“Mañana no voy a atender”: por qué los docentes y terapeutas que atienden a personas con discapacidad están de paro

Ayer, Carolina Martínez recibió un mensaje de WhatsApp. Era de una de las terapeutas de Joaquín, su hijo de 8 años. El mensaje decía: “Buen día, mañana no voy a atender. Como saben, la situación está muy complicada y no hemos cobrado nuestros honorarios. Hay un paro programado para hoy, mañana y pasado al cual me estoy adhiriendo. Espero sepan comprender y ayudarnos en nuestro reclamo”.

Después de haber sido diagnosticado con el Síndrome de Poliomielitis Like a los 4 años, a Joaquín le quedaron secuelas motrices y necesita hacer ejercicios de rehabilitación. “Lo de él es algo motriz. Entonces, si no estimula sus músculos, no avanza con su rehabilitación. Toda la vida va a necesitar estimulación. Que no pueda tenerla es terrible porque dificulta su desarrollo”, sostiene Martínez, quien, de todas maneras, empatiza con la medida tomada por la terapeuta. “Entiendo que hoy no esté porque hace tres meses que no cobra”, agrega.

La falta de pago a los profesionales que prestan servicios a las personas con discapacidad afiliadas a obras sociales es un reclamo que desde ayer comenzó a hacerse oír con fuerza en diferentes puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, numerosas organizaciones emplazaron la Carpa Blanca de la Discapacidad, frente a Plaza de Mayo, para darle mayor visibilidad. También hubo movilizaciones en ciudades como Mar del Plata, Santa Fe, Concordia, Posadas, Villa María, Santiago del Estero y Villa Mercedes.

Bajo el lema #NoAlAjusteEnDiscapacidad, prestadores y familiares reclaman por las demoras de varios meses en el cobro de las prestaciones, por el hecho de que los aumentos en los aranceles no se condicen con el índice inflacionario y por la falta de fondos en las obras sociales para continuar con la cadena diferida de pagos, debido a que la Superintendencia de Servicios de Salud no transfirió los fondos.

Consultado por LA NACION, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, adjudicó la demora en el pago por parte de la Superintendencia a problemas operativos pero sostuvo que la gran mayoría de los prestadores cobra dentro del tiempo máximo estipulado.

“Fueron unos días de retraso. Queremos llevar tranquilidad a las familias porque el sistema está funcionando. Si bien estamos obligados a pagar a 60 días, en muchos casos pagamos a 45. Además, venimos haciendo ajustes en los aranceles. De mayo a septiembre, el esquema acumulado de aumento es del 69%”, expresó el funcionario, quien agregó que “la agencia está al día” y deslizó que “habría que interiorizarse sobre los problemas que las obras sociales puedan llegar a tener, pero ahí no tenemos injerencia”.

Además de hacer visible la falta de pago en el sector, los manifestantes también expresaron su preocupación ante versiones que circularon acerca de la creación de un supuesto Fondo Nacional para la Cobertura de las Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Esa medida quitaría la validación, auditoría y pago de las prestaciones de la órbita de las obras sociales para llevarlas a la Agencia Nacional de Discapacidad, un organismo descentralizado que dependen de la Secretaría General de la Presidencia. Ante esa versión, cerca de 190 mil personas ya expresaron su rechazo ante tal posibilidad en la plataforma Change.org.

En un comunicado oficial, la ANDIS reconoció esta noche que “se están analizando distintas alternativas con el fin de sanear y fortalecer este sistema de prestaciones de discapacidad” pero afirma que “eso incluye a todos los financiadores del sistema”, es decir que “no excluye a ninguno y menos a las obras sociales”.

La movilización también ocurre en un contexto de ajustes promovidos por el Ministerio de Economía que puso en alerta al sector ante versiones de nuevos recortes presupuestarios en los ministerios de Educación, Desarrollo Territorial y Hábitat, y Salud. Hasta el momento, los anuncios oficiales apuntaron a los dos primeros, como la reducción en un 36% del programa “Fortalecimiento edilicio de jardines de infantes”, que promovía la construcción de nuevos jardines de infantes y salas.

“Tuvimos que armar una rueda financiera”

Mara Pentimalli es psicomotricista y una de las fundadoras de “Yo quiero”, un centro que brinda terapias y servicio de apoyo a la integración escolar de niños con discapacidad. Cuenta que el retraso en el pago a los prestadores es histórico, aunque esta vez hay algo novedoso: “Ninguna obra social cobró. Es decir que, por alguna razón, el Estado parece no tener dinero para pagarnos”, explica. Mañana, el centro que encabeza Mara estará cerrado y ella, de paro.

“Como terapeuta, llevo tres meses sin cobrar. Como una de las directoras del centro, puedo decirte que nuestros profesionales tienen que cobrar en septiembre sus honorarios de agosto. Pero eso es porque habíamos armado una suerte de rueda financiera para absorber el diferimiento de pago a 60 días, aunque a veces es a 90 o 120 días. El problema fue que el 20 del mes pasado, cuando debía habernos ingresado el pago de junio, nada ingresó. Nos prometen que durante la primera quincena de septiembre se regularizaría el tema, pero ya no tenemos espalda para soportar esto”, se lamenta Pentimalli.

En el caso de los niños con discapacidad, a las prestaciones profesionales terapéuticas, se suman las educativas. Cuando asisten a escuelas de educación común con un proyecto de integración, los maestros de apoyo a la inclusión son, en muchos casos, aportados por centros como el de Mara, que ofrecen tanto terapias como servicios de integración escolar.

“No hay que perder de vista que, más allá del perjuicio a los prestadores, la falta de pago por parte de las obras sociales vulnera los derechos de las personas con discapacidad, que tienen amparadas sus prestaciones básicas por la ley 24.901. No solo se vulnera el derecho a recibir terapias, sino también el derecho a la educación de esos niños. Hay colegios que, sin acompañante, no permiten que ingresen, y a su vez hay chicos que, sin acompañante, no pueden asistir”, alerta Elizabeth Foschi, presidenta de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Integración Escolar (Casaie).

En el caso de Martín Vera, docente y papá de Donato, un niño de 11 años diagnosticado con autismo, las malas noticias no paran de llegar. El viernes pasado, la empresa encargada del traslado de su hijo a la escuela, que también cubre su obra social (la familia vive en Florencio Varela, pero la escuela a la que asiste está ubicada en Villa Domínico, partido de Avellaneda), le informó que, durante el paro, solo le iban a cubrir un tramo del viaje, debido a las dificultades para cobrar el servicio que vienen padeciendo.

“Optamos por que lo retiren. Así que al mediodía viaja dos horas en transporte público. Pero además, recién el acompañante terapéutico de mi hijo en la escuela me dijo que mañana no viene, porque el centro del cual depende se va a adherir al paro”, agrega Vera.

“El riesgo es que, como en todo, empiecen a haber servicios de primera y de segunda –se lamenta Pentimalli–. Para los profesionales, es difícil aguantar este nivel de presión y de inseguridad económica cuando quizás se cuenta con ese dinero para pagar un alquiler. No queremos que los profesionales valiosos terminen dedicándose a otra cosa. O que las prestaciones que necesitan los chicos con discapacidad, sólo sean para las familias que puedan pagarlas”, concluye.

• Para contactarse con la Superintendencia de Servicios de Salud: 0800-222 SALUD (72583)
• El número de contacto de la Agencia Nacional de Discapacidad es: 0800-555-3472

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