“¿Segura fue así?”: un sistema que lleva a que las víctimas de violación se callen

"En la Comisaría de la Mujer me trataron muy mal. Estaba incomunicada. Me dijeron que me iban a preguntar lo que pasó a ver si estaba diciendo la verdad. No podía hablar con mis papás. Vinieron cuatro policías a preguntarme lo mismo y cuando les dije cuántas veces más iban a hacerlo, respondieron que querían saber si yo mentía". Esto relató Agustina R. frente a un Tribunal de Rosario, en febrero de este año. Ella y 17 víctimas más, de 14 a 24 años, fueron abusadas sexualmente por Luis Marcelo Escobar, entre 2014 y 2016. Con todas tuvo idéntico modus operandi: las abordó con la misma mentira, usó las mismas palabras y realizó las mismas amenazas; las llevó a descampados y siguió cada paso, como un ritual siniestro que las dejó lastimadas para siempre.

Con mucha angustia, Agustina fue a hacer la denuncia y no sabía que allí la esperaba otro infierno: "No me ofrecieron ni un vaso de agua. Me revisaron y tomaron muestras. Después, fuimos al lugar del hecho con una policía y mi mamá. Yo le mostré dónde fue, pero ya era de día y no podía indicar bien por dónde corrí después. Entonces, la policía me dijo ‘trata de acordarte porque sino lo damos por falso’". Así lo recordó, con la voz quebrada, frente al violador que la miraba desde su estrado.

Más allá de los parecidos con la serieInconcebible –estrenada por streaming hace pocas semanas y que relata el calvario que vive una chica de 18 años depués de una violación–, la historia de Agustina está lejos de ser una ficción. Su caso refleja por qué la mayoría de las mujeres que sufren violencia sexual en la Argentina prefieren callar. Según la Encuesta Nacional de Victimización, publicada en 2018 por el Ministerio de Seguridad, el 87,4% no hacen la denuncia. Algunos de los motivos son la revictimización a la que son expuestas, el dolor de tener que revivir el relato, declarando una y otra vez; la exposición de su intimidad, la sensación de que nada reparará su herida, el sentir que constantemente se pone en duda sus testimonios y se las culpabiliza de lo ocurrido.

Pero no todos los pasos son en falso. Luego de las denuncias públicas en el marco del #NiUnaMenos y el #MeToo, más mujeres empezaron a hablar y a reconocer como abuso situaciones que antes tenían normalizadas. En 2016, en la Argentina hubo 12.424 denuncias por delitos contra la integridad sexual (3579 corresponden a violaciones), mientras que en 2018 fueron 16.298 (4141 por violaciones), según datos publicados recientemente por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. El estudio refleja, además, que el promedio de condenas alcanza a un 15% de los casos.

Además, surgieron muchos sistemas de acompañamiento a las víctimas que están logrando mayor confianza en las mujeres que atraviesan este trauma, junto con capacitaciones en perspectiva de género para los funcionarios públicos de todas las provincias.

La principal denuncia de las víctimas es la falta de escucha activa. Sus testimonios siempre están puestos en duda, se les hacen peritajes y se las carga con la responsabilidad del delito que sufrieron. Cómo estaban vestidas, por qué estaban solas, qué hacían a esa hora ahí o por qué habían tomado alcohol, son algunos de los cuestionamientos.

A diferencia de la protagonista de la serie norteamericana, que se retracta de su denuncia por la presión del sistema, Agustina se encontró con una fiscal que estaba decidida a escucharla e investigar a fondo. La Unidad Fiscal de Delitos Sexuales de la ciudad de Rosario abordó los hechos con perspectiva de género, tomó testimonios a las denunciantes y, en un juicio oral y público ejemplar, la Justicia condenó al abusador a 48 años de de cárcel.

"Cuando vi la serie, me impactó la coincidencia de los testimonios de las víctimas así como de la conducta del victimario con el caso que investigué. En todos lados del mundo es igual. En la Argentina tenemos un muy buen marco de leyes y hay muchos avances, pero si no hay perspectiva de género en la gente que trabaja con las víctimas, no se puede avanzar", explica la fiscal Carla Cerliani, a cargo de la causa. Y detalla que es necesario "entender cuáles son los procesos de las mujeres que viven estos hechos" para poder comprender también "qué les está pasando por dentro".

La principal denuncia de las víctimas es la falta de escucha activa. Sus testimonios siempre están puestos en duda, se les hacen peritajes y se las carga con la responsabilidad del delito que sufrieron. Cómo estaban vestidas, por qué estaban solas, qué hacían a esa hora ahí o por qué habían tomado alcohol, son algunos de los cuestionamientos. "Se pone en juicio la credibilidad de la mujer en todo momento. La retractación funciona como un mecanismo de evasión para las personas que han sido revictimizadas. Por eso, es importante el acompañamiento interdisciplinario para que el tránsito por este proceso penal sea una instancia de reparación", explica Ileana Arduino, abogada, coordinadora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

Según un estudio del Ministerio Público Fiscal, en 2018 se retractaron el 24% de los 158 casos relevados de violencia sexual. La legislación penal no contempla la figura de la retractación de la denunciante frente al hecho denunciado, pero sí se acepta en las causas judiciales sobre violencia de género, lo que implica cerrar el expediente.

"La Justicia es muy sexista. A diferencia de cualquier otro delito, le avisan de la denuncia inmediatamente al denunciado, quien muchísimas veces está íntimamente relacionado con la víctima. Estas situaciones, a veces, terminan en femicidios", señala Mabel Bianco, presidente de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). Además, detalla que muchas "levantan sus denuncias por miedo, por falta de dinero o por culpa".

El peligro en casa

"Muchas noches, aunque no tenía ganas, me obligaba con violencia a hacerlo y yo no me daba cuenta en ese momento de que eso era abuso. Terminaba diciéndole que sí porque me decía que tenía que hacerlo, que para eso era su mujer. ‘Mirá cómo estoy, mirá cómo me ponés, no me podés dejar así’, me gritaba". Lo que cuenta Laura (29 años) -su nombre fue cambiado para proteger su identidad-, se repitió noche tras noche durante mucho tiempo. Un día, un forcejeo, los gritos y el cansancio fueron los detonantes para hacer la denuncia y también ella se encontró con la desconfianza de quienes la escuchaban, más aún al saber que el victimario era su marido.

"¿Estás segura de que no es una pelea ocasional?; ¿no es un tema de celos?; ¿no te estarás vengando por alguna caña al aire?" fueron los interrogantes que recibió de la policía. Las amenazas de su pareja, con quien seguía viviendo; la necesidad económica, la culpa y la confusión por lo naturalizado que esto era en su entorno social y familiar (su propia madre estaba en desacuerdo) hicieron que Laura se retractara y la causa se cerrara.

En este sentido, Natalia Figueroa, directora nacional de Asistencia a las Victimas del Ministerio de Justicia de la Nación, aclara: "Las violaciones ocurren mayormente en el ámbito doméstico [el 60%]. Esta idea de la violación de ‘la chica con pollera corta’ es de una proporción menor. Las mujeres corren más riesgo dentro de las propias casas".

Ana (39) es otra de las tantas víctimas que prefirió no acudir a la Justicia después de ser violada durante un robo en su casa. En ese momento tenía 24, y un grupo de ladrones entró a su departamento, aprovechando que llegaba un amigo de ella. Mientras dos revolvían todo, uno se la llevó al baño y la violó. "No importa el tiempo que pase, jamás voy a poder sacar esa imagen de mi cabeza", recuerda. Cuando esos minutos "que fueron siglos" pasaron, lo primero que hizo fue llamar a su familia, al tiempo que la policía llegaba.

Le suplicó a su amigo que no dijera nada. Se acomodó como pudo, no tenía heridas visibles. A la única que se lo contó en ese momento fue a su hermana, que tenía una amiga médica y la llevó a un consultorio donde recibió toda la profilaxis necesaria y le indicaron los pasos médicos a seguir. "Pero todo sin hacer la denuncia, yo no quería que me revisen, no quería contarle a nadie. ¿Para qué?, si no iba a pasar nada". Hoy, a más de 10 años, cree que es diferente, que no hay que callarse, que siempre hay que denunciar, y lo más importante: "No afrontarlo sola".

Inés Hercovich es socióloga y psicóloga social y ha estudiado a fondo este tema. Ante la pregunta por el silencio de las mujeres después de una agresión sexual, ella reflexiona: "¿Por qué las víctimas no hacen la denuncia? Porque no encuentran quien las escuche realmente. ¿Por qué no las escuchan? Al buscar esta respuesta me encontré con que los jueces son machistas, los médicos están a dos aguas y los psicólogos son victimizantes".

Todas las víctimas de violencia sexual describen sus vidas después con casi las mismas palabras: miedo, insomnio, depresión. Algunas abandonan sus trabajos, padecen ataques de pánico y hasta adicciones. "Antes, tenía muchos amigos. Ahora solo quiero estar con mi familia. Si se me acerca un hombre en la calle, le tengo pánico. Si se acerca un policía, quiero salir corriendo. No puedo dormir pensando en que él va a aparecer. Quiero que a nadie más le pase. Pienso que gracias a mí, otras chicas están hablando", finalizó Agustina su testimonio, sin parar de llorar. La condena a su agresor le dio tranquilidad, pero ella necesitará todavía mucho tiempo para volver a serla chica con la que soñaba.

El Estado ante el desafío de formarse y responder con perspectiva de género

Recién a partir de este año, la línea 137, de atención a víctimas de violencia familiar, funciona a nivel nacional: se puede llamar desde cualquier parte del país y es la forma más rápida y efectiva de solicitar asistencia en casos de violencia sexual. Depende del Ministerio de Justicia de la Nación y fue inaugurada en 2006, en el marco del programa "Las víctimas contra las violencias", coordinado por Eva Giberti. Está a cargo de un equipo interdisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales y abogados que asesoran a la víctima y su familia. Entre 2016 y 2019, las líneas telefónicas registraron 9649 denuncias de violencia sexual.

"Antes, una víctima de abuso pasaba por tres o cuatro revisaciones. El médico legista la revisaba en la comisaría. En el hospital, la volvían a revisar. Y si el Juzgado consideraba que no servía, el médico forense hacía otra revisación. Desde este programa, logramos que sea revisada una sola vez, en el hospital público, para no ser revictimizada", explica Carina Rago, asesora del programa.

Si el delito ocurre en CABA, un equipo móvil se desplaza al lugar y acompaña a la mujer en todas las instancias. Los profesionales escriben un informe que luego formará parte del proceso judicial que se abrirá y en el que también participarán como testigos. Si ocurre en cualquier otra parte del país, quien atienda el llamado contacta de forma inmediata a los organismos intervinientes de la jurisdicción correspondiente y asesora a la víctima o su familia en todos los pasos a seguir.

Julia, de 18 años, es una de las tantas mujeres que denunciaron a la línea 137 un caso de abuso. "Me acerqué al consultorio médico para realizar una consulta ginecológica. Cuando entré, el médico que me atendió me saludó con un beso y me dijo que me pusiera cómoda, que no esté nerviosa, que no era nada y hasta que, si quería, la iba a pasar bien. Era mi primera consulta al ginecólogo, así que yo no sabía cómo eran las formas habituales de trato", recuerda la joven.

Y continúa: "Me recosté en la camilla y él me revisó. Después, puso la cara muy cerca de la mía. Respiraba fuerte. Me palpó los pechos de forma rara. Yo me puse muy tensa, no sabía qué hacer. Me tocó por fuera de la cola y después con los dedos. Después me preguntó si quería tener relaciones con él. En ese momento me largué a llorar, le pedí que me dejara. No sé si me caí o me tiré de la camilla, pero él me soltó. Cuando salí de ahí, me fui corriendo a lo de mi prima, no sabía a dónde ir. Estaba desorientada, aturdida, como perdida. Tenía un brazo con moretones por la caída, me dolía mucho. Ella me contuvo e hicimos la denuncia".

Protocolos de acción

Hospitales, escuelas y comisarías manejan un protocolo de atención a las víctimas de violencia sexual y están encaminados a trabajar en forma coordinada. Las comisarías de la ciudad de Buenos Aires cuentan con una Unidad de Género, y las de la provincia de Buenos Aires y otras ciudades del interior, con una Comisaría de la Mujer en cada distrito. Las provincias aplican sus propios programas y difieren unas de otras.

"Yo prefiero que, en vez de una Comisaría de la Mujer, cada comisaría de cada localidad del país tenga su Unidad de Género, con gente capacitada para actuar coordinadamente con los organismos. En esa situación de trauma y confusión, la gente recurre a la comisaría que conoce", explica Liliana Rubino, superintendenta de género de la Policía de la Ciudad.

Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que brinda orientación a las víctimas, opina que el marco legal argentino es muy bueno pero que encuentra problemas en la distancia que hay entre la ley y la práctica. "La arbitrariedad con la que se aplica es muy grande y es diferente en cada región del país. La federalización no puede ser una excusa para desproteger a las mujeres", sostiene.

Con la ley Micaela se busca llegar a todas las provincias del país con capacitación a funcionarios de los tres poderes

Si bien el Estado Nacional ratificó tratados internacionales y se rige por la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, el sistema federal habilita a que cada jurisdicción tenga su propio sistema legal y judicial para abordar los delitos de violencia sexual. Por eso, la capacitación y formación en perspectiva de género en todos los operadores que intervienen en casos de violencia sexual es fundamental, porque son delitos ordinarios que dependen de la jurisdicción provincial.

La ley Micaela (N° 27499), promulgada en enero de este año, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

"Se prevé llegar a capacitar a 30.000 agentes del Poder Ejecutivo Nacional, incluido el Presidente y sus ministros, mediante cursos virtuales que se abren cada 15 días, desde inicios de 2019. En los otros poderes se están iniciando los cursos obligatorios", explica Fabiana Tuñez, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM).

Para poder medir el impacto hay una evaluación previa a la capacitación y otra al finalizarla. "Las opiniones que se recogen coinciden, en general, en una toma de consciencia acerca de ideas y prejuicios que estaban naturalizados y que esta formación deconstruye", detalla Tuñez. Y agrega: "En el Poder Judicial es donde más nos cuesta, pero confiamos en que, poco a poco, lograremos este cambio cultural que llevará mucho tiempo aún".

Hay plazos para el cumplimiento de la capacitación y la ley prevé sanciones para quienes no la realicen. En la página del INAM hay guías e información que también sirven para aplicar dentro de empresas y organizaciones privadas. Ya adhirieron a la ley 12 provincias y el resto está en proceso de adecuar su legislación.

Los especialistas subrayan que la perspectiva de género es un cambio cultural que demanda un compromiso nacional y que por eso su aplicación es indispensable.

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