Tuvo que volver a la casa donde sufrió maltrato de niña por un “problema administrativo” de Nación

Karina sufrió los golpes de su madre desde que nació en una casa humilde de un pequeño pueblo, a varios kilómetros de Jujuy capital. A los 7 años fue cedida a una familia que ella no conocía y su situación no fue mejor. Allí, le robaron su inocencia y su niñez, cuenta. A los 15, sus profesores del colegio secundario se dieron cuenta de que tenía golpes en el cuerpo. Fue cuando la Justicia la ingresó en un hogar, para alejarla de ese horror.

No fue adoptada por otra familia. Al cumplir la mayoría de edad, los 18, como todos los chicos y chicas institucionalizados y sin padres, egresó del sistema de protección del Estado. Pensó que estaba a su suerte y encadenada a ese pueblo donde vivió y que era lo único que conocía ¿A dónde iría? ¿Cómo conseguiría un trabajo? ¿Cómo continuaría sus estudios?

Una trabajadora social le dijo que tenía, por derecho, el beneficio del Programa de Acompañamiento para el Egreso de jóvenes sin cuidados parentales (PAE), creado por la Ley 27.3641 en 2017. La inscribió y Karina paso de no tener nada a ser titular de una asignación económica (unos 162 mil pesos) que la ayudó a mudarse a la capital provincial, donde alquiló una pieza que decoró como a ella le gustaba y la consideró como su primera propia casa. Comenzó a estudiar enfermería y se graduó como bombera voluntaria.

Pero su historia no termina ahí. Desde el mes pasado, Karina, que hoy tiene 20 años, dejó de recibir el dinero del PAE por lo que tuvo que dejar la pieza donde vivía y no se inscribió en el segundo año de enfermería. Y tuvo que volver con su madre: volvió donde empezó el horror.

“El dueño del departamento me dijo que no me podía esperar. Le di una televisión vieja que tenía como parte de pago, pero no fue suficiente”, se lamenta Karina en una comunicación telefónica con LA NACION. Su nombre es de fantasía, ya que al volver al lugar donde abusaron de ella, teme represalias.

“Yo no sabía a dónde ir. Era esto o la calle. Así que volví con mi mamá, que me dijo que me atenga a las condiciones, que es quedarme encerrada en la casa. Y extraño estudiar y tener mi espacio. No estoy bien”, dice en voz baja, entrecortada, como rota.

En esa misma situación se encuentran miles de jóvenes que fueron parte de los sistemas de guarda del Estado y que desde hace tres meses sufren las demoras en el pago de la asignación económica y no encuentran respuestas desde Nación, que debe disponer de los pagos. Tampoco hay ningún tipo de información oficial desde la entidad reguladora, la anterior Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia, que hoy tiene rango de subsecretaría, depende del Ministerio de Capital Humano y está dirigida por Ana Belén Marmora.

Fuentes del Gobierno consultadas por LA NACION indicaron que las demoras en los pagos se deben a “una cuestión administrativa” y que “la intención no es discontinuar el PAE”. Pasados cuatro meses desde la asunción de la nueva gestión, aseguran que están “ordenando el desorden”. Mientras, 3.500 jóvenes ven sus vidas suspendidas o quebradas en momentos en los que estaban comenzando su proyecto de vida autónoma, como Karina.

Igualar derechos

En total, hay un universo de 16.000 chicos en el sistema de cuidados del Estado u hogares. Al cumplir la mayoría de edad, las chicas y los chicos que viven en hogares y no pudieron ser adoptados o revincularse con sus familias de origen, porque sufrieron diferentes tipos de violencias y abusos, antes de la ley debían dejar las instituciones con el riesgo de quedar en la calle, sin trabajo, educación ni redes de contención.

Es por eso que se creó la “Ley de egreso” (la Nº 27.364), que es pionera en la región. La iniciativa contempla el PAE, que tiene dos etapas: en la primera, cuando los chicos y chicas cumplen 13, se les designa un tutor o referente. Estos los acompañarán para asesorarlos en lo que es su educación, salud y contención afectiva hasta los 21 años. Esos referentes son capacitados y puestos en una nómina por parte de Nación, pero sus sueldos corren por parte de las provincias.

La segunda etapa comienza cuando los jóvenes cumplen los 18 y egresan. Entonces se hacen titulares, sin intermediarios, de una asignación económica (es el 80% de un salario mínimo vital y móvil) para poder alquilar un lugar, buscar un trabajo, sostener una carrera. La reciben hasta los 21, pero si estudian, tiene derecho de cobrarla hasta los 25 años.

“El Código Civil y Comercial determina que todas las familias tienen responsabilidad alimentaria sobre sus hijos hasta los 21. Entonces, esta ley lo que hace es igualar los derechos de los chicos que tienen familia y de los que no la tienen. Es por eso que es muy grave que se demoren los pagos. Ya han sufrido numerosas vulneraciones y esta es una más si no se regulariza pronto”, dice a LA NACION Dana Borzese, directora ejecutiva de DONCEL, la asociación civil fue la que motorizó la ley por 2017.

Doncel y otras organizaciones están comprendidas en la ley para velar por que la norma se cumpla y gracias a su articulación con los chicos que egresan, motorizan posibles mejoras en la normativa. Esas organizaciones, no perciben ningún tipo de ayuda del Estado. Borzese coincide en que quizás la reestructuración de la SENAF haya influido en los retrasos, pero “hace tres meses que los pagos se retrasaron y las nóminas de referentes no se actualizan, no se ha capacitado a nuevos tutores y no hay información oficial”.

“Tuve que dejar la universidad”

Desde que nació, Mercedes Vaca sufrió todo tipo de violencias en su casa de San Miguel de Tucumán, donde vivía con su madre y su hermano que la doblaba en edad. A los 8 años, la Justicia la sacó de allí y la alojó en un hogar de niñas. A sus 14, una mujer la adoptó, pero ese vínculo no funcionó y con 17 años volvió a quedar sola. Como todavía no existía la Ley de Egreso, la Justicia determinó que quien desistió de la adopción le pagara una pieza hasta que ella consiguiera independizarse económicamente.

La joven llegó a tener tres trabajos para poder comer cuando comenzó a pagar ese alquiler. Estaba ocupada de 6 de la mañana a 12 de la noche. A sus 18 llegó el alivio. Su provincia adhirió a la Ley Nacional, y hoy, Mercedes, ya con 22 años, estudia Derecho y alquila un departamento. Pero “las cosas están difíciles”, dice, ya que la última vez que cobró el PAE fue en marzo, ella no se anotó al segundo año de su carrera en la universidad donde estudiaba y su referente renunció porque lo que le paga la provincia no le alcanza para vivir.

“Mi referente me ayudó no solo con la contención afectiva, también a aprender a sacar un turno con un médico, a que me hiciera valer en una entrevista laboral. Es importante que siga habiendo referentes y que su tarea se valore desde el Estado, algo que no sucede”, explicó a este medio Mercedes, que es parte de Guía Egreso, un grupo de jóvenes que egresaron de hogares y asesoran a otros pares.

El miércoles pasado, Mercedes y sus compañeros, fueron parte de una reunión con la defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, a quien le informaron la situación que viven.

El pedido al Gobierno

Las inquietudes sobre el futuro del PAE fueron publicadas en un comunicado firmado por Doncel, otras organizaciones y equipos técnicos municipales y de algunas provincias responsables de aplicar el PAE en sus territorios. “No tenemos ninguna respuesta desde la SENAF o el Ministerio de Capital Humano. Pedimos que nos digan qué ocurrirá”, dijo a LA NACION Noel Brito, jefa del Programa PAE de la provincia de Salta.

“Muchos han tenido que discontinuar sus estudios o se les ha dificultado planificar el desarrollo de su vida autónoma. Muchas de ellas son mamás que tienen a cargo niños. Esto produce una revictimización cuando ellos deben ser protegidos y acompañados desde el Estado”, afirma.

Cuando este medio le informa a Mercedes que el Gobierno aduce problemas administrativos, ella respondía consultas de otros pares, más jóvenes que ella, que temían que sus opciones fueran volver al hogar de sus abusadores, como Karina, o ir a la calle. “No nos pueden estar dando esta respuesta cuatro meses después de haber asumido el gobierno y con jóvenes quedando en la calle por esa desorganización. Es abandonarlos, por segunda vez”, dice.

Más información

• Doncel es una asociación civil que busca mejorar la transición de los jóvenes que vivieron en hogares a su vida adulta, para que puedan acceder a sus derechos de obtener una vivienda, trabajo y educación.
• Guía Egreso es un programa de Doncel liderado por jóvenes egresados de hogares. Fue creado en 2010 con el objetivo de acompañar y fortalecer a otros chicos y chicas que se encuentran transitando su egreso.

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