco posible de sostener. Hubo desfasajes muy difíciles en el tamaño del Estado que todavía no terminamos de acomodar, que la sociedad argentina decide y acepta sostener con sus aportes. Entonces, celebramos que pongamos más recursos en la educación y le demos prioridad. Hay estándares internacionales de UNESCO, de la comunidad internacional, hay acuerdos sobre cuánto poner en educación. Las metas de Objetivos de Desarrollo Sostenible ponen un rango de entre 4 y 6 por ciento del PBI para educación.

-¿De cuanto es la inversión educativa en la región?

-Está en cerca de 4,4 o 4,5 por ciento. La Argentina está en el nivel de 5 por ciento, incumpliendo recurrentemente una ley: el incumplimiento representa 1 punto del PBI anual, mucha plata. Hay algunos trabajos que muestran que esa acumulación va en deterioro de la calidad de educación.

-Hay un cálculo de esa deuda del Estado argentino con la educación: 26 mil millones de dólares.

-Exacto, algo así como 5 puntos del PBI acumulados desde la sanción de la Ley de Educación Nacional de 2006, que es la que estableció la meta del 6 por ciento y refuerza la Ley de Financiamiento y otras leyes previas. En esta lógica de priorizar la educación y del reconocimiento de la educación en sus funciones, tenemos la iniciativa y la inquietud por mejorar el financiamiento. Pero eso hay que hacerlo de manera sostenible, suficientemente financiado y además, identificando dónde se vuelcan esos recursos.

-Un gasto racional y eficiente.

-Exactamente.

Universidad pública. ¿Inclusiva o lo contrario? ¿Llegó la hora de debatir la “gratuidad”?

-Hay un argumento que se escucha del lado del Gobierno y de la militancia libertaria: que con los problemas de pobreza que tiene la niñez y la adolescencia, y los problemas que tiene sobre todo el nivel secundario, la universidad no debería recibir tantos fondos del Estado. Empieza a sobrevolar la idea del arancelamiento. Los datos muestran que la presencia de los niveles socioeconómicos más bajos en la vida universitaria en la Argentina llega al 26 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 24 años del quintil más pobre. Si se lo compara con Chile, en ese nivel de pobreza, el 40 por ciento está en la universidad, aún en un sistema “neoliberal” según la demonización de parte del arco ideológico, organizado en torno a universidades privadas, con una fuerte selección de alumnos, pero con un sistema de becas muy direccionados a los sectores populares. Es decir que la causalidad gratuidad e inclusión social no se está comprobando en la Argentina. ¿Qué se hace con eso? Porque los fondos para las universidades son cuantiosos pero no está dando los resultados esperados históricamente, si es que alguna vez los dio. ¿Tiene sentido hacerse la pregunta si arancelar sí o no? Y en tal caso, ¿cómo arancelar?

-Estoy de acuerdo con que hay que dar el debate del arancelamiento. Tenemos la orientación y la expectativa de que la universidad sirva a ese rol de movilidad social ascendente. En algún momento lo cumplió con mucha más fuerza que ahora. Ahora, está logrando que un 26 por ciento de esos chicos de estratos sociales más desfavorecidos tengan acceso a la universidad.

-Pero usted plantea que el gasto educativo respecto del PBI en la Argentina es mayor que en Chile, pero Chile está el 40 por ciento de los más pobres en la universidad y en la Argentina, que tiene gasto educativo más grande, el 26 por ciento.

-El gasto educativo en la Argentina es mayor que en Chile en términos de PBI pero el gasto de educación superior no es mayor que en Chile. El gasto educativo en educación superior en Chile es mayor que de la Argentina por el lado de la oferta. Tenemos que organizar cómo invertimos esos recursos y cómo podemos incrementar esos recursos. En el marco de la sociedad del conocimiento, en un mundo donde necesitamos tener cada vez más graduados y más educación superior, hay que lograr que esos recursos se asignen adecuadamente.

-Es decir, según su perspectiva, hay que dar el debate del arancelamiento. ¿Cuál sería su posición en relación al arancelamiento? ¿Es razonable pensar en un arancelamiento por nivel de ingreso?

-Me parece interesante plantear un debate que reconozca las diferencias entre las distintas universidades, entre las distintas disciplinas y entre las posibilidades de acceso que tiene la población a las distintas combinaciones que surjan de todas estas variables.

-No entiendo qué quiere decir todo eso.

-Hay disciplinas que tienen una rentabilidad social más alta que otras y otras que tienen una rentabilidad privada esperada mayor, que tiene más incentivo para el financiamiento privado.

-Por ejemplo, un economista se supone que va a ganar más que un docente.

-Que un docente o que un geólogo o un científico. Frente a eso, se pueden incentivar mayores recursos a unas disciplinas que a otras, y a algunas universidades que a otras. Hay universidades donde se requiere mucho más inversión porque la población que accede por ámbito de referencia tiene menos recursos. Hay otras, entre las cuales está la UBA, en la que algunas disciplinas reciben chicos que vienen de escuelas secundarias que pueden ser pagas, otras no, pero que tienen un cierto poder adquisitivo y que podrían aportar de alguna manera en el cofinanciamiento. Eso tendría que relacionarse con un recupero de costos a partir de acuerdos, convenios e impuestos, algún tipo de mecanismo buscando el equilibrio de estas variables. Por un lado, necesitamos darle más progresividad al sistema. Al mismo tiempo, hay que evitar que los chicos que no tienen los recursos no puedan acceder a la universidad por no tener fondos para la matrícula. Otros países de América Latina no lo resuelven bien aún cuando tengan mejores proporciones. No creo que el sistema chileno sea un sistema a seguir. -Hay que encontrar combinaciones y acuerdos distintos de los distintos elementos para cada situación. Una cosa es una disciplina que tiene más incentivos en relación con el mercado, que puede encontrar otro tipo de becas, aportes de donantes y otra, donde el incentivo privado sea más bajo, requerirá un Estado más presente, con más fuerza.

-En la Ley de Educación Superior, sancionado en el ´95 y reformada en algunos artículos por otra ley de noviembre 2015, antes de la llegada de poder de Cambiemos y muy empujada por parte del kirchnerismo, está establecido que el financiamiento no puede provenir de fondos de ningún tipo que no sea el Estado.

-Hoy está prohibido por ley. Eso implica un debate que cambie el marco normativo, pero las leyes también están hechas para cambiarse. No creo que eso sea un impedimento. Sí es un impedimento que la política se relacione con insultos y motosierras. Pero si encontramos un camino de diálogo que pueda poner puentes con la sociedad, las universidades y el Poder Ejecutivo, estos caminos son viables. Es un debate que tenemos que dar.

¿La universidad pública es “gratuita”? ¿Hay transferencia hood robin?

-La última pregunta: ¿la universidad es gratuita?

-La universidad no es gratuita porque todos pagamos de alguna manera. Pero hoy sí permite que todo aquel que tenga posibilidades para ir, vaya sin necesidad de pagar una matrícula periódica. Eso concentra algunos sectores sociales en algunas universidades y en algunas disciplinas de manera más desigual que en otras, y es lo que hay que tratar de resolver.

-Si la presencia mayoritaria es de las clases medias, medias medias, medias altas y altas comparado con ese 26 por ciento de los más pobres, ¿se está produciendo una transferencia muy inequitativa de recursos de esos sectores pobres que pagan el IVA, por ejemplo, a los sectores más ricos?

-Ésa transferencia Hood Robin se refuerza también porque nuestro sistema tributario es muy regresivo. Hay que considerar también cómo hacemos un sistema tributario más progresivo, donde también tenemos mucho por delante.

-Hood Robin por todos lados, en medio de la pobreza que crece cada vez más.

-Por eso tenemos que evitar que el arancelamiento venga a empeorar las cosas, y no a mejorarlas. Hay que encontrar los caminos que permitan una situación mejor a la que hoy tenemos que no resuelve todo y tiene problemas distributivos importantes, pero le da a un 26 por ciento de los sectores más desfavorecidos la posibilidad de ir a la universidad. No perdamos esa potencia que hoy todavía tiene.

-Claro, no pasar a un arancelamiento generalizado, al estilo motosierra.

-No pasar a un arancelamiento plano.

-Mejor pasar a una lógica que integre un componente de arancelamiento donde tenga sentido.

-Exacto. Hay que buscar cuáles son los mecanismos.

PARA LA NACIONLuciana Vázquez

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