“Agua, salud y territorio”: el pedido de los pueblos originarios de Salta
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LA NACIONLorena Oliva
Una delegación de representantes de las comunidades wichi, chorote, chulupí, tapiete, qom, guaraní, chané, kolla y diaguita de la provincia de Salta inició el lunes último una marcha hacia la Casa de Gobierno provincial. Partieron desde la localidad de Santa Victoria Este, a 500 kilómetros, para entregarle un petitorio al gobernador Gustavo Sáenz y denunciar la profunda crisis sanitaria y social que viven, agravada por la pandemia.
“Marchamos por muchas reivindicaciones, especialmente por agua, salud y territorio”, afirmó a LA NACION Tichil Mendoza, cacique wichi procedente de Santa Victoria Este, una ciudad que fue noticia a principios de año por la seguidilla de muertes de niños y niñas por desnutrición.
Desde el inicio del recorrido, las comunidades fueron atravesando diferentes ciudades rumbo a la capital salteña. Pero, en el día de ayer, el propio Sáenz se acercó hasta la localidad de Pichanal, en donde las comunidades estaban haciendo una parada para alimentarse y descansar, a fin de generar ese encuentro y evitar que terminaran el recorrido. Sin embargo, los principales referentes de la movilización insistieron en cumplir el objetivo de llegar hasta la capital provincial, si bien accedieron a tener una conversación amena e informal con el funcionario en el lugar.
“No es un capricho. Para nosotros es algo simbólico. En Santa Victoria Este firmamos un acta de acuerdo que decía que el final del trayecto es en la Casa de Gobierno y queremos respetarlo. Necesitamos plantear la necesidad de iniciar una mesa de diálogo intercultural para superar la profunda crisis en la que estamos viviendo. Un diálogo real, porque hasta ahora los supuestos diálogos significaron que las comunidades aceptaran las imposiciones de los funcionarios”, explicó Mendoza.
Mendoza explicó que partieron 180 referentes pero que el grupo se fue agrandando a medida que fueron pasando por las diferentes ciudades. “Ahora somos unas 600 personas entre jóvenes, mayores y niños. Hemos marchado a pesar del cansancio y el hambre con este objetivo bien claro”, agregó quien ayer fuera el vocero de las comunidades durante el diálogo con Sáez.
Hacia una mesa de diálogo intercultural
El plan que persigue la “Histórica marcha de unidad de las comunidades originarias” es llegar a la Casa de Gobierno y entregar un petitorio con veinte puntos que consideran fundamental trabajar para superar la crisis de los pueblos originarios de Salta. Para ello, proponen una mesa de diálogo intercultural entre los referentes de las comunidades y los funcionarios. Entre los puntos del escrito se destacan la necesidad de que se designen auxiliares bilingües en los hospitales, pozos de agua que garanticen el abastecimiento de las comunidades, entrega de tierras a las comunidades, controles ambientales que prevengan la quema de bosque nativo, acceso a viviendas dignas y educación intercultural de calidad.
La intención de los funcionarios de encontrarse con las comunidades en ese punto del camino fue leída por muchos como un intento de evitar la imagen de los manifestantes frente a la Casa de Gobierno. Sin embargo, el gobernador Sáenz lo atribuyó a un gesto de humanidad hacia los manifestantes que llevan días marchando.
“Vine al encuentro de ellos, que son nuestros hermanos. Pero quieren ir a Salta y vamos a acompañar su decisión. Justamente eso es lo que no han tenido nunca: acompañamiento, entendimiento. Los vamos a escuchar como corresponde. Acá están todos los ministros, esto es histórico. Pero ellos quieren llegar a Salta y le vamos a dar las herramientas para que puedan llegar dignamente”, explicó en un video difundido por la gobernación, refiriéndose a la propuesta de acercarles micros para que pudieran llegar en forma más cómoda a la capital. Los referentes de las comunidades aceptaron dicho ofrecimiento.
Horas antes de que Sáenz llegara junto a miembros de su Gabinete, comenzaron a montarse carpas en Pichanal, a fin de generar los encuentros en su interior. Sin embargo, los referentes de las comunidades que marchaban desde Santa Victoria Este se negaron a dialogar dentro de esa estructura montada por el Estado provincial. Finalmente, en lo que fue interpretado por todos como un gesto de buena voluntad por parte del mandatario, el gobernador se acercó hacia donde estaban, se sentó junto a ellos sobre el pasto y el diálogo transcurrió en un marco de entendimiento.
“Este es un día histórico, que un gobernador se siente en el piso y escuche a las comunidades originarias, que padecen un abandono histórico, para nosotros es muy positivo”, reconoció ante LA NACION el ministro de Gobierno Ricardo Villada, quien agregó que en los 10 meses de mandato, y a pesar de la pandemia, el gobierno provincial trató de mejorar la situación de las comunidades. “Hemos instalado dos plantas potabilizadoras en el departamento de Rivadavia. También las hemos acompañado con asistencia alimentaria y con la incorporación de ambulancias en algunos hospitales. Pero entendemos que todavía no hemos logrado las soluciones de fondo”, detalló el funcionario.
En enero último, cuando la muerte de una seguidilla de chicos wichi por desnutrición tomó estado público y tuvo alcance nacional, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se acercó hasta Salta con una delegación de su cartera. Allí se dispuso el reparto inmediato de agua envasada y de módulos alimentarios y se anunció el trabajo articulado entre la nación y esa provincia para resolver los problemas estructurales que padecen las comunidades.
En ese sentido, Villada, quien confirmó a este medio que estarían recibiendo a las comunidades en el día de hoy, sostuvo que los desafíos que enfrentan para poder mejorar sustancialmente las condiciones de vida de las comunidades exceden a una provincia. “Es complejo llegar con servicios a todos porque, por ejemplo, en Rivadavia viven unas 50.000 personas distribuidas en dos millones y medio de hectáreas. No viven en conglomerados. Es mucho tiempo de olvido. Y también entendemos que ellos necesitan expresarse”, afirmó.
Laura Méndez, comunicadora social kolla le ve mucho sentido y simbolismo al reclamo de las comunidades. “Los wichis son los guardianes de la biodiversidad. Cuidan el monte, tan valioso para nuestro medio ambiente. Pero hoy en día es el pueblo más golpeado. Necesitan del territorio en el que han vivido históricamente pero los han ido arrinconando, alambrándoles todo”, se lamenta. Y agrega que la pandemia ha profundizado esta situación.
“El aislamiento no frenó ni los desalojos ni la violencia que padecen. Y derechos básicos como el acceso al agua siguen sin ser satisfechos. Nuestro país adhiere a tratados que honran el derecho a la tierra de las comunidades pero en la práctica eso no se cumple. Y en Salta eso se ve muy patente”, denuncia Méndez, integrante del Tejido de Profesionales Indígenas, organización que viene diseñando propuestas de instrumentos legales a fin de normalizar la situación territorial de los pueblos originarios. De hecho, hace pocos meses y por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó, en el caso de la Asociación Lhaka Honat contra Argentina, que nuestro país violó, además del derecho de propiedad comunitaria, los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, de las 132 comunidades indígenas que habitan los “lotes fiscales 14 y 55”, del departamento de Rivadavia.
“Hasta ahora, cada vez que los funcionarios se acercaron con intenciones de dialogar, solo recibimos promesas que no se cumplieron. Los chicos se siguen muriendo por falta de agua. Y sabemos que la época de verano es la peor. Pero, desde que vinieron los funcionarios a principios de año, se hizo poco y nada”, denuncia Mariano Centeno, otro cacique wichi presente en el lugar, que espera hoy se pueda cumplir finalmente con la entrega del petitorio.
Por Lorena Oliva
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