Salud. “A los indígenas se los examina de lejos como si estuvieran contaminados”
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LA NACIONLorena Oliva
Muchas de las trabas a la integración social de las comunidades originarias de nuestro país confluyen en nuestro sistema sanitario. Como una red nada virtuosa, la barrera idiomática, la falta de visibilización de las problemáticas socioeconómicas y territoriales que afectan a los diferentes pueblos, la discriminación, los prejuicios y el racismo se combinan y se potencian en los consultorios y los pasillos de los hospitales, dificultando el pleno acceso a la salud de estas poblaciones.
En los centros de salud de los pueblos, por lo general el primer contacto de las comunidades con el sistema sanitario, las barreras también están presentes. Hace algunos meses, cuando cursaba los primeros tiempos de su segundo embarazo, Laurentina Nicacio comenzó con una hemorragia. La mujer, de 25 años, cuenta que, rápidamente se acercó a la salita de su pueblo, General Ballivián, en el norte Salta, en donde la enfermera se negó a atenderla y la envió a hacer reposo. “Los malos tratos de las enfermeras hacia las comunidades son frecuentes”, se queja. Pero pudo más el historial familiar de muertes que podrían haberse evitado con atención básica (“Mi abuela falleció porque se le reventó el apéndice”, ejemplifica) y, alarmada, se acercó hasta el hospital de General Mosconi.
“Mientras me atendían, vi que cerca mío había una mujer wichi, como yo, pero de monte adentro. Tenía una tos terrible. Le pregunté a la médica qué tenía la mujer. ‘No sé porque no la entiendo, no habla castellano. Lleva internada más de una semana pero todavía no pudimos hacerle nada’, me respondió. Discutí con la médica y logré contactar a esa mujer con su abuelo, que vivía cerca y desconocía que ella estaba internada ahí”, cuenta Laurentina, en diálogo con LA NACION.
Gracias a esa internación se detectó que Laurentina tenía presión alta y hoy transita el sexto mes de su embarazo de manera saludable. “Siempre pienso qué habrá sido de esa mujer. Para mí tenía tuberculosis. Su abuelo calculaba que llevaba internada cerca de un mes cuando lo localicé”, se lamenta esta joven, que es referente en su comunidad, atiende un merendero y acaba de crear la fundación Juntos Unidos Ante la Adversidad (Juala), con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las comunidades de General Ballivián.
El relato de Laurentina muestra una de las tantas formas que toma la discriminación hacia las comunidades originarias en nuestro sistema de salud. La médica y especialista en Salud Pública Elisabeth Ferrer cuenta que, más de una vez, vio quejarse a miembros del personal sanitario en los hospitales del Norte en los que trabajó porque las mujeres indígenas llegan a atenderse “con la chorrera de hijos”, o porque necesitan que sus parejas las acompañen durante la consulta. El ingeniero Eduardo Bertea, miembro del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), por la diócesis de Orán, asegura que, en algunas localidades, a los indígenas “se los examina de lejos y ni se los ausculta, como si estuvieran contaminados”. La politóloga mapuche Verónica Azpiroz Cleñan sabe que, en algunos hospitales del país, hay médicos que sintetizan el deseo de las embarazadas que piden tener a sus hijos respetando sus tradiciones ancestrales con que “quieren parir como indias”.
“La gente se enferma por como vive”
En este contexto, no es de extrañar que algunos miembros de las comunidades sean reacios a concurrir a los hospitales. “En algunas comunidades, sus miembros comen por rachas y se hidratan con agua literalmente podrida. Su base inmunológica es muy baja. De cada ocho bebés, seis tienen problemas de salud. Pero las mamás evitan ir a los centros de salud porque nadie se esfuerza por entenderlas”, sostiene Diego Bustamante, de Pata Pila, organización que trabaja con las comunidades wichis del norte de Salta.
El referente agrega que, desde la óptica de esa mamá que no comprende el castellano “ir a la salita es que te suban a una lata blanca y que termines en un hospital con tu bebé entubado y sin que nadie te explique demasiado. Entonces no vas a querer volver al hospital”, reconoce.
A principios de este año, una seguidilla de muertes por desnutrición de niños wichi en Salta sacudió por unos días la calma veraniega e hizo foco en la difícil situación de las comunidades más postergadas del norte del país. Pero lo que fue abordado por la mayoría de los actores intervinientes como una problemática que debía resolverse con agua y alimentos, desnudó situaciones de injusticia más profundas.
“Para las comunidades, sin territorio no hay salud. A los wichis les quitaron el monte y no tienen agua segura, pero después un médico ve a un paciente wichi y le dice: ‘hidrátese’, cuando el río más cercano está contaminado; o ‘haga dieta baja en carbohidratos’, cuando esa persona no tiene trabajo y tampoco dinero y come lo que puede. Son los determinantes sociales de la salud: todos los componentes que hacen que una persona se enferme”, analiza Azpiroz Cleñan, miembro de la comunidad mapuche de Los Toldos y especializada en Salud Colectiva.
De acuerdo con la especialista, el modelo médico hegemónico lleva al médico a abstraerse del contexto que enferma al paciente y a focalizarse en la medicalización. “Cuando un problema de salud es colectivo, te ves obligado a contextualizar e historizar por qué se enferma la gente, si no vas a seguir teniendo el sistema de salud colapsado porque lo que ocurre es que la gente se enferma por como vive”, agrega.
Racismo y desigualdad
Un estudio reciente, elaborado por más de cien investigadores del Conicet, mapeó la situación de las comunidades a nivel nacional en el contexto de la actual pandemia. En el trabajo titulado “Los efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en las comunidades indígenas de la RMBA, NOA, NEA y Patagonia” y presentado en junio último, los diferentes reportes regionales mencionan al racismo y la desigualdad con demasiada frecuencia. Y en el caso concreto de la salud, el informe sostiene: “Existen dificultades entre las poblaciones originarias para acceder a la atención médica, ya que en algunos centros de salud reciben un trato discriminatorio, racista, exacerbándose en este contexto particular las históricas relaciones interétnicas desiguales”.
Según las cifras oficiales del último censo, hay un 1.000.000 de personas indígenas en el país. Pero algunos especialistas consideran que en aquel relevamiento estuvieron subrepresentados y estiman que la población originaria alcanzaría el doble de la cifra oficial. De acuerdo con el estudio antes mencionado, se estiman unos cuarenta pueblos diferentes. Los grupos más numerosos son el pueblo mapuche y los pueblos qom y guaraní. Según un relevamiento de 2012, las provincias con población indígena más numerosa son Chubut, Neuquén, Jujuy, Río Negro, Salta y Formosa.
Cualquier indicador de calidad de vida que haga foco en la población indígena está por encima de la media cuando se analiza una problemática (mortalidad infantil, mortalidad materna, necesidades básicas insatisfechas, analfabetismo, etc.) y por debajo si la mirada está puesta en el acceso a derechos (educación, acceso al agua, posesión de una vivienda digna, etc.). Así, por ejemplo, según estudios de la doctora Ferrer, mientras que la tasa de mortalidad en menores de un año entre marzo de 2018 y marzo de 2019 fue de 9 por 1000 en la provincia de Salta, en las comunidades wichi de Santa Victoria Este era de 17 por 1000. En los menores de 5, la proporción es similar.
Ferrer sostiene que en el sistema de salud, en general, prima el racismo. “No quiero desmerecer a toda la gente que cumple su rol social con amor pero el racismo es lo que impera. En parte, porque esos médicos que atienden crecieron con esa mentalidad. Desde que sos chico, te machacan con que son sucios, con que no son confiables y se los desprecia. Son pocos los que se esfuerzan por entender su cultura y sus costumbres”, concluye la médica, también docente, quien ha trabajado con comunidades de Salta desde los años ochenta.
La manera en que se manifiestan las dificultades de las comunidades para el acceso a la salud varían según las diferentes regiones del país. Silvia Parente, referente de Endepa en Santa Fe, trabaja con la comunidad toba Qomlashi, del Barrio Santo Domingo, cuyos miembros llegaron desde Chaco en los noventa. “Sus integrantes fueron desplazados de sus territorios y comenzaron a deambular hasta llegar aquí. Son comunidades urbanas, que viven en barrios marginales, sin espacio para sembrar y que no cuentan con todos los servicios básicos”, explica Parente.
La mujer cuenta que las comunidades suelen acudir al Centro de Salud más cercano, que no atiende las 24 horas y que sus miembros le manifiestan dificultades para acceder a una buena atención y a los medicamentos. Pablo Pérez, cacique de la mencionada comunidad, añade: “No tenemos diálogo con los coordinadores ni con los médicos y estamos teniendo problemas para la atención de las comunidades por el Covid. Siempre decimos que están discriminando a las comunidades de los pueblos originarios. Nosotros queremos dialogar con las autoridades sobre la atención que nos brindan, a las mujeres, a los abuelos, pero nunca lo conseguimos”, denuncia el referente.
“No hay personal bilingüe”
En Morillo, Salta, la zona en la que vive y trabaja desde hace 30 años el ingeniero Eduardo Bertea, la situación no es mejor. “No se ve el sufrimiento indígena. La mayoría que va al dispensario tiene que esperar. Son tímidos, no se acercan. Y a medida que va llegando gente, la atienden antes que a ellos. Para los wichis todo es más lento”, reconoce.
Bertea cuenta que allí funciona un dispensario grande, sin respiradores, que hace las veces de hospital. Y que el hospital grande más cercano, queda a 190 kilómetros. “No hay personal bilingüe. Hay dos agentes sanitarios que podrían oficiar de traductores pero salen a recorrer los parajes, que es su verdadera función”, explica. Acto seguido, asegura que es difícil encontrar traductores porque el bilingüismo no se cumple en la educación. “La mayoría de los maestros no habla lengua wichi. Si el maestro tiene buena voluntad para entender al chico, bien. Si no, fracasa. Es lo que ocurre con la mayoría, no llega a terminar el nivel medio”, se lamenta.
Mientras que en otros países existe la figura del facilitador intercultural, un profesional que oficia de traductor durante la consulta, en la Argentina la presencia de alguien que traduzca y haga posible la comunicación entre médico y paciente es excepcional y no está formalizada. A modo de ejemplo, Laurentina Nicacio cuenta que Abi, su cuñada, trabaja como traductora en la salita de General Ballivián y que por esa tarea el municipio le paga 3000 pesos por mes.
A la hora de pensar un por qué a esta cruda situación, Bustamante, de Pata Pila, cree que uno de los factores clave es que “todos los planes de acción se generan desde los escritorios de los criollos que están en Salta Capital. Las comunidades están últimas en la fila, excepto cuando las necesitan para que los voten”, reflexiona.
Por su parte, Azpiroz Cleñan cree que la pandemia es una gran oportunidad para barajar y dar de nuevo. “Este es un momento bisagra, tenemos que aprovecharlo y repensar el sistema de salud. Complementarlo con otros saberes que existen desde hace muchísimos años”, afirma. Ferrer, en cambio, es más cruda: “Las políticas de exterminio a veces toman diferentes formas –se lamenta–. Hay injusticias que únicamente pueden persistir con los años si cuentan con el aval estatal”.
Por Lorena Oliva
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