Otra niña wichi murió de desnutrición en Salta: aseguran que su mamá casi no habla español y no podía hacerse entender por los médicos

Se llamaba Clarisa Pereira. Tenía dos años y el 29 de junio pasado murió por las consecuencias que un cuadro severo de desnutrición desencadenó en su cuerpo. Era wichi y vivía en La Quebradita, una comunidad salteña en la que residen aproximadamente 15 familias, ubicada sobre la ruta nacional 34, a pocos metros del pueblo de General Mosconi, departamento de San Martín. Su historia recién se conoció esta semana.

Hacía unos días, Clarisa había estado internada en el hospital de Mosconi, donde la familia asegura que fueron maltratados por el personal. Por su parte, fuentes del Ministerio de Salud de Salta informaron a LA NACION que el 7 de junio los padres “la fugan” del hospital. El medio Salta12 pudo reconstruir que la mamá de Clarisa tenía miedo: no lograba comunicarse con los profesionales porque no hablaban su idioma (el wichi) y el centro no cuenta con traductor, no comprendía los procedimientos médicos que iban a hacerle la niña; y que cuando la policía fue a buscarla a su comunidad para llevarla nuevamente al hospital, huyó con su hija a una comunidad cercana, donde finalmente falleció.

La historia de Clarisa, que está siendo investigada por la justicia, es una de las tantas que exponen una realidad dolorosa que muchas veces permanece invisibilizada: en la Argentina hay niñas y niños que continúan muriendo de hambre; y, por distintos motivos, al sistema se les escurren entre las manos.

Según las estadísticas oficiales de Salta, desde el 1 de enero al 31 de marzo de este año, en esa provincia fallecieron 79 chicos de menos de cinco años, 44 de ellos vivían en la región del norte, la más crítica. Las causas de muerte más frecuentes que aparecen en los informes son gastroenteritis, deshidratación e infecciones respiratorias. Para las organizaciones sociales que trabajan en el territorio, eso se traduce en hambre, falta de acceso al agua y otras problemáticas asociadas a las condiciones de extrema pobreza y vulneración de derechos en las que viven.

Detrás de los números fríos, están las Clarisas y los nombres de tantos otros chicos y chicas que no llegan a los medios de comunicación.

¿Qué pasó en el caso de esta niña y por qué su vida no pudo ser salvada?

Los especialistas coinciden en que para entender la problemática hay que poner el foco en una multiplicidad de variables que se entrecruzan: desde un sistema de salud que califican como “expulsivo” para las comunidades originarias, porque ejercen “una discriminación sistemática” y en la mayoría de los casos no cuenta con traductores para pacientes que apenas hablan español; hasta la dificultad que representa para las familias trasladarse lejos de sus centros de vida, sin redes de contención ni medios que les permitan sostener una estadía mientras sus pequeños están internados.

En conversación con el medio Salta12, Felipe Juárez, el padre de Clarisa (como muchas niñas y niños de las comunidades wichis, llevaba el apellido materno), contó que desde hacía un tiempo estaban en contacto con el sistema de salud por la situación de su hija. “Ellos la internaron antes y le dieron el alta diciendo que estaba bien y a las dos semanas la vuelven a internar”, sostuvo. Además, aseguró que la madre de la niña se fue con su hija del hospital de Mosconi al “ver cómo trataban mal y retaban a los chicos”, y tras discutir con una enfermera.

Si bien la mujer volvió a su vivienda en la comunidad, cuando vio que llegaba la policía se asustó y buscó esconderse y huir con la niña. Fue así que llegó hasta la comunidad donde Clarisa falleció.

Fuentes del Ministerio de Salud de la provincia aseguraron a LA NACION que la niña “recibió atención mensual de agentes sanitarios del área operativa Mosconi” y que la familia “era reticente a la atención sanitaria”. En esa línea, sumaron que “al tratarse de una niña con bajo peso, que frecuentemente presentaba infecciones respiratorias, diarrea y, en ocasiones, vómitos, se planificó la atención en el Centro de Recuperación Nutricional (CRN) del hospital Juan Domingo Perón. El 7 de junio, fue internada en el hospital de General Mosconi para ser próximamente derivada al CRN, pero sus padres la fugan”.

Indicaron, además, que “el equipo de salud salió a la búsqueda de la niña por distintas misiones, no logrando encontrarla. Posteriormente, desde el hospital de Mosconi, realizaron la correspondiente denuncia policial haciendo constar que, en varias ocasiones, los padres imposibilitaron que los agentes accedan a brindarle atención sanitaria”. Finalmente, el 29 de junio el equipo sanitario “fue alertado por una pariente de la niña” acerca de que “estaba ya sin signos vitales en misión El Corralito”.

“Viven en una casita de madera y plástico, sin agua”

Marta Garay es directora del centro que la asociación civil Pata Pila (que desde hace siete años trabaja junto a comunidades originarias de Salta para abordar la problemática de la desnutrición infantil) tiene en Yacuy. Hace un año comenzaron a trabajar en La Quebradita, pero no tenían contacto con la familia de Clarisa. Esta mañana, Garay fue a conocerlos. Tras la visita, contó a LA NACION que Norma Pereira, la madre de la niña, está embarazada y tiene otros cinco pequeños de entre 5 y 13 años.

Teniendo en cuenta que el hospital de Mosconi no cuenta con un traductor bilingüe (algo que fue confirmado a este medio por el Ministerio de Salud de esa provincia), todo se volvió muy confuso para la madre. “Norma habla muy poco castellano, ya que pertenece a una comunidad wichi fuerte en su idioma. Nosotros cuando vamos nos hacemos entender porque ya nos conocen y los niños que van a la escuela hablan castellano, ayudándonos en la traducción, al igual que las mamás más jovencitas”, detalla Garay.

Y agrega: “Lo que nos contó la familia fue que la nenita estuvo internada en el hospital, la atendieron y no saben nada más. Están muy mal, muy tristes por la pérdida. El padre nos dijo que nadie les cuenta nada y que la única forma que tienen los otros (en relación a los criollos) de relacionarse con ellos, es mandándoles a la policía, que están cansados de que lleguen para presionarlos, que no los entienden, que nadie se sienta a hablar con ellos”.

Respecto a la situación en la que viven, Garay explica que tienen “dos habitaciones de madera y plástico y, en el medio, arman el fuego”. No cuentan con acceso a agua de red, como muchos otros hogares de la zona. Sobreviven de las changas que hace el padre y Garay no sabe si cobran la AUH por los chicos. “Recién estamos conociendo a la familia, pero les estamos juntando ropa, ya que tienen muchas necesidades. En la mayoría de las comunidades se precisan alimentos y elementos como camas, ya que en general duermen sobre tablas y muchas no cuentan con colchones”, dice Garay.

Para los niños y las niñas de La Quebradita, el desayuno y el almuerzo que reciben en la escuela cercana a la comunidad suelen ser los únicos alimentos fuertes del día. “Nosotros vamos a darles semillas para que hagan una huerta”, cuenta Garay. Y subraya: “Hay mucha desarticulación entre las instituciones que trabajan en la zona. En el caso de Clarisa, claramente algo falló. El Estado no hizo el seguimiento como corresponde y, si bien la mamá se escapó del hospital, nosotros estamos en terreno y podrían habernos preguntando o pedido que la busquemos como hicieron otras veces”, se lamenta Garay.

“Son muertes evitables”

Consultados por LA NACION sobre las medidas que se están implementado para abordar realidades como la de la familia Clarisa, Patricia Leal, directora de Materno e Infancia de la provincia de Salta, respondió: “Desde el Ministerio de Salud se ha planteado una estrategia de trabajo que va a consistir en la asistencia focalizada de niños con factores de riesgo, con supervisión y capacitación en terreno. Con esto pretendemos ir y abordar la población que ya tenemos identificada como de alto riesgo, hacerle seguimiento y de ser necesario ser trasladados al hospital o a centros de mayor complejidad”.

Diego Bustamante, fundador de Pata Pila, subraya que muertes como las de Clarisa “son evitables”. En esa línea, destacaba que si bien en la provincia se declaró la emergencia sociosanitaria hace más de dos años, “a los meses se desencadeno la pandemia y la mayoría de las acciones prometidas quedaron inconclusas”. Además, destaca que “no se reglamentó la Ley de Salud Intercultural y hay muchas comunidades sin agua potable”.

Respecto a la reticencia de las familias de recibir atención médica, destaca: “Los wichi se manejan mucho con la tradición oral y esas comunidades tienen gran desconfianza en acercarse a los hospitales, porque viven situaciones de maltrato y destrato constantes: el ser trasladados sin su consentimiento, sin que se avise a sus familias; el que no se les expliquen los tratamientos que necesitan y no haya un respeto por sus cuerpos, son algunos ejemplos”.

Eso, señala Bustamante, provoca que les da tanto miedo que “huyen despavoridos” de una ambulancia. “Son años y años de discriminación en el modo y la forma en que el hospital y otras instituciones del Estado se acercan a las comunidades. Revertir eso y generar confianza va a llevar tiempo”, subraya.

Un sistema de salud poco intercultural y “expulsivo”

La Ley de Salud Intercultural de la que habla Bustamante jugaría, para los especialistas en el tema, un rol central en evitar las muertes por desnutrición. Francisco Rodríguez Abinal, abogado y coordinador del programa Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), explica que la norma fue sancionada en 2014 y entró en vigencia a principios de 2015 pero que “no se aplica”. Su objetivo, detalla, es “facilitar el acceso a la salud de las comunidades que viven una vulneración de derechos estructural, con una ausencia fuerte por parte del Estado provincia y nacional y con muchísimas problemáticas de salud asociadas a la deshidratación y desnutrición”.

En ese contexto crítico, subraya que, cuando las comunidades tratan de acceder al sistema de salud, este es “expulsivo”. “Tiene muchos prejuicios y es muy discriminatorio. Desde una perspectiva occidental o poco intercultural, se omiten por completo el consentimiento informado: son muchísimos casos, como el de la familia de Clarisa, donde no les explicaron qué tratamiento reciben y no les da opciones, esto genera tensión. Además, hay muchos problemas asociados al lenguaje y la falta de traductores”.

¿Qué plantea la ley? Rodríguez Abinal detalla que, entre otras cuestiones, incorpora la figura de un “facilitador intercultural” que sea bilingüe y tienda un puente entre el sistema sanitario y las comunidades. Además, reconoce la obligación del Estado de proveer albergues institucionales de tránsito para que los pacientes o sus familias pueden alojarse mientras reciben tratamiento en localidades lejanas a sus comunidades. Por otro lado, articula “un sistema de referencia y contrarerefencia entre hospitales”, para agilizar los traslados entre instituciones.

En diciembre de 2021 ACIJ presentó un amparo que hoy se encuentra en la Corte Suprema de la provincia de Salta y que todavía espera ser resuelto, para que se exija la implementación de la norma. “El Estado, lejos de tener un abordaje de reflexión o de hacerse un cuestionamiento de por qué las comunidades no quieren acercarse al sistema de salud, suele poner la culpabilidad en las familias. Es un ejercicio irreflexivo del poder público”, concluye el abogado.

Más información

Son varias las organización sociales que buscan realizar su contribución para prevenir y detectar de forma temprana los casos de desnutrición infantil. Algunas de ellas son:

Pata Pila: Nació en 2015 en Salta con el objetivo de tratar la desnutrición infantil. Tiene presencia en 66 comunidades de Salta y en barrios periféricos y asentamientos de Mendoza, Entre Ríos y Buenos Aires. Muchas de esas comunidades son wichis, guaraníes y tobas, entre otras de pueblos originarios. Entre otros proyectos, cuenta con una red de acompañamiento hospitalario con referentes bilingües que reciben a las familias que son derivadas en los hospitales, y hacen de nexo entre las madres y el equipo de salud. Además, se ocupan de que puedan conseguir los pasajes, de avisar a las comunidades que llegaron bien, de que tengan dónde hospedarse y qué comer. Por otro lado, desde la organización trabajan en la formación de salud intercultural de la policía y de agentes sanitarios, iniciativa que está a cargo de una médica wichi. Contacto: hola@patapila.org. Consultas por WhatsApp: +54 9 11 2738-9394. Más info en su web.

Haciendo Camino: Trabaja para mejorar la calidad de vida de niños y familias en situación de vulnerabilidad en el Norte argentino. Con tu donación, pueden llegar a más niños y niñas con desnutrición y en riesgo social para asegurarles un futuro con mejores oportunidades. Click aquí para más información.

Fundación Conin: Lucha contra la desnutrición infantil en la Argentina con programas dirigidos a su prevención y tratamiento, acompañando a las familias a través de la asistencia y educación. Ingresá en su web o llamá al 0800-222-1620 para recibir más información.

Unicef: Con tu colaboración niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo la línea de pobreza pueden recibir un alimento de calidad y nutritivo en su dieta diaria. Ingresá en su web o llama al 0810-333-4455 para más información.

Cruz Roja Argentina: Sumate con tu donación a las acciones que lleva adelante en todo el país para acompañar a miles de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en este link. También llamando al 0810-999-2222

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