Su hija estuvo desaparecida 11 años pero había muerto a los dos días: “El fiscal me trataba de molesta y me pedía que no volviera”

Hace un año, María Isabel López viajó a Corrientes tras la pista de su hija Ailén. Una persona había dicho que la joven, desaparecida de su casa en Longchamps el 14 de febrero de 2013 cuando tenía 17 años, había ido a pedir comida a un comedor comunitario de esa provincia. Durante días, María recorrió villas y asentamientos preguntando por la mayor de sus hijas sin saber que esa pregunta tenía una respuesta tan trágica como indignante: Ailén había fallecido dos días después de su desaparición.

La joven había sido atropellada junto a su novio por un tren en Florencio Varela. Ambos habían fallecido. Como no tenían identificación, la fiscal que intervino pegó carteles en la zona del accidente para identificarlos, se acercó a las escuelas de la zona, verificó si las huellas estaban en el registro de personas con antecedentes penales, pero nunca cotejó esas mismas huellas con la base de datos del Registro Nacional de las Personas. Tiempo después de su muerte, Ailén y su novio fueron sepultados como NN mientras María Isabel recorría comisarías y organizaba marchas para encontrar a su hija.

“Necesito que los responsables de tanta desidia, paguen. Durante años, fiscales y policías me dijeron que estaban buscando a mi hija mientras que ella ya estaba muerta. Ahora resulta que lo que me van a dar es una bolsa con sus huesos”, se quiebra María Isabel en diálogo con LA NACION.

La clave para desentrañar el caso no provino ni de las fuerzas de seguridad, ni de la Justicia, ni tampoco del Sistema Federal de Búsqueda (Sifebu), el organismo encargado de coordinar todos los esfuerzos en el país tanto para buscar a una persona desaparecida como para identificar restos NN. Fue iniciativa de la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata, que acompaña, desde hace años, a María Isabel y su familia.

Hace algunas semanas, la organización impulsó, a través de Juan Ignacio Bellocchio, el abogado que lleva la causa judicial por la búsqueda, una consulta sobre sepulturas sin identificar en los cementerios de la Provincia de Buenos Aires. Fue entonces que respondió el cementerio de Florencio Varela reportando el entierro de dos personas de alrededor de 20 años que habían sido arrolladas por un tren dos días después de la desaparición de Ailén. La ropa de uno de los cuerpos coincidía con la de Ailén.

“Mi hija era buena, tenía sueños”, dice María Isabel, mientras se quiebra en un sollozo al tratar de recordar su vida antes de que Ailén desapareciera. “Éramos una familia ensamblada. Yo había criado a Ailén sola y, cuando ella tenía 8 años, conocí a Marcelo, mi pareja, y tuvimos a Magalí, que ahora tiene 17 años”, explica. Entonces cuenta que Ailén quería ser profesora de Lengua y Literatura. “Le gustaba mucho la historia y leer en general. Había sido abanderada, pero también tenía muy bajo perfil, no le gustaba destacarse. Pero todo cambió cuando conoció a este chico”, relata.

La denuncia por la desaparición de la chica, aquel 14 de febrero de 2013, había sido, en rigor, la segunda en menos de un mes. “El 25 de enero, después de hablar por teléfono con su novio, se va de casa sin darnos explicaciones. Así que me acerco a la comisaría, pero no querían tomarme la denuncia. ‘Ya va a volver’, me decían”, recuerda. Pero Ailén no volvió. Dos días más tarde, la mujer y su marido salieron a buscarla. La encontraron debajo de un puente, en compañía de su novio, sucia, rasguñada y con signos de haber consumido sustancias.

En las semanas siguientes, María Isabel recuerda haber pedido ayuda ante la Policía y ante diferentes dispositivos de contención familiar del municipio en el que vivía. “Nadie me ayudó. Me decían que Ailén no tenía nada y que el problema era que yo no quería al chico”, se indigna. El 14 de febrero, recuerda la mujer, Ailén habló por teléfono con el chico, entró en crisis y, desobedeciendo la indicación familiar de no salir a verlo, se escapó de su casa. Dice que cuando fue a la comisaría a denunciar, la recibieron con un “¿otra vez usted por acá?”.

“En la noche del 15 me llamó un subcomisario para decirme que Ailén estaba en la casa del chico y que la mamá de él la estaba acompañando a tomar el colectivo. Pero si había una denuncia de por medio, ¿no podían traerla en el patrullero?, se pregunta la mujer.

A partir de aquel día, María Isabel dice no haber dejado puerta sin golpear preguntando por su hija. “En la fiscalía me trataban de molesta. Me pedían que no volviera, me decían que la estaban buscando. Incluso, un día me llamó alguien de la policía para decirme que había hablado con mi hija y que ella había pedido que no la buscara más. Y ahora me doy cuenta de que cuando todo esto pasaba, mi hija ya estaba muerta. El sistema de Justicia se te ríe en la cara cuando sos pobre”, dice con enojo.

Marcela Cano es abogada de la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata. Recuerda que, en todos estos años, y mientras Ailén estaba muerta, la familia recibió pistas esperanzadoras por parte de la Justicia. “Le decían a la mamá que habían detectado que la antena de su celular se había abierto en diferentes localidades. O que la habían visto en diferentes provincias”, rememora.

Junto a ella está Margarita Meira, presidenta de la organización. “María Isabel caminó 11 años siguiendo esas pistas, sólo porque a nadie se le ocurrió verificar las huellas dactilares en el Renaper. Alguien tiene que hacerse responsable por todo esto”, dice Margarita, quien puntualiza que la de Ailén es la tercera causa de la organización que se resuelve de la misma manera. “Las otras dos son las de Maira Natalí Castro y la de Mariela Tassat”.

Hace algunas semanas, a María Isabel la llamó su abogado para preguntarle si, al momento de su desaparición, Ailén llevaba una pollerita de flores y zapatillas negras. “Yo le dije que sí, que esa era su ropa, pero en ese momento no até cabos”, explica. La confirmación la recibiría hace una semana, mientras iba camino a hacerse unos estudios médicos. Ailén había sido enterrada sin identificar junto a su novio en el cementerio de Florencio Varela.

“Todo indica que fue un suicidio, que se tiraron en las vías. El novio me había dicho que si la alejaba de mi hija, él se iba a matar. Así que, lamentablemente, para mí tiene sentido que haya sido así”, reconoce la mamá de la chica, quien dice que todavía no entiende cómo la Justicia no generó todavía algún mecanismo que cruce personas desaparecidas con hallazgos NN. “Evitaría la angustia de muchísimas familias que siguen buscando”, reconoce.

Si bien la desaparición de Ailén ocurrió hace 11 años, poco cambió desde entonces. Al día de hoy, nadie sabe con exactitud cuántas personas están desaparecidas en la Argentina, tal como reveló una investigación de LA NACION. Lo que hay es una cifra estimativa, que cuenta con el consenso de muchos de funcionarios, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, y que marca que en el país hay unas 10 mil personas perdidas o desaparecidas, con una proporción bastante pareja entre varones y mujeres.

Esta falta de precisión en las estadísticas anticipa la peor de las sospechas. La manera en que se busca a una persona en el país está plagada de fallas: desde comisarías que se niegan a tomar la denuncia inmediatamente hasta fiscales que subestiman las hipótesis más graves o jueces que no cruzan información con las morgues.

El sistema de búsqueda de personas es ineficiente tanto para hombres como para mujeres. Pero si la persona que falta es una mujer o integra el colectivo LGBTIQ+ la incapacidad agrava un problema muy latente: la demora en evaluar la posibilidad del secuestro para explotación sexual o el femicidio. Además, a la mayoría de las investigaciones les falta perspectiva de género y les sobran prejuicios: “¿cómo estaba vestida?”, “debe estar con algún novio” o “a esa edad no la van a agarrar para abusarla”, son las algunas de las ideas que devuelven quienes son los responsables de encontrarlas.

La respuesta a muchas de las desapariciones vigentes en el país están en los cuerpos y restos óseos sin identificar que aparecen a lo largo del país. Sin embargo, hoy no existe un sistema que permita identificar esos restos de una manera rápida y efectiva.

A fines de 2020, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, organismo creado en 2016 para llevar un registro de las desapariciones, contabilizaba 9371 registros de personas NN de los cuales 8115 estaban fallecidas. Del total, unos 6822 permanecían sin identificar.

“Estamos trabajando con las provincias tanto para que haya un registro de personas desaparecidas como para que podamos contar con un registro de hallazgos NN. Pero todavía nos falta mucho y casos como el de Ailén López nos lo reconfirma”, reconoce Leticia Risco, a cargo del Sifebu, quien se ocupa de aclarar que el organismo que encabeza no está a cargo de las búsquedas, sino que esa tarea le corresponde a la Justicia.

“Lo que hacemos es ponernos a disposición de las fiscalías, ofrecer recursos federales, la difusión de la imagen y hacer el seguimiento de las causas”, enumera la funcionaria, puntualizando las tareas que lleva adelante el organismo. “Estamos construyendo una política pública. Pensemos que no había una práctica de identificación de restos NN en la Justicia y el intercambio de información aún hoy no es eficiente. Hubo casos en los que una misma fiscalía intervenía en la búsqueda y en el hallazgo del cuerpo sin que ambos datos se conectaran”, reconoce Risco.

María Isabel todavía no sabe cuándo le entregarán los restos de su hija para poder despedirla. “La misma Justicia que me maltrató de todas las formas posibles, ahora me dice que tengo que ser paciente”, se enoja. Como si hiciera falta decirlo, recuerda que lleva once años esperando.

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