¿Qué políticas hay que aplicar para reducir la pobreza?
A principios de los años 80, cuando se empieza a medir oficialmente a través de encuestas, la pobreza afectaba a menos del 10% de los hogares y la desigualdad se situaba, junto a Uruguay, en los niveles más bajos de la región. Casi cuarenta años más tarde, la desigualdad ha aumentado y aproximadamente el 18% de los hogares, más del 25% de la población y el 45% de las niños, niños y adolescentes sufren privaciones múltiples.
En ese mismo período el país tuvo dos hiperinflaciones, crisis económicas, la aplicación de diversas y variadas políticas económicas e incluso atravesó la peor crisis política, económica y social de su historia. También existieron algunos períodos de crecimiento económico. Sin embargo, el derrame no se produjo como algunos lo predicen, ni tampoco el crecimiento fue inclusivo ni demográficamente orientado.
Este breve resumen de los últimos 40 años muestra que la pobreza es un fenómeno que la sociedad argentina no pudo resolver, aunque se haya mantenido en la agenda política, económica e incluso en las plataformas políticas de la mayoría de los partidos políticos.
La pobreza que afecta a las niñas, niños y adolescentes, plantea un desafío aún mayor, no solo por sus efectos inmediatos sobre la niñez, sino también por sus consecuencias de larga duración sobre el curso de vida de la población.
La paradoja radica en que existe un fuerte conocimiento acumulado que permitiría reducir la pobreza infantil, así como eliminar la indigencia. Básicamente radica en que los gobiernos puedan integrar las políticas sociales, de empleo y macroeconómicas con un foco en niñez. Esto requiere asignar mayores recursos para promover los derechos de la infancia, asegurar un entorno protector, mejorar la provisión y la calidad de los servicios, y ampliar los sistemas de protección social. Asimismo, con el fin de incorporar a niños y niñas de grupos sociales cuyas probabilidades de quedar rezagados son altas, las políticas sociales focalizadas deben constituir un puente para incluirlos en el marco de políticas universales.
En el contexto actual de elevada inflación y de estancamiento de la actividad económica sería deseable discutir medidas específicas para dar respuesta inmediata a la pobreza en la niñez: aumentos significativos en las prestaciones económicas a familias en situación de pobreza (fundamentalmente en pobreza extrema); universalizar la cobertura del sistema de protección social y; blindar el presupuesto dirigido a la niñez y a la población que enfrenta riesgos sociales.
Avanzar en este sentido requiere de acuerdos de largo plazo que involucren a todos los actores políticos, acompañados de una sociedad civil movilizada y de un compromiso de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.
La Asignación Universal por Hijo puede ser un buen ejemplo. Logró trascender el cambio de signo político y transformarse en una política de Estado que se ha sostenido y reforzado, mejorando la cobertura, incluyendo a hijas e hijos de monotributistas, modificando los topes de acceso y buscando a las niñas y niños que todavía están sin cobertura, incluso en zonas rurales de difícil acceso. Tiene, adicionalmente, un potencial significativo para reducir la pobreza extrema. Para que ello ocurra es necesario, en primer lugar, revisar seriamente sus condicionalidades que hoy penalizan a aquellas niñas y niños más vulnerables, como los casi 500 mil adolescentes que están fuera del sistema educativo y no son elegibles. En segundo lugar, debe implementar incrementos reales significativos que la transformen en una política efectiva de protección de ingresos para las familias en situación de vulnerabilidad.
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