Vuelta a clases: qué pasa con las escuelas que no cuentan con agua segura
PARA LA NACIONCarla Melicci
Si hoy las clases volvieran a ser presenciales, la escuela rural N° 762, a 80 kilómetros de la localidad de Villa Ángela, en Chaco, no podría recibir a sus alumnos. El agua del aljibe que usan no es segura ni potable. Sin embargo, es la única disponible en la institución y es la que se llevan los alumnos en bidones a sus hogares, ya que no cuentan con otra fuente cercana.
Son 16 chicos, de entre 5 y 14 años, y 13 familias que dependen de ese aljibe ubicado en el patio escolar donde se almacenan hasta 30.000 litros, cuando la lluvia los acompaña. "Me duele que no podamos brindarles acceso a agua segura y que tengan que acarrear los bidoncitos a caballo y sean dos nomás que es lo que alcanza", cuenta Mabel Rodríguez, directora y única docente de la escuela, con la voz entrecortada. El tema la preocupa desde hace años, pero hoy la desvela porque puede significar que cuando la cuarentena se levante, ellos no puedan regresar a la escuela. La pandemia por el coronavirus impone nuevas reglas: puede no ser suficiente que Mabel se ocupe de hervir el agua y ponerle lavandina.
Si bien la vuelta a clases presenciales en el país está en plena planificación y el regreso va a ser escalonado y progresivo, dónde, cuándo y cómo comenzará el ciclo lectivo va a depender de la situación epidemiológica del Covid-19 en cada jurisdicción, así como también de poder cumplir con los lineamientos generales consensuados en el protocolo que el Consejo Federal de Educación estableció el 2 de julio pasado. Una de las exigencias es que las escuelas cuenten con acceso a agua segura, tanto para la higiene personal como para limpieza y el funcionamiento de los baños. Sin embargo, la realidad diversa del país hace que no todas cuenten con este requisito.
Desde el Ministerio de Educación de la Nación estiman que "hay 4500 escuelas sin agua potable a nivel país" y que las provincias del norte son las más afectadas, seguidas por la provincia de Buenos Aires. Las autoridades no tienen un número exacto y actualizado, ya que el último censo nacional de infraestructura realizado en los 63.390 establecimientos educativos del país fue en 2014. Por eso, desde la cartera a cargo de Nicolás Trotta detallan que ya solicitaron "un relevamiento actualizado a las 24 jurisdicciones acerca del estado de las escuelas", y que en cada caso será esencial evaluar la infraestructura sanitaria previo a la apertura. "Asumimos el compromiso contundente de no permitir el inicio de las clases presenciales en las escuelas que no cuenten con las condiciones de higiene mínimas y necesarias, según lo establecen los protocolos desarrollados en el marco de la pandemia para el regreso a las aulas, cuando la situación epidemiológica lo permita", aseguran a LA NACION.
Para Nicolás Wertheimer, médico y fundador de la empresa social Agua Segura, que un chico no tenga acceso a este derecho "es muy grave desde el lado sanitario-médico" ya que "el agua es un factor clave y en lo más chiquitos representa un porcentaje altísimo de su peso". Además, Wertheimer destaca que en muchos lugares "la escuela es un centro comunitario y tal vez sea el único lugar donde el niño coma". Por eso, advierte que "si la fuente de agua no es segura, ya sea porque el servicio de distribución es sin tratamiento o porque no se lavan los tanques o no se es consciente de usar algún tratamiento como hervir el agua, las consecuencias impactan en el desarrollo neurológico y futuro cognitivo del niño cuando crezca".
En la Argentina hay 63.390 establecimientos de todos los niveles educativos y modalidades de enseñanza, sin contemplar a las del sistema universitario, según el padrón oficial del Ministerio de Educación de la Nación. De ellos, unos 4500 no cuentan con agua segura.
Desde SedCero, iniciativa que articula diversos actores sociales para garantizar el acceso a agua segura en Argentina, Bolivia y Paraguay, destacan que ante situaciones de emergencia donde se necesitan medidas inmediatas, alternativas como brindar filtros, sobres purificadores o proveer a los municipios más grandes, que tienen plantas potabilizadoras de agua, de camiones cisterna para que brinden el servicio en las comunidades rurales pueden ser soluciones factibles.
En este sentido, desde el Ministerio de Educación explican que están haciendo una inversión de 2.300 millones de pesos: 500 millones en transferencias directas de hasta 50.000 a las escuelas que priorice cada provincia, con el fin de adquirir insumos para la vuelta a la presencialidad; 1.300 millones para obras sobre provisión de agua, reparaciones de sanitarios y acondicionamiento de higiene y seguridad; y otros 500 millones de refuerzo del Programa 37 de Infraestructura Escolar, destinado a reparaciones menores.
No apta para beber
Mabel está preocupada. Si bien tienen agua gracias al sistema de canaletas que abastecen al aljibe, no solo no es apta para beber sino que es poca. Solo la utilizan para lavar y tirar en los dos baños de pozo que tiene la institución de más de 50 años. "El agua de lluvia es bastante limpia, lo que pasa que toda la suciedad va al fondo, no hay rejillas y el agua cae con bichos, con ranas, sapos. Los chicos saben que no pueden tomarla directamente de ahí", relata la directora.
Desde Proyecto Agua Segura, que diseña e implementan iniciativas para solucionar el acceso a agua segura en zonas urbanas, periurbanas y rurales, señalan que el principal problema que provoca la falta de este recurso en las escuelas es "el ausentismo por enfermedades relacionadas al consumo en agua en mal estado, como la diarrea, segunda causa de muerte en menores de 5 años en América Latina y, como consecuencia, la deserción escolar".
Para que sea apta para el consumo y evitar enfermedades, Mabel y el grupo de padres que coopera en la escuela se organizaron para controlar el consumo del agua y le hacen un tratamiento casero. "La hervimos y le ponemos un poquito de lavandina –comenta la directora –. Pero hay poco, así que se cuida mucho. Hay horarios y cantidad de litros para sacarla. Los fines de semana que yo no estoy, se queda una vecina y ella pone llave y candado, porque unos pícaros me chocaron el portón de la escuela y entraron con camionetas a sacar agua".
"Nosotros hablamos de agua segura porque no tratamos el agua técnicamente. Si bien a la jerga es potable para consumo humano, no es potable en el sentido que nosotros no le hicimos ningún tratamiento más que limpiarla. En definitiva ambos tipos son apta para el consumo", explican desde Proyecto Agua Segura.
Dentro de la estadística nacional, Chaco se es el tercero de los distritos más damnificados de la Argentina por Covid-19. Mabel cuenta que, antes de la cuarentena, sus alumnos, que en su mayoría son hijos de peones que van migrando de acuerdo a las cosechas, hacían hasta 30 kilómetros a caballo para estudiar en bancos antiguos de madera y desayunar o almorzar, dependiendo de la mercadería que les llegue.
Cansada de reclamar a las autoridades de turno por los problemas de infraestructura generales de la escuela, la directora cuenta que tiene un objetivo personal antes de jubilarse: que los chicos puedan contar con agua segura al menos en la institución, ya que en sus casas no tienen. Una situación que se repite en muchas escuelas rurales o de zonas periféricas.
"Conseguí Internet, tenemos las computadoras, solo nos falta la antena. Este año voy por el agua. Sería un gran paso que mis chicos puedan tomar agua limpia. Me gustaría que haya equidad y oportunidades para ellos", sostiene Mabel.
Articulación por el agua
Desde 2015, Proyecto Agua Segura hace un relevamiento cualitativo y tiene registradas 1180 escuelas en el país que no tienen un suministro o acceso seguro a este recurso, lo que impacta negativamente en 118.811 alumnos. Si bien el listado lo encabeza la provincia de Buenos Aires, el 56,73% de las escuelas relevadas pertenecen a Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del Estero. Es decir, el norte del país concentra la zona más afectada.
En este sentido, desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires señalan que están en pleno desarrollo de las reuniones regionales con los distintos actores del sistema educativo "para adaptar el protocolo marco que votó el Consejo Federal a las realidades institucionales y distritales de la provincia, que son muy diversas". Explican que están haciendo un relevamiento "escuela por escuela para determinar las que tienen la provisión de agua asegurada y así detectar aquellas que necesiten algún tipo de intervención" a los fines de garantizar lo que pide el protocolo: "agua para higiene y limpieza del edificio para la vuelta a clases".
Hay nueve provincias que avanzan en la planificación para el retorno a las aulas (Catamarca, Formosa, San Luis, Tucumán, Corrientes, Misiones, San Juan, Santiago del Estero y Santa Fe), pero desde la cartera de Educación, explican que cuándo, cómo y en qué escuelas y secciones comenzarán las clases "será una decisión provincial que Nación acompañará con presupuesto destinado a mantenimiento y reparación de la infraestructura escolar y la compra de insumos de higiene y seguridad".
Si bien se remarca esa diferencia entre agua segura para higiene y limpieza, y agua potable, desde Proyecto Agua Segura lo consideraron un tecnicismo. "El agua potable es toda el agua que está tratada, que tiene ciertos minerales, nutrientes. Es una diferenciación que pone el Código Alimentario Nacional. El agua segura es toda aquella que no tiene nada microbiológico, ni tóxico, ni físico, pero que no pasó por ningún tipo de tratamiento", señalan. En definitiva, explican, "ambos tipos son aptos para el consumo".
"Hay tecnologías sociales que realmente pueden solucionar el problema. Algo que nos dio buen impacto en la zona de Chaco –y no es caro– es la construcción de cisternas para la recolección de agua de lluvia. En una zona donde llueve solo dos meses al año, si se cuenta con un buen sistema de recolección, realmente se puede cubrir la cantidad anual de agua necesaria para que la escuela funcione", detalla Nicolás Avellaneda, coordinador del proyecto SedCero en Argentina, quien remarca que el acceso al agua "es un derecho humano que debe estar garantizado por el Estado". En este sentido, señala que "actualmente la potestad la tiene cada provincia" por eso están trabajando en una ley nacional para el consumo y saneamiento.
"Es importante agregar la capacitación a los docentes en el cuidado y el uso del agua porque necesitamos tener un buen manejo para que siga siendo segura", destaca Avellaneda y aclara: "Son medidas paliativas que no solucionan el problema pero claramente los chicos necesitan volver a clases".
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