Niñez: prioridades que no pueden faltar en el debate electoral

Los cinco defensores provinciales de Niñas, Niños y Adolescentes establecieron los temas más urgentes de cara al año electoral: pobreza en la primera infancia, educación, trabajo infantil y la necesidad de contar con partidas presupuestarias específicas, entre otros puntos.

Juan Pablo Meaca, defensor de La Pampa

"La vulneración en la infancia está en un punto crítico y requiere de los candidatos propuestas claras y que las apliquen una vez en el cargo. Son asuntos centrales: 1) Abocarse de inmediato a resolver la situación de pobreza e indigencia en que está casi el 50% de las niñas, niños y adolescentes. Una herramienta es la Asignación Universal por Hijo (AUH), haciéndola progresiva y significativa, asegurando la alimentación, educación y salud de la infancia. 2) Garantizar el acceso efectivo a la educación pública de calidad en todo el país. 3) Erradicar el trabajo infantil y adolescente. 4) Una política clara, financiada y efectiva en materia de Educación Sexual Integral (ESI), Abuso Sexual en la Infancia (ASI), anticoncepción, embarazo adolescente e Interrupción Legal del Embarazo (ILE). 5) Un sistema penal juvenil acorde a nuestras leyes y tratados, centrado en la inserción social, no debiendo proponerse la baja de la edad, que no es acompañada por ningún organismo estatal, social o comunitario especializado. 6) Sacar de inmediato a niños y niñas de establecimientos carcelarios para adultos".

Analía Colombo, defensora de Santa Fe

"Los datos de UNICEF para 2019 muestran que, a nivel nacional, más del 40% de las niñas, niños y adolescentes vive bajo la línea de pobreza y que casi la mitad sufre privaciones en al menos uno de sus derechos. Es necesario poner en el centro de la agenda pública y política a la infancia y a la adolescencia. Y es menester ampliar la mirada a sus núcleos familiares y comunitarios, fortaleciendo roles, brindando mayor acceso a derechos y mejorando los programas de acogimiento alternativo familiar; en definitiva, definiendo el rol del Estado como garante de políticas sociales integrales. A 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño (incorporada a la Constitución) y en medio de un contexto desfavorable, es obligación fundamental del Estado fortalecer y reforzar la inversión en los sistemas de protección social para garantizar el principio del interés superior del niño hasta el máximo de los recursos que disponga. Las niñas, niños y adolescentes no deben ser la variable del ajuste económico".

Miguel Molina, defensor de Misiones

"Llegó el momento de que la sociedad y el gobierno se ocupen en serio de los temas que afectan a niños, niñas y adolescentes. Muchas veces, se habla de la infancia en términos metafóricos, de futuro, de buenas intenciones, pero en lo concreto asistimos a una constante vulneración de derechos. Hay consenso en que un niño tiene que estar en una familia y en una escuela, pero también es necesario que esté en los presupuestos. Toda decisión tiene un costo y debe reflejarse en partidas específicas que constituyen políticas públicas de atención y contención. También necesitamos organismos específicos. La infancia requiere del Ejecutivo, pero muchos de los organismos que tenemos son deliberativos, consejos de infancia, ONG. Los temas de derecho en infancia están muy ligados a acciones de la sociedad civil, cuando la garantía corresponde al Estado, así lo obliga la Convención. Respecto a prioridades concretas, la nutrición, la salud y la educación son temas transversales fundamentales".

Amelia López, defensora de Córdoba

"En un país donde uno de cada dos chicos vive en la pobreza multidimensional, sería deseable que la agenda electoral explicitara la priorización de la niñez y la adolescencia desde un enfoque de derechos, lo que supone propuestas concretas. La mejora con innovación de la calidad educativa, la prevención de la deserción escolar y la inclusión de quienes han desertado; y políticas de primera infancia universales, son otras prioridades. Hay que enfocar desafíos como la salud mental, los contextos de violencia, el consumo de sustancias toxicas, el embarazo adolescente y la sexualidad. No solo expresar buena voluntad, sino manifestarlo en términos de financiamiento y estrategias. La mejora del sistema de protección requiere una inversión importante y la justicia juvenil es un pendiente. Las y los defensores hemos sido firmes: no se puede bajar la edad de imputabilidad cuando no se satisfacen derechos. La inclusión es la mejor respuesta a la seguridad, no la exclusión".

Luis Santucho, defensor de Santiago del Estero

"Es importante prestar atención a la adolescencia en nuestro país. Hay ausencia de políticas de prevención y eso trae graves consecuencias. Se requieren campañas de difusión para generar espacios de reflexión en la familia y la escuela. Es muy común que se desaproveche la trayectoria pedagógica del niño o niña escolarizada, que está generalmente dispersa y no es usada como fuente de información. Allí está concentrado el núcleo histórico de los nuevos ciudadanos del mundo. Ese insumo, además de un apoyo para la integración escolar, es decisivo en acciones de prevención. Además, es importante resaltar que en Argentina el 16% de los nacimientos es de niñas adolescentes, donde también aparece el drama del abuso infantil. Entre los opositores a la ESI se percibe un asombroso desconocimiento, empezando por no tener en cuenta la condición de sujeto de derecho, ya que el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes permite aseverar que ya no son propiedad de los padres, el Estado ni de ninguna institución civil o religiosa".

Piden que el Congreso ratifique a la Defensora Nacional

Los cinco defensores provinciales coincidieron en la necesidad de que el Congreso ratifique con urgencia la designación de la abogada Marisa Graham como titular de la Defensoría Nacional de Niñas, Niñas y Adolescentes, un cargo que ya lleva vacante 14 años. El pasado 25 de abril, luego de un extenso concurso público, Graham, especialista en Derecho de Familia, fue escogida por una comisión bicameral parlamentaria que la seleccionó entre 15 postulantes.

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