Luli Arias, 32 años, docente. Con nueve hermanos, hija de padre camionero y madre ama de casa, se crio en San José, un pueblo de Catamarca que en ese entonces sumaba 5000 habitantes. "Soy una mujer trans", les dijo a sus papás a los 16, convirtiéndose en la primera de una comunidad conservadora y atravesada por tabúes.
Aunque tuvo el apoyo de su familia y pudo recibirse de pedagoga y educadora social, el bullying y la discriminación la marcaron desde que era una nena. En 2009, cuando llegó a la ciudad de Buenos Aires en busca de trabajo, la exclusión le terminó de explotar en la cara: "Todas empezamos en la calle", le repetían las mujeres trans que iba conociendo. La calle era la prostitución, el peligro exponencial a enfermedades de transmisión sexual, a circuitos clandestinos de cirugías, a la violencia machista, a la muerte. "Estábamos totalmente excluidas: así me lo hacía sentir la sociedad", resume Luli.
Si bien en los últimos años hubo, en lo normativo, avances como la ley de identidad de género (sancionada en 2012) y de cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires (de 2015 y aún sin reglamentar), las mujeres trans continúan siendo uno de los grupos más violentados y marginalizados. Aunque los referentes coinciden en que vamos hacia la construcción de una sociedad más inclusiva, poniendo las expectativas en las generaciones jóvenes –el feminismo y la lucha del colectivo LGTBIQ tienen un rol fundamental–, destacan que aún quedan un largo camino y mucho desconocimiento.
Diferentes informes echan luz sobre la vulneración histórica y cotidiana de las mujeres trans (un paraguas que abarca las identidades travestis, transexuales y transgénero): su expectativa de vida es de 35 años; seis de cada 10 abandonan sus estudios secundarios a causa de la discriminación; el 83% fueron víctimas de graves actos de violencia y discriminación policial; el 46% viven en viviendas deficitarias, y el 34% tienen VIH y dificultades para acceder a los tratamientos antirretrovirales.
La mayoría, por las barreras que encuentran en la búsqueda de un empleo formal, caen en la prostitución como única forma de subsistencia: según un informe de la Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (Attta), seis de cada 10 la ejercen, el 87% comenzaron antes de cumplir 19 años y el 87% la dejarían si tuviesen otra posibilidad. Muchas son abolicionistas: consideran que la prostitución no es un trabajo, sino el resultado de la pobreza, la marginalidad y una picadora de carne.
Detrás de las estadísticas están historias como las de Luli. "Lo peor que me pasó en la vida fue caer en la prostitución. No me quedó otra opción: tenía que pagar el alquiler y comer. Fue una experiencia muy dolorosa –cuenta–. Si pude salir fue gracias a quien hoy es mi marido, porque ya había perdido totalmente mi autoestima y pensaba que iba a ser mi único futuro". Hoy, esa vida quedó atrás. Entre otras actividades, Luli da clases en el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis.
Valeria Pavan, vicepresidenta y coordinadora del Área de Salud de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), resume el círculo de la exclusión: "Para la mayoría de las personas trans, la primera expulsión es la del hogar. Las demás instituciones sociales lo que hacen es replicar esa forma de violencia: te excluyen de la educación, de la salud, de la posibilidad de acceder a un trabajo formal y una vivienda". Y agrega: "Para que leyes como la de identidad de género otorguen derechos a las personas para las cuales fue legislada, es necesario que el Estado despliegue políticas públicas. Hoy no las hay. Aún en la CHA seguimos recibiendo llamados de familias que no saben que existe la ley".
Una lucha colectiva
Adrián Helien, coordinador del grupo de atención a personas transgénero del Hospital Durand, explica que las personas trans son aquellas en las que la identidad de género –es decir, la forma en que se autoperciben– no coincide con el sexo asignado al nacer. "En los seres humanos, el género define la identidad por sobre la biología. Por ejemplo, si alguien nació biológicamente varón, pero se autopercibe mujer, es mujer. Lo mismo sucede con una mujer biológica: si se siente varón, es varón. La ley de identidad viene a apoyar esta realidad", detalla.
Hace unos días se conoció que el Censo 2020 incluirá por primera vez la noción de identidad de género: se consultará cuál es el sexo de nacimiento, entre los cuales hay que elegir mujer o varón, y, después, cuál es la identidad de género autopercibida por esa persona, pudiéndose optar entre mujer, varón, mujer trans, varón trans, otro o ignorado. Esta inclusión fue pedida por organizaciones LGBTIQ y recogida por el Indec. Implica un paso fundamental porque permitirá contar con información para el desarrollo de políticas públicas.
Las cifras que se cuentan en la actualidad son las del Renaper, que visibilizan únicamente a aquellas personas trans que realizaron el cambio de género en su DNI, y que por ende no son representativas del universo. Desde 2011 hasta la fecha, hubo 8735 casos: más de 50 fueron anteriores a la sanción de la ley, autorizados por vía judicial. La mayoría corresponden a la provincia de Buenos Aires (2738) y CABA (971). Siguen Santa Fe (788), Córdoba (779), Salta (502) y Tucumán (387). Con respecto a las edades, el mayor número de casos (3285) se concentra entre los 22 y los 30 años. Los de 18 años y menos, fueron 636.
Jhoanna del Carmen Orellano tiene 59 años, es artista y estilista. En octubre de 2012, cinco meses después de la sanción de la ley de identidad de género, se convirtió en la primera mujer trans de Puerto Madryn, Chubut, en tener su nuevo DNI. Finalmente, su documento reflejaba su verdadera identidad, la que había descubierto cuando era una nena de cinco años. "Fue una alegría enorme. Me hizo sentir respetada: ya no iba a tener que dar explicaciones cuando fuese a votar, a hacer un trámite o a viajar en avión. Antes pasaba unas situaciones horribles: me daba mucha vergüenza", cuenta Jhoanna, que se crio entre las localidades mendocinas de Guaymallén y Godoy Cruz, y sufrió discriminación desde que era chica. "Mi nuevo DNI refleja la que siempre fui", afirma.
Para sostenerse entre ellas, especialmente aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, las mujeres trans desarrollaron redes y espacios de asistencia y contención junto a organizaciones sociales, organismos públicos y espacios de militancia. El Bachillerato Popular Mocha Celis y Casa Trans son algunos ejemplos. Gracias a estos proyectos, algunas accedieron a oportunidades de formación y empleo, principalmente en organismos públicos, aunque un puñado de empresas privadas comenzaron a acercarse con la intención de sumarlas. Todavía siguen siendo una minoría.
Por eso, uno de los principales reclamos del colectivo es la implementación de la ley 14.783 de cupo laboral trans (conocida como ley Diana Sacayán), de la provincia de Buenos Aires, vigente, pero no reglamentada por el ejecutivo. Establece que el 1% de los 600.000 empleos estatales (6000) sean para personas trans que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. Además, se está impulsando la sanción de una norma a nivel nacional, que actualmente cuenta con estado parlamentario.
Flavia Massenzio, secretaria de asuntos jurídicos de la Federación Argentina de LGBT, sostiene: "Hay implementaciones de la ley en algunos municipios, pero por voluntad política de estos y por el pedido de las organizaciones de la diversidad que a lo largo de todo el país presentaron muchos proyectos en pos de mejorar la calidad de vida de las personas trans".
Además, destaca el trabajo de iniciativas como la Casa Trans, con talleres de terminalidad educativa y capacitación laboral: "Porque si se impone la ley con un cupo y no hay contención y seguimiento, esa política pública va a ser un fracaso", concluye la abogada.
Salud: Las respuestas frente a un sistema que tiende a ser expulsivo
La dificultad para acceder a servicios de salud con formación y con perspectiva de género hace que las personas trans encuentren pocas respuestas en un sistema que, salvo excepciones, tiende a expulsarlas. Por otro lado, acceder a las prestaciones e intervenciones que, por la ley de identidad de género, deberían estar garantizadas les resulta una odisea, por lo que tienen que recurrir a la Justicia.
Nadir Cardozo es promotora de salud para la población trans de la Fundación Huésped, que desarrolla investigaciones científicas y acciones de prevención y promoción de derechos para garantizar el acceso a la salud y reducir el impacto de enfermedades como el VIH. "Trabajamos en territorio, buscando, por ejemplo, que personas que dejaron de tomar su medicación vuelvan a insertarse en el sistema de salud", cuenta esta mujer trans, de 47 años.
En 2005, el Hospital Durand fue pionero en la creación del Grupo de Atención a Personas Transgénero, que atiende niños, niñas, adolescentes y adultos. Desde entonces, fueron surgiendo otros equipos, como el del Hospital Elizalde.
Hoy, desde el equipo del Durand acompañan de forma integral a 78 chicos y chicas trans, además de 350 adultos. Con respecto a la dificultad de acceso a la salud para esta población, Adrián Helien, su coordinador, reflexiona: "Primero, tengo que ser autocrítico con nuestra formación de médicos: no existe ninguna especialización en salud trans ni en pregrado ni en posgrado. La perspectiva suele ser básicamente biologicista, cisgénero y patologizadora de todo lo que no entre dentro del binario de mujer y varón".
Por otro lado, destaca la ausencia de políticas públicas: "Nuestro servicio no tiene estructura, faltan recursos y funciona por la voluntad de los profesionales y el deseo de atender a la población. Eso hace que los servicios estén saturados: por ejemplo, la lista de espera quirúrgica en nuestro hospital es de más de dos años y para participar de los grupos de chicos y chicas, hay 30 personas en lista de espera".
Trabajo: Los espacios que impulsan la formación e inserción laboral
Conseguir un trabajo formal (un derecho indispensable para acceder a otros como una vivienda digna) es para las mujeres trans una odisea. En ese contexto, hay iniciativas que buscan generar oportunidades. Un ejemplo es "Contratá trans", impulsada por Impacto Digital, el Bachillerato Mocha Celis, Accenture y Gire. Se trata de una plataforma virtual de oportunidades próxima a lanzarse y que centralizará las redes informales que ya existen.
El equipo de trabajo deberá encarar dos líneas de acción: "Por un lado, desplegando un trabajo territorial que permita relevar currículums y definir los perfiles laborales que se desea insertar al mercado. En paralelo, es necesario movilizar alianzas con empresas, organismos públicos y organizaciones sociales que constituyan potenciales empleadores", explica Alfonso Aguilera, de Impacto Digital.
Por otro lado, la subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del gobierno porteño inauguró en 2017 la Casa Trans, un espacio que ofrece capacitación en oficios, atención sanitaria, orientación jurídica y espacios recreativos. Es cogestionada junto a la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina.
Marcela Tobaldi es una mujer trans que trabaja en el Ministerio Público de la Defensa de CABA y es presidenta de la asociación La Rosa Naranja. Para ella, la agenda del Estado, en todos los niveles, debería dar prioridad al ingreso al empleo formal de las personas trans. "Esa oportunidad -sostiene- es lo que nos marca el destino, el futuro y lo único que va a romper con la marginalidad prostibularia y el paradigma de los 35 años de vida. La prostitución está matando a las personas trans y travestis".
Tobaldi subraya, además, que la ley de identidad de género fue un trampolín que permitió comenzar a reclamar por derechos históricamente negados. "Pero hubo una tibieza por parte de los gobiernos en su aplicación y fuimos incluidas en los trabajos a cuenta gotas", afirma. Y agrega: "Las identidades trans y travestis nunca tuvimos la oportunidad de elegir: la mayoría, pasamos por la prostitución y algunas tuvimos herramientas y apoyo familiar para poder salir definitivamente, pero somos una minoría absoluta. También somos una minoría las que gozamos de un empleo formal y decente".
La Rosa Naranja trabaja en el barrio de Constitución y su primer objetivo fue acompañar a la población trans que se encontraba en situación de calle, consumo y prostitución. "Trabajamos junto a hospitales como el Muñiz y el Ramos Mejía, así también como con la Sedronar, y logramos sacar de la calle y restablecer la salud de las mujeres más vulnerables", cuenta Marcela, que tiene 53 años y se crio en Córdoba.
Entre otros proyecto, hoy La Rosa Naranja acompaña en el Ministerio Público de la Defensa un Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo (Paebyt), donde asisten 40 personas dos veces por semana. Además, asesoran en cambios registrales y causas judiciales. "En el futuro, tenemos como objetivo crear un refugio y estamos trabajando en eso. La dificultad para acceder a una vivienda digna es otra de las grandes problemáticas", detalla.
El 29 de septiembre, desde las 18, en el Club Cultural Matienzo (Pringles 1249, CABA), varias organizaciones realizarán un festival gratuito para sensibilizar sobre la situación de vulnerabilidad laboral de este colectivo; @impactodigitalok
Educación: En Chacarita, el bachillerato popular con perspectiva de género
El 11 de noviembre de 2011, en Chacarita, abrió sus puertas el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, un secundario público, gratuito y acelerado para adultos, que se convirtió en el primero de su tipo en el mundo. Si bien fue pensado para ofrecer una respuesta a la exclusión sufrida por el colectivo trans, no es exclusivo para ese grupo. Es un espacio educativo inclusivo y con orientación en diversidad de género, sexual y cultural.
De los 150 estudiantes, el 40% son trans (además de algunos docentes); el resto, está compuesto, entre otros, por vecinos de asentamientos urbanos cercanos, personas con identidades de género diversas e hijos de inmigrantes. En una de las paredes del secundario, hay una frase de la activista trans Lohana Berkins: "Cuando una travesti entra a la universidad, le cambia la vida a esa travesti. Muchas travestis en la universidad le cambian la vida a la sociedad".
El objetivo de la Mocha es que los estudiantes puedan acceder a ese derecho fundamental que es la educación y encontrar nuevas alternativas. Porque las mujeres trans que tienen más de 40 años son sobrevivientes: casi todas tienen amigas que fueron víctimas de crímenes de odio o travesticidios sociales, es decir, la falta de acceso a la salud y otros derechos básicos. En otras palabras, víctimas del abandono y la marginalidad.
Maryanne Lettieri, de 33 años, le contó a su mamá que era una mujer trans a los 11. Es profesora de inglés, actriz (acaba de terminar de grabar "Entre hombres", una coproducción de HBO y Polka, próxima a estrenar) y parte del equipo de la Mocha. Este año, en el bachillerato le dieron formalidad al área de inserción laboral, que Maryanne integra, buscando concientizar a empresas y ayudar a estudiantes y egresadas a insertarse laboralmente.
A pesar de su formación, Maryanne tuvo que enfrentar enormes obstáculos a la hora de buscar trabajo. "Muchas mujeres tienen estudios y formación, pero ninguna experiencia laboral: eso es claramente por la falta de oportunidades, no porque no estén capacitadas", dice Maryanne. "También me pasó a mí en su momento: cuando hace diez años salí a buscar trabajo, aunque era bilingüe y ya había trabajado en alguna empresa, cuando llevaba mi CV a una consultora se me quedaban mirando y me decían: ‘No, no estamos recibiendo más postulaciones’. Y yo miraba para atrás y había una cola enorme. Eso sigue pasando", asegura.
Con respecto a lo educativo, reflexiona: "En algunos aspectos, se avanzó, pero a paso muy lento. Muchas escuelas medias de CABA tienen población trans y hay docentes que, aún sin herramientas, le ponen mucha voluntad. Sin embargo, a nivel estatal siguen faltando capacitaciones y tomar acciones cuando el sistema educativo vulnera nuestros derechos".
En las cárceles: una guía para control médico y requisas de personas trans
En marzo de 2016, impulsada por la Defensoría General de la Nación (DGN) y el Servicio Penitenciario Federal, se lanzó la "Guía de Procedimiento de ‘visu médico’ y de ‘control y registro’ de personas trans en el ámbito del Servicio Central de Alcaidías". La misma, regula cómo deben ser revisadas médicamente y requisadas las personas trans que ingresen a las alcaidías ubicadas en la ciudad de Buenos Aires, dependientes del Servicio Penitenciario Federal.
La iniciativa se dio en el marco de una acción de habeas corpus colectivo presentado por el Programa contra la Violencia Institucional y las comisiones de Cárceles y de Temáticas de Género de la DGN. "Uno de los grandes problemas que habíamos identificando entrevistando a las mujeres trans encarceladas, eran las requisas: se convertían en la oportunidad que nunca se perdía el servicio penitenciario de denigrar y maltratar. Había mucho ejercicio de violencia verbal y en cuanto a la exposición de los cuerpos", explica Raquel Asensio, coordinadora de la Comisión sobre Temáticas de Género de la DGN.
La guía adapta las prácticas del Servicio Central de Alcaidías a los lineamientos de la Ley de Identidad de Género. "Esta buena práctica fue reconocida por organismos internacionales de derechos humanos por lo novedosa", cuenta Asensio. Entre otras cuestiones, en lo que se refiere a las revisiones médicas, establece como lineamientos básicos que sólo pueden ser llevadas a cabo por personal médico, capacitado en la atención de personas trans y, de ser posible, de la identidad de género que prefiera la persona sujeta a examen; que deben ser conducidas con el debido respeto, resguardando la privacidad, intimidad, confidencialidad y dignidad de la persona; y que deben realizarse en un lugar acondicionado a tal fin.