Los jóvenes que ingresan en el sistema penal son los niños que el Estado no pudo proteger de la marginación y la violencia

Los adolescentes que ingresan a los centros de privación de libertad son los que tienen mayor vulnerabilidad y menores recursos para enfrentar los riesgos sociales que pueden derivarse de la marginación y la violencia, así como las instancias que implica el proceso penal y eso determina, en muchos casos, que se los encierre.

Las trayectorias de vida permiten identificar persistentes ausencias del Estado para garantizarles tempranamente derechos básicos, pero una intervención férrea del mismo Estado a través del sistema penal y las medidas de encierro cuando se les imputa haber infringido la ley.

Unicef ha publicado recientemente el estudio Las Voces de las y los Adolescentes privados de Libertad en la Argentina que documenta las trayectorias y las condiciones de vida de los jóvenes que se encuentran en dispositivos del sistema penal juvenil en nuestro país.

Entre otros hallazgos, el trabajo muestra que el 28% de los chicos detenidos por causas penales vivió previamente en situación de calle, el 14% residió en una institución sin cuidados parentales por haberse tomado una medida excepcional de protección —principalmente por haber sido víctimas de violencia y maltrato— y el 78% se vio imposibilitado de asistir a la escuela alguna vez antes de ingresar al centro cerrado, en muchos casos debido a la necesidad de realizar trabajos a temprana edad, en condiciones de desprotección y expuestos a persistentes situaciones de violencia institucional.

Por supuesto que no todos los adolescentes que sufren vulneraciones de derechos incurren en la comisión de delitos: la evidencia muestra que sólo una parte muy reducida de los jóvenes infringe la ley. No obstante, sí podemos verificar cómo la respuesta del Estado hacia los adolescentes en conflicto con la ley está orientada a sancionar con rigor a quienes no se pudo asegurar condiciones adecuadas y oportunidades para crecer plenamente y forjar un proyecto de vida.

Asimismo, el estudio ha relevado que el 30,7% de los jóvenes afectados por una medida de privación de libertad han sufrido maltrato y violencia institucional dentro de los centros, en un 52% por parte del personal de seguridad. Este hecho es alarmante desde los estándares establecidos por distintos acuerdos internacionales, en la medida en que perpetúa el círculo de abandono y castigo al que fueron arrojados estos jóvenes desde la infancia y frustra la misión rehabilitadora que los centros deberían tener.

En ese sentido, la Argentina debe afrontar el desafío de revisar estas medidas con responsabilidad, capitalizando experiencias exitosas de justicia restaurativa y de medidas socioeducativas en el ámbito comunitario (que, según establece la Convención de los Derechos del Niño, deben ser las principales medidas en la justicia para adolescentes), de manera que todos los jóvenes del país, que son nuestro futuro, crezcan y forjen proyectos de vida en contextos libres de violencia y de vulneración de derechos.

*El autor es especialista en Protección de Derechos de UNICEF.

Hernán Monath

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