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La Justicia le ordenó al gobierno porteño tomar medidas para que las escuelas privadas no rechacen a chicos con discapacidad

“No hay vacante”, “Quedó en lista de espera” y “Deberías buscar un lugar más adecuado” son algunas de las excusas que suelen recibir las familias cuando quieren anotar a sus hijos o hijas. El gobierno de la ciudad apeló el fallo, que dispone implementar políticas públicas para evitar que los colegios les cierren las puertas a personas con discapacidad.

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LA NACIONMaría Ayuso
Los reclamos vinculados a la educación inclusiva son algunos de los más frecuentes

En un falló inédito, la Justicia de la ciudad de Buenos Aires le ordenó al gobierno porteño la implementación de políticas públicas para terminar con la discriminación de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad en las escuelas de gestión privada.

En otras palabras, a partir de ahora −la resolución judicial es del jueves pasado y se dio a conocer ayer− los colegios privados no podrían excluir de sus aulas a cientos de chicas y chicos a los que históricamente se les vulneró el derecho a acceder a una educación inclusiva. Aunque el gobierno de CABA apeló hoy la medida, las familias lo consideran un logro histórico.

El rechazo de estudiantes que tienen alguna discapacidad es una problemática que está lejos de ser exclusiva de la Ciudad: a lo largo y ancho del país, son cientos o miles las madres y los padres que deben, literalmente, peregrinar en busca de una vacante para sus hijas e hijos.

“Lo que predomina es una mirada centrada en el déficit, en todo aquello que el estudiante no alcanza o no logra, un modelo ‘normalizador’ en el que el chico debe adaptarse a la escuela y no al revés, como establece la ley”, explica Gabriela Santuccione, coordinadora de Grupo Artículo 24, coalición de más de 170 organizaciones sociales de toda la Argentina que trabajan para que se cumpla el derecho a la educación inclusiva.

Los testimonios recopilados por el fallo judicial de la semana pasada son desgarradores: “Por más que en su momento nos dirigimos a unas 80 escuelas comunes de CABA, no encontramos ninguna que recibiera a Maxi. Probé de todo: llamé, me anoté para listas de espera, mandé correos con informes, agarraba el mapa, empezaba a caminar y buscar escuelas”, cuenta Gabriela, una de las madres. Si bien Maxi pudo acceder finalmente a un colegio con integración, con el paso del tiempo les dijeron “de manera diplomática” que “mejor buscaran otra escuela”.

A Natacha Gedwillo le pasó algo similar, según consta en la sentencia de 69 páginas. Es madre de Iñaki, un niño con una condición del espectro autista, y recorrió más de 30 colegios privados en la Ciudad buscando uno para su hijo. “Decir ‘autismo’ era espantarlos. En la entrevista con los directores, cuando manifestábamos el diagnóstico, nos cerraban la puerta declarando que no tenían vacante porque el ‘cupo’ para ‘niños integrados’ estaba completo. Además, nos hacían saber muy firmemente que al ser un establecimiento privado, se reservaban el derecho de admisión”, recuerda Natacha, que en reiteradas oportunidades presentó la denuncia ante la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP): “No se les movía un pelo, para ellos era una situación aceptable”.

“No hay vacante”. “Quedó en lista de espera”. “Deberías buscar un lugar más adecuado”. “Es un colegio muy exigente, no es el perfil para su hijo”. “No trabajamos con integración”. Esas son solo algunas de las excusas que suelen recibir las familias. Son puertas que se cierran en sus caras, una y otra vez, dejando a sus niñas y niños privados del derecho fundamental a una educación inclusiva.

Pero ese panorama debería cambiar a partir de hoy, al menos en territorio porteño. El fallo del jueves pasado se dio en el marco de un amparo colectivo iniciado en 2019 desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), con el asesoramiento de la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la UBA.

“No demandamos a las escuelas privadas, sino al Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires por no controlarlas, solicitando que adopte las medidas necesarias para evitar los rechazos de inscripción por motivos de discapacidad”, resume la abogada Celeste Fernández, directora adjunta de ACIJ.

Desde el ministerio encabezado por Soledad Acuña informaron a LA NACION que hoy apelaron la medida judicial. Además, consideran que “la sentencia es arbitraria, ya que la Justicia resolvió sin elementos probatorios y omite los informes del GCBA”. Por lo tanto, aseguran que no existe “una conducta que implique arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Es más, se garantiza siempre el derecho a la educación y a la inclusión de todos los estudiantes”.

Fernández considera que la implicancias de lo logrado hasta el momento con el fallo, son enormes: “Es sumamente relevante porque viene a dar respuesta a un problema histórico de las familias de chicas y chicos con discapacidad que nunca fueron escuchadas. Todo eso, frente a un Estado absolutamente ausente”, señala la abogada. Y profundiza: “Estos rechazos ocurrían de forma sistemática, no eran algo aislado, y el gobierno omitía controlarlas y sancionarlas. Las madres y los padres no tenían a dónde ir para reclamar. Los que llegaban a la DGEGP, no lograban respuestas o les decían, directamente: ‘Mejor que su hijo vaya a una escuela especial’”.

Una escuela para todos

Durante el proceso judicial ACIJ expuso cómo se vulnera el derecho a la educación inclusiva reconocido en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional que la Argentina ratificó y que goza de jerarquía constitucional desde 2014 (en este link se puede acceder a la demanda completa). Y, desde que la causa comenzó a avanzar en 2019, se lograron una serie de medidas cautelares en tanto se resolvía la cuestión de fondo: “Se consiguió que el gobierno creara procedimientos para denunciar estas situaciones en las escuelas privadas y que se implementaran acciones de difusión sobre el derecho a la educación inclusiva”, cuenta Fernández.

Sobre esas medidas, desde el Ministerio de Educación porteño informaron que se implementaron “diversos canales para recibir denuncias vinculadas con la negativa de matriculación o rematriculación en institutos educativos de gestión privada, que contemplan el principio de accesibilidad, lo que reduce al mínimo los obstáculos o barreras”. En ese sentido, indicaron que las denuncias pueden hacerse:

El pasado 23 de junio, en la sentencia de la jueza Patricia López Vergara, a cargo del Juzgado N°6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, se declaró la inconstitucionalidad de “la conducta omisiva” del gobierno porteño, considerando que el Estado es el principal obstáculo para el ejercicio del derecho a la educación inclusiva, ya que a través de su inacción “parece querer segmentar, encasillar, aislar, segregar, en definitiva, deshumanizar, los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las personas con discapacidad”.

En un plazo de 30 días, ordenó que se presente una propuesta de política pública que debe contemplar, como mínimo:

  • El establecimiento de un protocolo de inscripción que evite la discriminación por motivos de discapacidad.
  • La creación de un procedimiento para el control de los establecimientos educativos, y de canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de inscripción.
  • La adopción de medidas de difusión para informar a personas con discapacidad y sus familias.
  • La producción de información que permita monitorear las políticas implementadas.

Fernández es optimista respecto a que, independientemente de que el gobierno haya apelado la medida, el fallo se cumpla: “Esperamos que el Poder Judicial cumpla su deber en relación al derecho a la educación inclusiva porque es muy evidente lo que denunciamos”, concluye.

Por María Ayuso
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