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Ley de cupo: ¿a cuántas personas con discapacidad debería emplear el Estado para cumplir con la norma?

Según un reciente informe, solo el 1% de los puestos laborales en la administración pública son ocupados por personas con discapacidad; sin embargo, la ley establece que se debería llegar al menos al 4%; para qué sirven los cupos y por qué no se cumplen

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PARA LA NACIONDaniela Chueke Perles

Graciela Molina es una porteña de 33 años con discapacidad motriz y psicosocial. Para subsistir, oscila entre hacer changas como maquilladora fúnebre y la escueta pensión que recibe por su condición. Aunque apenas le alcanza para pagar las cuentas, su situación no es de las más alarmantes comparada con la de miles de adultos con discapacidad que no tienen acceso al empleo, pero que tampoco pueden cobrar una pensión por discapacidad.

En la Argentina, existe una legislación específica que promueve la inclusión laboral para este colectivo. Según la Ley 22.431, tanto a Graciela como a cualquier otra persona con discapacidad que cuente con las habilidades requeridas para los distintos puestos disponibles, podrían elegirla para trabajar en alguno de los organismos del Estado. Sin embargo, como la mayoría de los potenciales beneficiarios de esta norma, ella desconocía este dato y jamás se le ocurrió postularse a un empleo público.

Llegar a fin de mes, tener independencia económica para poder desenvolverse en el mundo como personas autónomas, todavía es una meta que parece inalcanzable por la cantidad de barreras que apartan a jóvenes, hombres y mujeres como Graciela del mercado laboral.

Pero ahora el camino promete ser más ameno. El 8 de noviembre último se anunció la apertura de un registro específico unificado, que permitirá avanzar en el cumplimiento del cupo laboral del 4% que el Estado Nacional debe garantizar a las personas con discapacidad. Rige desde 1981 pero, hasta el momento, su cumplimiento fue muy deficiente: de acuerdo a los últimos reportes, en la actualidad, la cantidad de puestos de trabajo en el Estado representa poco más del 1%. De hacerse afectivo el cupo previsto por ley, al menos unas 10.200 personas con discapacidad contarían con un empleo estatal.

En relación al registro que abrirá la convocatoria a personas con Certificado Único con Discapacidad (CUD) que busquen empleo en el ámbito estatal, la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Ana Castellani, asegura que estará en pleno funcionamiento dentro de dos meses: “Lo estamos desarrollando con todas las adecuaciones necesarias para garantizar accesibilidad”, sostiene.

En cuanto al sector privado, existen programas y líneas impulsadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social destinadas a personas con discapacidad, pero no hay datos acerca de su inserción en las empresas.

Qué dice la norma

A veinte años de la sanción de la ley, la perspectiva laboral de las personas con discapacidad deja mucho que desear. En el caso de Graciela, el servicio que ofrece como maquilladora fúnebre no es muy popular en la Argentina. “En mi último trabajo había semanas enteras en las que no salía ningún servicio, y había otras semanas en las que hacía tres o cuatro. El ingreso mensual promedio era de 7.000 pesos aproximadamente y me pidieron monotributo”, cuenta Graciela. Explica que para ella esa no era una opción, ya que al momento de inscribirse en el monotributo las personas que tienen asignadas una pensión por discapacidad −que actualmente ronda los 18.000 pesos−, la pierden. “¿Puedo renunciar a la pensión para cobrar esas cifra mensual como maquilladora? No, necesito las dos cosas”, señala con preocupación.

Para saldar la deuda histórica de la sociedad y para fomentar y promover la inclusión laboral de otros grupos vulnerados en el acceso a derechos, que suelen ser excluidos del acceso al trabajo, algunos países, entre los cuales figura la Argentina, promueven el sistema de cupo o cuotas. Este mecanismo de inclusión laboral establece que un mínimo de la dotación de personal en empresas y en instituciones públicas, se reserva para ser ocupado por personas que pertenezcan a alguna de las minorías desfavorecidas en la competencia del mercado de trabajo. En nuestro país existe esta normativa tanto para el caso de personas con discapacidad como para el de personas trans, por medio de una ley que fue sancionada en junio de este año.

¿Cuál es el proceso de selección para las personas que quieran acceder a un cupo en la administración pública? La ley 25.164, que es la normativa Marco del Empleo Público, indica que deberán participar de concursos en que se valore su idoneidad y méritos. No solo la ley obliga al Estado a emplear a personas con discapacidad en una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal, sino también a establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellas.

En ese sentido, Castellani amplía: “Los requerimientos especiales del proceso de selección no deberían ser radicalmente diferentes a los de la población general, teniendo en cuenta qué apoyos requiere la persona para garantizar un buen proceso y equiparación de oportunidades; pero esto conviene que esté muy claro para que la persona no entienda este proceso como excluyente sino todo lo contrario”.

En el centro del debate

Muchas personas se preguntan si los cupos son efectivos o no para garantizar una verdad inclusión laboral. Existen diferentes opiniones sobre el tema ya que, en algunos países, los especialistas aseguran que la mejor manera de lograrlo es a través de la educación y concientización para que los propios empleadores contraten personas con discapacidad. Sin embargo, en otros, se han implementado los cupos para asegurar la igualdad en el acceso al trabajo.

Entre los defensores de este tipo de medidas está Fernando Galarraga, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), quien, de todas maneras, aclara: “En forma aislada el cupo no sirve; debe acompañarse con acciones que promuevan su cumplimiento, siempre entendiendo al cupo como un piso y no como un techo”. Por otro lado, el funcionario agrega que también el sector privado tiene que ser parte de la ecuación.

A pesar de los avances en marcha, resta mucho camino por andar. Según un informe reciente al que tuvo acceso LA NACION, que comprende desde el segundo semestre de 2020 hasta el 10 de agosto de 2021, el 79% de las entidades nacionales alcanzadas por la ley de cupo informaron que tienen 3011 personas con discapacidad contratadas. Esta cifra representa un 0,90 % de quienes trabajan en cualquiera de las modalidades de empleo o contratación. Algunas de las jurisdicciones que, según el informe, ya alcanzan el porcentaje establecido del 4% son la Prefectura Naval Argentina (8,33%), el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (6,19%), y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (4,90%), entre otros.

Hasta el momento no existe penalidad en Argentina por el no cumplimiento de la ley de cupo. Más allá de eso, el acceso de las personas con discapacidad al trabajo es una deuda urgente, porque sin trabajo es muy difícil que puedan acceder al cumplimiento efectivo de derechos fundamentales, entre ellos, a tener una vida autónoma.

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Por Daniela Chueke Perles
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