Ni Una Menos: Salta, Santiago del Estero y Jujuy con las tasas más altas de femicidios de los últimos seis años

A seis años de que el grito de Ni Una Menos llegara para visibilizar las violencias machistas y mostrar las causas estructurales de un flagelo social muy difícil de revertir, el dato más doloroso sigue siendo que las cifras no bajan y que, más allá del pico de casos durante la primera etapa de la pandemia, cada 30 horas una mujer o persona trans es víctima de femicidio en la Argentina. Y estos números empeoran ahí donde las políticas públicas llegan con mayor lentitud y hay sociedades más conservadoras y difíciles de permear por la perspectiva de género.

Según el informe “Investigación de Femicidios en Argentina”, realizado por el Observatorio Adriana Maricel Zambrano y coordinado por La Casa del Encuentro, en el período que va del 3 de junio 2015 al 2 de junio 2021, hubo 1733 femicidios vinculados de mujeres y niñas y transfemicidios, 163 femicidios vinculados de varones adultos y niños, y 2015 hijas e hijos quedaron sin madre. Entre las provincias que tuvieron las tasas más altas están Salta, Santiago del Estero y Jujuy.

Si bien en valores absolutos la mayor cantidad de estos casos corresponden a la provincia de Buenos Aires (608), Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro, explicó que es importante observar las tasas: “Cuando lo ponés en valores relativos en relación a los habitantes, cambia completamente el mapa. Sino, siempre vemos lo mismo: que la provincia de Buenos Aires es la que tiene más casos y se pierde de vista qué pasa en varias provincias del norte del país, donde hay una realidad grave”, precisó. Desde su mirada, “existen los varones violentos, pero existe toda una sociedad que está atravesada por una cultura patriarcal, una cultura que hay que deconstruir, que está especialmente arraigada en algunos lugares”.

En ese sentido, Rico enfatizó la emboscada en que se encuentran las mujeres en situación de víctima en esos lugares: “Hay compañeras que ni siquiera se animan a realizar una denuncia porque son feudos, realmente. Imaginate un pueblo en donde la mujer va a denunciar y resulta que la persona que le toma la denuncia conoce al agresor, no tiene perspectiva de género y encima ella no conoce sus derechos ni sabe dónde acudir”.

Desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2021, en la Argentina hubo 115 femicidios y seis transfemicidios. Las agrupaciones feministas subrayan la importancia del compromiso de la ciudadanía en prevenir la violencia y actuar a tiempo.

Justamente, para prevenir y atender la violencia de género en Salta, en zonas de emergencia socio-sanitaria durante el aislamiento, la Iniciativa Spotlight –una alianza global de la Unión Europea y las Naciones Unidas– trabajó en distintos proyectos junto a organizaciones de base territorial de esa provincia, como Fundación Gran Chaco, en el departamento de Rivadavia; y la Asociación Río Bermejo, en el Chacho Salteño. Entre los principales problemas que detectaron estuvieron la falta de acceso –por tratarse de zonas aisladas–, el desconocimiento y la naturalización de la violencia.

“Los valores culturales patriarcales y machistas colocan a las mujeres en objetos susceptibles de ser parte del acervo propietario del hombre”, afirmó Clarisa Galán, defensora pública de Coordinación de las Unidades que la Defensoría General de la Nación (DGN) tiene en Salta y Jujuy. Si bien considera que muy lentamente estas barreras se van aflojando, explicó que en estas provincias “la figura de las mujeres y las niñas están muy estereotipadas, y quienes no cumplen con ese formato, pareciera que no son merecedoras del mismo respeto que las que sí lo hacen”. Galán subrayó que aquellas “que no cumplen con sus ‘roles’ de buena madre y esposa generan rechazo social, y de alguna manera, esto para el hombre amerita un ‘apercibimiento’ puertas adentro”. Para la defensora, los factores que hacen más vulnerables a las mujeres y a las niñas se pueden resumir en la falta de promoción y acceso a una educación que les permita aspirar y alcanzar independencia personal y económica, por lo que “toleras situaciones de violencia y sometimiento por el hecho de no perder al ‘protector’”. Otro aspecto condicionante para Galán es “una formación cultural de ‘fragilidad’ como modelo de femineidad aceptado”, según el cual “la mujer que no tiene un hombre a su lado, genera cierto rechazo, y la que no se presenta como débil es ‘masculinizada’”.

Lo mismo describe Florencia Treglia Macías, trabajadora social y coordinadora regional de Haciendo Camino, en Santiago del Estero. Desde su experiencia, en el caso de estas mujeres “tener una familia es el único futuro que ven posible y las arman para eso desde muy jóvenes”, por lo que les es tan difícil salir de esa situación y animarse a pedir ayuda. Todos los días, en Haciendo Camino, se cruza con historias de mujeres que sufren violencia, en una situación “que no distingue clases sociales”. Treglia Macías definió a la santiagueña como “una sociedad con una tradición muy machista, donde el hombre es el proveedor, el que toma las decisiones y el jefe del hogar”. Además, explicó que esto está naturalizado por gran parte de la sociedad, a lo que se suma un consumo elevado de alcohol que agrava el problema. “Es un sistema que reproduce la violencia todo el tiempo –resumió la trabajadora social–. Hace poco, hicimos una encuesta de violencia obstétrica y, cuando se empieza a indagar, notás que las mujeres sufren maltrato institucional todos los días”.

Cifras a seis años del Ni Una Menos

Para Natalia Gabellini, integrante de Ni Una Menos Santiago del Estero, los puntos que vuelven vulnerables a las mujeres, diversidades y niñas en su provincia son los mismos que se registran en otros territorios: “Es la dependencia económica de las mujeres hacia su agresor. Es la necesidad de mayor compromiso por parte de los y las agentes institucionales, de las instituciones primarias de la salud, de la docencia, de la policía”, enumeró.

Todas las referentes consultadas por LA NACION –en línea con el documento firmado por más de 200 organizaciones del colectivo Ni Una Menos– hacen hincapié en que se haga efectiva en todo el país la implementación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), para todos los niveles de educación y con la debida incorporación de la temática de violencia sexista. Ahí ven la principal estrategia de prevención. “Es una herramienta importantísima para disminuir los índices de femicidios. Pero si hacés un paneo en toda la Argentina, no se aplica o se aplica de una manera irregular, con provincias reticentes como Salta o que están totalmente en contra de la aplicación, lo cual es tremendo”, lamentó Rico.

Gabellini aseguró que en los territorios santiagueños falta la implementación completa de la ESI, algo que está lejos de ser excepcional. Lo mismo pasa como “el protocolo ILE, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley Micaela y la Ley de Identidad de Género”, agregó Gabellini. “El vasto territorio de nuestra provincia ha presentado muchísimas dificultades durante la pandemia para poder llegar con las instituciones y los recursos, que están ubicados primordialmente en la capital y en municipios más grandes”, explicó. Además, consideró necesario que los poderes judiciales reformen sus dinámicas institucionales con “una perspectiva de género interseccional, inclusiva, interdisciplinaria”, remarcando que “la solución no está en el punitivismo o aplicar el derecho burocráticamente”.

En esa perspectiva, Rico advirtió que “los avances de la aplicación de las políticas públicas y las leyes son lentos, parcialmente ejecutados y sin una verdadera federalización, unificada y efectiva, que garantice igualdad en todo el país”. Por eso, puso el foco en la importancia del programa Acompañar, que brinda el equivalente a un salario mínimo vital y móvil por seis meses, y que realmente podría ayudar a que muchas mujeres dejen el domicilio del agresor. “El programa tiene algo innovador que es que no se necesita la denuncia para percibirlo, pero la realidad es que no se está implementando en todo el país”, completó Rico. Desde La Casa del Encuentro también destacan la importancia de que se cumpla con la ley que creó el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, para brindar patrocinio jurídico gratuito integral a las personas que atraviesan estas situaciones.

Para Rico, el Ni Una Menos, del que hoy se cumplen seis años, significó una enorme toma de conciencia sobre el tema por parte de la sociedad, pero está claro que no es suficiente. “Si bien desde 2015 hubo muchos avances, el índice de femicidios no desciende, lo que es tremendo. Teníamos una mujer asesinada cada 30 horas y así seguimos. Eso es lo que nos tiene que interpelar como sociedad “, concluyó.

Más información

• Ni Una Menos: ¿Cuáles son los principales reclamos del colectivo en su sexto aniversario? Más de doscientas organizaciones que forman parte del colectivo Ni Una Menos firmaron un pliego de exigencias que incluyen entre los principales pedidos reparación histórica y el cumplimiento del cupo e inclusión laboral, travesti y trans, más presupuesto para políticas integrales contra los femicidios, una reforma judicial con perspectiva de géneros y feminista, y una efectiva implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y de la ley de parto respetado. Por la pandemia, este año tampoco habrá convocatorias masivas a marchar, al menos en el AMBA, pero sí acciones e intervenciones en redes.
• ¿Qué hacer ante un caso de violencia de género? La línea 144 y el Whatsapp +54 9 11 2771-6463 brindan atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Para emergencias, llamar al 911.

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