Ley Lucio: las obligaciones que instaura el proyecto que lleva el nombre del niño asesinado y que el Senado se prepara para aprobar

Qué pasó. Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez, fueron declaradas culpables por los cargos de homicidio agravado del pequeño Lucio Abel Dupuy, el niño de cinco años cuyo caso conmovió al país entero. Lo resolvió hoy el Tribunal de Audiencia de la provincia de La Pampa.

Mientras se aguarda la definición de la pena, que se dará a conocer el 13 de febrero a las 8 de la mañana y sería de prisión perpetua, también se espera que el Senado trate en sesiones extraordinarias el proyecto de la llamada “ley Lucio”. Es una iniciativa que busca prevenir que más chicas y chicos sean víctimas de violencias.

Las historias de Lucio, Abigail, Salomón y Tahiel. El de Lucio no está lejos de ser un caso aislado. En 2014, Abigail, una bebita de siete meses fue asesinada por sus padres en Río Gallegos, en Santa Cruz: “Lo más terrible es que esta beba estaba bajo la lupa del sistema de protección y a pesar de todas las alertas, se falló”, señala la diputada Roxana Reyes (UCR), que es oriunda de esa ciudad y una de las impulsoras de la ley Lucio, junto a los legisladores Martín Maquieyra (Pro) y Paola Vessvessian (FdT).

• Tras la muerte de Lucio se supo que en un lapso de tres meses, el niño fue llevado al menos cinco veces a distintos centros de salud de La Pampas porque tenía politraumatismos. Pero ni los profesionales de esas guardias ni del jardín al que iba hicieron la denuncia. Todas las señales de la violencia se pasaron por alto.

También están los casos de Salomón, que tenía dos años cuando su padrastro lo mató y quien había sido llevado reiteradas veces a un centro de salud de Neuquén por lesiones. O de Tahiel, quien antes de ser asesinado por su madre y su padrastro fue en más de una ocasión con golpes al centro de integración comunitaria de Gualeguaychú. La lista sigue y fue recordada recientemente por Maquieyra en LA NACION.

El proyecto de ley. En ese contexto, la norma que podría ser aprobada por el Senado establece la capacitación permanente sobre derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes de todas las personas que trabajan en el Estado. Es decir en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial nacionales, de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires y de todos los municipios del país.

• Determina la obligación del Estado de intervenir ante una denuncia anónima por violencia contra un niño, niña o adolescente. Es decir sin requerir que quien la realiza se exponga.
• En resumen, busca preparar a docentes, médicos, policías, empleados judiciales y cualquier funcionario público para que sepan detectar señales de violencia, y rápidamente intervengan, por ejemplo, con una denuncia anónima.

Lo que busca prevenir, detectar y detener. La violencia física, sexual y psicológica que sufren niños, niñas y adolescentes. También, la negligencia, es decir, cuando no se dan los cuidados básicos a un chico y chica.

La violencia más invisibilizada. Los centros de salud detectan solo un 10% de los casos que circulan por guardias y consultorios. Esa es la estimación que hace Javier Indart, director médico del Hospital de Niños Pedro Elizalde.

• “Esto se debe a muchos obstáculos, incluyendo que nosotros los pediatras tenemos idealizado el rol de la familia como lugar donde se desarrollan plenamente las capacidades de un niño, algo que en muchos hogares no es así”.
• “Segundo, tenemos que entender que cuando vemos una situación de violencia, pensar que será la única es una equivocación: se van a repetir en frecuencia y van a aumentar en intensidad. Los casos de violencia que vemos en el hospital son variados, algunos niños llegan ya fallecidos”.

7 millones de chicos y chicas expuestos a violencia. La Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 2 niños y niñas es víctima de algún tipo de violencia. En la Argentina y según una proyección hecha por Red por la Infancia en base a los datos del Censo 2010, estamos hablando de 7.000.000 de chicas y chicos.

• En 2022, la Línea 102 recibió 39.409 llamadas de todo el país. De esas, 21.319 fueron por motivos asociados a situaciones de violencia contra chicos. “Es importante tener en cuenta que las situaciones denunciadas son muchas menos que las que efectivamente ocurren mayormente en ámbitos privados”, aclaran desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, de la que depende la línea.
• Si se pone solo la lupa en la ciudad de Buenos Aires, de los 32.400 chicas y chicos que fueron atendidos en 2021 por defensorías zonales que depende del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el 63,5% (20.589) había atravesado situaciones de violencia.
• El 70% de las violencias que sufren niñas, niños y adolescentes ocurren en el ámbito familiar, tal como subrayan desde Unicef. En pocas palabras, la casa está lejos de ser el lugar más seguro para muchos chicos, como se ha instalado desde hace siglos en el imaginario social.

Una realidad tan espantosa como cotidiana. Juan Pablo Mouesca es Jefe de la Unidad de Violencia Familiar del Elizalde, que nació como una experiencia piloto hace 30 años y es la única de su tipo en la Ciudad y provincia de Buenos Aires. Reciben unas 200 consultas nuevas por año, casi siempre de casos graves.

• La mitad de los casos son por violencia sexual, pero también atienden muchos por maltrato físico y negligencia. Es decir, cuando teniendo los recursos no se dan los cuidados básicos a un chico y chica.
• Algunos son de chicos que llegan con sus familias y el personal médico detecta que puede tratarse de situaciones de violencia. Por ejemplo, fracturas o traumatismos de cráneo que no pueden explicar.
• También reciben chicos que son derivados por juzgados, organismos de protección de derechos, defensorías y otros hospitales.

¿Se aprobará el proyecto? Se espera que sí, ya que hay consenso entre los distintos espacios políticos. Como fue aprobado en diciembre por unanimidad en la Cámara de Diputados, con la ratificación del Senado sería convertido en ley.

Dos advertencias. “Si bien es muy importante que haya capacitación, tiene que haber un sistema articulado que haga que una vez que se detecte una situación de violencia, se intervenga. Es decir, es buenísimo abrir la puerta para que entre más demanda, porque hay mucha que está oculta, pero es clave darle una respuesta”, señala Mouesca, de la Unidad de Violencia Familiar del Elizalde.

• Paula Wachter, directora ejecutiva de la Fundación Red por la Infancia, considera que será clave la reglamentación, es decir, “la letra chica”, para que la capacitación sea diferenciada: “No es lo mismo los pasos a seguir, por ejemplo, en la escuela o el sistema de salud, que en la Justicia para poder dar una respuesta temprana y eficaz”. Y agrega: “Más allá de que tan bien pueda actuar uno de estos eslabones, la intervención entera se cae si cualquier de ellos no hace bien su trabajo”.

Por qué es importante este proyecto. Historias como las de Abigail y Lucio provocaron una gran conmoción a nivel social y pusieron sobre la mesa una realidad dolorosa: son millones las niñas, niños y adolescentes en la Argentina que están expuestos a violencias cotidianas de todo tipo y horrorizarnos no alcanza para ponerles un freno. El involucramiento de toda la ciudadanía, es fundamental, y todos podemos hacer algo desde nuestro lugar.

• Para Wachter, el caso de Lucio expuso cómo todos los actores que podrían haber hecho algo, omitieron “lo que estaba oculto a plena luz y eso le costó la vida a un niño de la forma más cruel”. En ese sentido, su historia debería invitarnos a entender que “eso que a veces nos resulta muy ajeno, empieza con algo cotidiano que está al alcance de todos: dejar de naturalizar la violencia”.

Cuáles son los puntos centrales del proyecto de ley. La normativa busca instaurar tres herramientas fundamentales:

1. Capacitación de todos los actores claves en la detección: “Esto implica que quienes tienen cualquier contacto con la niñez, ya sea en hospitales, escuelas, clubes, organismos de protección y juzgados de familia, tengan perspectivas de derechos de infancia”, reflexiona Reyes.

• “Oír a un niño no es lo mismo que escucharlo: si una asistente social lo ve sin la debida capacitación, si en el colegio se dejan pasar los golpes y por miedo no se denuncia, si pasó varias veces por el hospital y no se despiertan las alertas, lo que se está haciendo es mirar para otro lado y perder la perspectiva de que nuestra intervención puede salvarle la vida”, agrega la diputada.
• Los especialistas consideran fundamental que la formación incluya cuestiones elementales y muy precisas como a dónde debe realizarse la denuncia, cómo se constatan o se registran las lesiones, etcétera. Es decir, que haya herramientas prácticas que permitan elevar la calidad de respuesta.

2. La reserva de identidad en las denuncias: implica la obligación del Estado de intervenir ante una denuncia sin requerir que quien la realiza se exponga. “Esto es muy importante porque hay muchos mitos y desinformación. Hay que denunciar cualquier sospecha de violencia pero también tener en cuenta que en muchos casos, sobre todo en las localidades chicas, la gente tiene miedo de represalias, y de hecho han ocurrido casos de agresiones a médicos y docentes, por ejemplo, lo cual tiene un efecto disuasorio”, asegura Wachter.

• También destaca que hay que recordar que la persona que denuncia no se convierte ni en perito ni juez: no hay que tener una certeza, sino una sospecha (en eso se basan las alertas tempranas), y es el Estado el responsable de realizar la investigación correspondiente.
• Si bien la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligación del personal público de denunciar y notificar, lo que se intenta con este proyecto es dar un paso más, evitando las situaciones en que porque el temor a la exposición o la falta de información no se cumpla.

3. Campañas masivas de concientización: El hacerle frente a las violencias implica generar un cambio profundo a nivel social. “Tenemos que cambiar la cultura del no te metas, generar otro tipo de conciencia social e instalar fuertemente la idea de que casos como el de Lucio no suceden en mundos lejanos a nuestra vida cotidiana: cada uno de nosotros puede incidir en su centímetro cuadrado de intervención, ya sea informándonos para ser agentes de detección temprana o entendiendo que el disciplinamiento físico está prohibido por ley: tenemos que desnaturalizar la violencia en el marco de la crianza, no se educa más a los golpes”, resume Wachter.

• “La tolerancia social al maltrato contra niñas y niños tiene que cambiar. Ese es el aspecto cultural que es se sostiene a largo plazo y donde todos nos deberíamos involucrar. Pero sino hay herramientas para detectar o saber cómo o donde denunciar, es difícil actuar”.

Desde Red por la Infancia se propusieron “monitorear fuertemente la aplicación de la ley”. “No podemos quedarnos solo en la capacitación sobre violencias, necesitamos trabajar en herramientas efectivas. Estamos hablando de chicos que están pagando con su vida y no pueden seguir siendo invisibles para Estado”, concluye Wachter.

Dónde denunciar

• Línea 102: Ante situaciones de maltrato o abuso contras niñas, niños o adolescentes puede llamarse por teléfono a la Línea 102, un servicio de escucha, orientación y acompañamiento especializado en derechos de las infancias y las adolescencias. Es gratuita, confidencial y, desde 2022, funciona en todas las provincias del país, atendida por equipos de profesionales de cada jurisdicción.
• Ministerio Público Tutelar de CABA
• Linea 144

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