“Tomás llora y ya no quiere ir a la escuela”: el Colegio Magno de Pilar le negó, junto a otros siete chicos con discapacidad, seguir en la escuela

Como todos los viernes, Tomás se despidió de sus compañeros de tercer grado del Colegio Magno, de Pilar, y planeaba pasar un fin de semana con amigos y familia. Nunca se imaginó que ese viernes, el 30 de septiembre pasado, mientras él tomaba la merienda, la escuela le estaba enviando a su papá un mail en el que le negaba la matrícula para el año próximo.

“Tomás tiene TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) y no tiene ningún condicionamiento. Le cuesta quedarse quieto y concentrarse y tiene un acompañamiento terapéutico en el aula”, cuenta Ignacio Garrido, su papá. “Recién vi el mail el lunes, cuando leo los chats de padres y me entero del mail que me había llegado a la bandeja de correo no deseado”, continúa en diálogo con LA NACION.

Ocho familias con hijos que transitan algún tipo de discapacidad recibieron el mismo correo en donde se les niega la rematriculación de sus hijos para el año próximo, sin ninguna explicación más:

“Aprovechamos para agradecer todo el tiempo compartido y desearles que encuentren una institución educativa que satisfaga todos sus requerimientos y las necesidades particulares de su hijo”, fue el final de un mail frío, sin firma, de cuatro párrafos breves y sintaxis polémica que enviaron a las familias”.

Ignacio y su mujer, Carolina, quedaron desconcertados. Todos los demás también. Exigieron una reunión y la urgente revisión de la decisión, pero no tuvieron respuesta.

Luego de cinco denuncias presentadas en el INADI, en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y en la Secretaría de Educación de Pilar, una delegación del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos se presentó ayer en el colegio y confirmó que las medidas adoptadas incumplen la Ley de Educación Provincial 13.688, por lo cual intimaron al Colegio Magno a retrotraer la decisión en un plazo de 48 horas.

En un comunicado difundido anoche, el Ministerio de Educación bonaerense agrega que la ley le ordena a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense a “proveer, garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos sus habitantes”.

“El derecho a la educación inclusiva está garantizado por nuestra Constitución, a partir del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que Argentina adhiere. Además, la resolución 311 del Consejo Federal de Educación, del año 2016, establece como un derecho de todo estudiante poder asistir a una escuela común, tanto privada como pública”, explica Belén Arcuci, Coordinadora del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad, de la ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).

Tomás llora y ya no quiere ir a la escuela. Como él, sus amigos tampoco quieren ir y los chicos del secundario están viendo qué hacer para manifestar su protesta. “La comunidad de la escuela está toda afectada y nos da su apoyo incondicional, estamos todos muy agradecidos por eso”, agrega Ignacio.

La vicedirectora del nivel primario renunció porque no fue consultada ni notificada en ningún momento, al igual que los equipos terapéuticos de los chicos, que trabajaban en forma articulada con la escuela y desconocían la decisión del propietario de la escuela, Santiago Boix Mansilla. El caso de la familia Garrido se replicó en las siete familias restantes. Las mismas reacciones, el mismo sentimiento de discriminación y abandono, la misma furia.

Pablo Basz es papá de Emanuel, que tiene síndrome de Hunter, una enfermedad que le produce discapacidad física y mental. Toda la familia acompaña a Manu en su proceso de crecimiento y la escuela que lo recibió hace cinco años con un proyecto inclusivo, hoy le cierra las puertas. Es muy querido por sus compañeros y por toda la comunidad de padres y docentes. Sus padres pidieron una reunión y los recibió Boix Mansilla, quien, según reconstruye Pablo, les dijo que él es el dueño, es quien decide y que quiere que la escuela eleve sus estándares académicos y se distinga por su excelencia.

“Sin ningún miramiento, el dueño del colegio nos dijo: ‘Su hijo baja la vara del colegio’. Además, agregó que nadie lo contrataría en el futuro y que él manejaba la escuela como quería, porque era su empresa, desconociendo todo el marco legal al que debe ajustarse una institución educativa”, explica Pablo. A diferencia de la familia Garrido, él y su familia no quieren irse de la institución. Quieren luchar para que vuelva a ser la escuela que los recibió hace cinco años y que todo esto sea reconocido como un error.

En reiteradas ocasiones y por distintas vías, LA NACION intentó comunicarse con las autoridades del Colegio Magno pero no obtuvo ninguna respuesta.

El enfoque de educación inclusiva que el marco legal argentino sostiene habla de que todas las personas deben educarse juntas, en los mismos espacios, y que sean provistas de los apoyos y ajustes que cada una necesita. El enfoque inclusivo es un estadío superador al de integración, porque no busca que el alumno se integre a la institución sino que las escuelas modifiquen sus prácticas y estrategias de enseñanza para garantizar un aprendizaje equitativo y participativo. En el libro “Educación y Discapacidad”, la abogada y especialista en educación inclusiva María José Adrogué, sostiene que “el sistema educativo en su conjunto y no una escuela ha de ser la unidad de cambio” y que “el niño no es un ser meramente intelectual o funcional, sino un todo y también así se concibe a la escuela”.

Mañana, jueves 13 de octubre, a la mañana los padres dejarán a sus hijos en la escuela y abrazarán el edificio para que esta decisión que les cambió la vida a todas las familias se revoque, lo mismo que exige el Ministerio.

Luciana es mamá del colegio desde hace tres años. Llegó a él porque buscaba esa mirada universal que lo distinguía de muchos otros colegios de Pilar. “Hay muchas escuelas que discriminan las discapacidades, pero no lo dicen”, aclara. Tiene dos hijos en ambos niveles, donde también se nota el desorden emocional que provocó la idea de que sus amigos y compañeros de aula no estarían más el año próximo por decisión del dueño. Todo lo enseñado hasta ahora se trastoca en sus cabezas y no pueden entenderlo. “Hasta el 30 de septiembre, éramos un colegio inclusivo y yo espero que lo siga siendo, en la medida que se revoque esta decisión. Nunca hubo un caso de discriminación en la escuela. Mi hijo se quiere ir pero le estoy enseñando que, para que las cosas cambien, hay que pelearlas desde adentro”, dice.

Las familias de Manu y de Tomás son las voces de todos los demás. Están tan aturdidos y abrumados como ellos. La decisión les resulta contradictoria, inentendible y muy alejada del modelo pedagógico que habían elegido. “No hay nada peor que ver que a tu hijo le están haciendo algo doloroso e injusto y sentir que no podés hacer nada para evitarlo”, dice Ignacio, papá de Tomás, y quien en su infancia también tuvo TDAH y fue tratado por ello. “Lo entiendo mejor que nadie, por eso, por más que reviertan la decisión, no es más el lugar donde quiero que mis hijos se eduquen”, agrega.

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